17-07-2020 Ante la llegada de Emilio Lozoya y lo que hemos conocido ya de la presunta declaración del ex director de Pemex no sólo sobre el caso Odebrecht, sino también sobre presuntos casos de corrupción durante la campaña y el gobierno de Peña Nieto, hay que recordar lo sucedido en Brasil a partir precisamente de las denuncias sobre corrupción derivadas de las denuncias contra la principal empresa de ese país, la que más había crecido durante la exitosa gestión de Luis Inácio Lula da Silva.
El proceso que comenzó como un caso más de corrupción se terminó convirtiendo en una crisis política inédita, en la cual la justicia se politizó de tal manera que cualquier acusación se convertía en una demanda penal que terminó con buena parte de la clase política de Brasil. Cuando se utilizan la justicia y la seguridad con objetivos políticos y electorales no sólo es un error, es un peligro para la gobernabilidad de cualquier país.
Pasados dos, tres años del inicio de ese proceso, el ex presidente Lula Da Silva no pudo participar en las elecciones cuando era el favorito para ganarlas, fue acusado y condenado a 12 años de cárcel por un irrisorio caso de supuesta corrupción. Pasada la elección fue dejado en prisión domiciliaria. Antes, la presidenta Dilma Roussef fue destituida de su cargo, su sucesor el presidente Michel Temer también fue acusado y procesado; más de la mitad del congreso enfrenta o enfrentó procesos judiciales por casos de corrupción. El nuevo mandatario Jair Bolsonaro, un hombre ajeno a los principales partidos, sólo puede ser calificado como un populista de extrema derecha.
Los jueces dictaron la política en Brasil y fueron identificados, también, como partidarios: los había y hay opositores al PT de Lula y los hay simpatizantes de ese partido, y cada uno de ellos demanda a sus rivales. La clase política está destrozada, y sufre una catarata de juicios que se catalizaron en las misma medida en que muchos legisladores dejaron de tener fuero.
Cuando estaba en plena crisis política Brasil, el ex presidente del gobierno español, Felipe González dijo en una conferencia en Sao Paulo, en Brasil, que “el gobierno de los jueces” estaba avanzando Brasil, en su país y en otros países como México, rompiendo los equilibrios entre los tres poderes de la democracia representativa, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Para Felipe González lo que está ocurriendo “es que la política, como en todas partes, se ha degradado y uno tiene incluso que presentarse como antipolítico. Entonces los jueces pueden convertirse en héroes que representan la emoción y la aspiración de los ciudadanos. Y se convierten en un poder mucho más importante que el que emana de la voluntad popular…Me encantan los jueces, pero prefiero los que se dirigen a los ciudadanos mediante sentencias, providencias, o auto judicial. Son los más serios y respetables”.
Esa búsqueda de un “gobierno de los jueces” no es propiciado solamente por el propio legislativo o por magistrados o ministros o consejeros que buscan un espacio de legitimación y de protagonismo mediático. Es propiciado, además, por la utilización política de la justicia.
Decía Felipe González, sobre el caso Lula, que cuando se reclama que haya casos “ejemplares” se olvida que la justicia “no tiene que mirar al justiciable, sino a la aplicación de la ley. La justicia tiene que ser justa. Y si es justa, es ejemplar para todos por igual. Pero cuando se habla de ejemplaridad, se está pensando que con unos hay que ser más ejemplares que con otros. Y esto no es la aplicación de la justicia”. Aquello de “a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la justicia a secas”, será muy juarista pero le puede hacer un daño enorme a la sociedad.
Es la economía
La política irrumpirá con toda su fuerza en los próximos días, pero nadie debería olvidar que, al final, y como decía la gente de Bill Clinton en la campaña que le permitió ganar contra todos los pronósticos la presidencia en 1993, “es la economía, estúpido”.
Y algunas decisiones económicas son incomprensibles. El covid ha sido la coartada que ha utilizado la Comisión Federal de Electricidad para cancelar las licitaciones de cuatro plantas generadoras de electricidad que significaban una inversión de mil 726 millones de dólares. No se trata sólo de la pérdida de inversiones y de nuevos retrocesos en la participación de la iniciativa privada en la industria energética, sino también de la confirmación de cómo en el futuro volverá a escasear, como sucedía en el pasado, la energía eléctrica.
Los sindicatos están trabajando con Hacienda porque van tras los recursos de las Afores, que suman ya unos 5.5 billones de pesos. Quieren quitarle esos recursos a las Afores y regresar al viejo sistema de pensiones. Sería una catástrofe económica cuyos costos serían, de llevarse a la práctica, mucho mayores que el Fobaproa, quebraría el sistema financiero nacional.