16-07-2020 En términos políticos la estrategia es impecable. En distintos golpes de mano, en una suerte de blitzkrieg judicial, en unos pocos días el gobierno federal puso sobre la mesa una nueva versión del caso Ayotzinapa que busca revivir la tesis de que el de los jóvenes secuestrados el 26 de septiembre del 2014 fue un crimen de Estado y por ende los responsables están entre los funcionarios de la anterior administración. Logró que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, se convirtiera en testigo colaborador dispuesto a delatar a funcionarios y legisladores, tanto por el caso Odebrecht, fácilmente judicializable, como en presuntos actos de corrupción para comprar la reforma energética, mucho más difíciles de comprobar.
Al mismos tiempo, logró la detención de César Duarte, que más allá de la persecución que hace Javier Corral, puede tender ligas hacia el PRI en financiamiento electoral. Y como si fuera poco revive el caso de Kamel Nacif, prófugo y aparentemente ubicado en Líbano, en una acusación por abuso de menores que termina involucrando al también ex gobernador Mario Marín. Y a todo eso hay que sumar que el ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna continúa detenido en Nueva York, acusado de proteger a grupos del narcotráfico, en un juicio que no termina de comenzar y teñido por la secrecía.
Las acusaciones puestas sobre la mesa permitirían abordar el juicio del pasado, el de las últimas administraciones o del periodo neoliberal como le prefiere llamar el presidente López Obrador, en un momento en el que el país está hundido en una crisis económica, sanitaria y de seguridad sin igual. Un juicio del pasado que será el arma electoral quizás decisiva para usar de cara al 2021.
Ninguno de los casos será fácil de judicializar. En el caso Ayotzinapa, más allá del video de Tomás Zerón, que poco agrega a la investigación, lo cierto es que lo que presenta la FGR como una suerte de nueva verdad histórica es endeble: está basado en testimonios de un testigo protegido no identificado que responsabiliza a un sicario de Guerreros Unidos convenientemente ya muerto ,que habría utilizado para acabar con los jóvenes a policías municipales y sicarios, pero también a militares y policías federales, una tesis que será por lo menos difícil de probar y que generará, sobre todo al inculpar a militares, conflictos mayores a los que quiere solucionar. Con todo, las líneas principales de la investigación no pueden terminar de ser desdibujadas: fue un crimen del narcotráfico, no del Estado.
El caso Lozoya está claro que será una bomba política y mediática. Si bien entre los objetivos principales de la acusación estarán el ex secretario Luis Videgaray e incluso el ex presidente Peña Nieto, la lista de relacionados con los casos Odebrecht y la reforma energética es enorme e involucra a buena parte del establismenth político de las pasadas administraciones y hasta funcionarios, gobernadores y legisladores de antes y de ahora. En el caso Odebrecht la judicialización será más sencilla porque se tiene el testimonio ante autoridades de Brasil y Estados Unidos, de quien operó la corrupción desde la empresa, el representante de la misma Luis Meneses, pero todo el manejo posterior no será tan sencillo. En este sentido, el caso de Agronitrogenados parece ser central.
El tema de la reforma energética es más político que judicial, es una forma de demostrar, si se comprueban, los mecanismos de corrupción del sistema político a la hora de hacer leyes, pero sobre todo de demonizar la propia reforma. La paradoja es que los objetivos y las políticas de implementación de la reforma fueron correctos. Pero la demonización, además de hipotéticamente hacer justicia, se usa para regresar a un esquema monopólico estatal que ya ha demostrado su fracaso. Pero no nos equivoquemos, en términos políticos el caso Lozoya da para casi todo.
La extradición de César Duarte parece más compleja pero más temprano que tarde llegará a México, como ocurrirá con el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, localizado en Canadá. En el caso Duarte lo interesante es que está acusado de un solo delito federal y de una veintena de delitos locales. El punto está en saber en qué términos estará la solicitud de extradición y por cuáles delitos responderá en México. Pero mientras para el gobernador Javier Corral la persecución de Duarte es un ajuste de cuentas locales importante para su proyección futura, para el gobierno federal puede ser, o no, una forma de llegar a la estructura electoral del PRI.
Todos estos casos sumados al de García Luna e incluso al de Kamel Nacif, pueden dar una vuelta de tuerca al panorama político del país. La pregunta es si alcanzarán también a hacer olvidar la crisis económica y de seguridad así como el mal manejo de la crisis sanitaria. Pero el golpe político, insistimos, es impecable.