12-08-2020 Como adelantamos el lunes en este espacio, Emilio Lozoya se transformó de acusado en acusador y ayer presentó una denuncia contra diversos exfuncionarios en los tres temas que son el eje de su propio proceso penal: el caso Odebrecht, el supuesto soborno a legisladores para la aprobación de la reforma energética (a lo que sumó ahora la reforma electoral) y el contrato de Etileno XXI.
Decíamos el lunes que Lozoya ya había aceptado su responsabilidad, que había asumido recibió por el caso Odebrecht más de diez millones de dólares. En ese sentido ya es responsable, por eso para mantener su actual condición debería ahora denunciar a quienes, según él, utilizaron y operaron esos recursos. Al tiempo que la autoridad ejercerá la extinción de dominio para recuperar esos diez millones de dólares incautando propiedades de Lozoya.
Para mantener el criterio de oportunidad, Lozoya hizo una larga denuncia en la que inculpó a quienes dice que le dieron órdenes y recibieron los recursos que originalmente él había recibido. Dinero que dice ahora que fue a campañas electorales, entre ellas la presidencial de 2012 y a pagos para impulsar distintas reformas, incluidas en el llamado Pacto por México. Se coloca como un operador que trabajó a órdenes de otros, en este caso del ex presidente Pena Nieto y del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
El ex director de Pemex denunció penalmente a un buen número de personajes de la vida política, incluyendo a Peña Nieto y a Videgaray, a legisladores y otros funcionarios. Como la denuncia involucra también los casos de la reforma energética y el proyecto Etileno XXI, incluye de alguna forma al ex presidente Calderón y a otros funcionarios panistas, incluyendo los gobernadores Francisco Domínguez y Francisco Cabeza de Vaca, que también, si es así, tendrán que terminar declarando, lo mismo que todos los otros involucrados.
No podemos saber el efecto legal que tendrá todo esto. Si, como dijo Gertz, las pruebas con las que cuenta Lozoya son cuatro testigos, todos cercanos colaboradores suyos, algunos recibos y un video, se ve difícil que pueda abarcar tantas denuncias y pasar de los dichos a las pruebas. Pero judicializar el caso no parece ser el tema menor, aunque en modo alguno resulte descartable: el efecto político es el central.
Veremos en las próximas semanas desfilar en los juzgados a buena parte de la clase política del pasado inmediato, incluyendo dos ex presidentes, por lo menos cuatro ex secretarios de Hacienda, algunos de los legisladores más importantes de las últimas legisladores, ex directores de Pemex, secretarios de Energía, algunos gobernadores que se enzarzarán en una disputa donde el debate más que en las pruebas estará puesta en los dichos.
El caso Odebrecht que es el único que tenía sustento hasta hace unas semanas, ahora se confundirá con las reformas constitucionales del sexenio pasado y con la construcción de Etileno XXI, mientras que paradójicamente el caso que comenzó todo este proceso, el de la compra de Agronitrogenados, casi no aparecerá porque aparentemente se llegó ya a un acuerdo de reparación del daño sobre el mismo.
Estamos hablando de un tsunami político de consecuencias impredecibles. Pero el mecanismo encontrado le da ventaja al gobierno federal. Como decíamos el lunes, el que tendrá el peso de la prueba es el propio Lozoya: él tendrá que demostrar, para conservar el criterio de oportunidad del que goza, que sus denuncias están sustentadas por hechos. Para la FGR y el ministerio público es una oportunidad de llevar a declarar a todos los involucrados por Lozoya, más allá de que se pueda demostrar o no su participación, sin pagar, la propia Fiscalía, un costo político inmediato. Y en esa suerte de teoría del caos es donde, reiteramos, puede ocurrir cualquier cosa, donde se destruirán reputaciones, se develarán secretos, se dirán muchas mentiras o verdades, con tal de salvarse denunciando a otro.
Dentro de este escenario no se debe ignorar otro hecho que tiene relación directa con todo esto. Los abogados defensores originales de Lozoya, del despacho que encabeza Javier Coello Trejo, no eran partidarios de esta vía de negociación y denuncia. Cuando Lozoya la aceptó, esos abogados renunciaron a la defensa del ex director de Pemex. En ese contexto, comenzaron denuncias contra Coello Trejo y su hijo, que apenas ayer también obtuvieron un amparo contra cualquier orden de aprehensión que emita contra ellos el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano.
Y para emponzoñar aún más el panorama, ayer nos enteramos del extraño asesinato de Luis Miranda Cardozo, el padre del hoy diputado Luis Miranda Nava, el más cercano, y controvertido, amigo y colaborador de Peña Nieto.