13-08-2020 La lucha política de hoy transita por la revisión del pasado. No tenemos planes claros hacia el futuro en el ámbito sanitario, de seguridad, económico, e incluso, metáfora del momento que vivimos, la secretaría de comunicaciones acaba de desaparecer la subsecretaría que se ocupaba de buena parte del desarrollo futuro: la infraestructura de telecomunicaciones, la expansión y el acceso masivo a las redes de internet, la relación con la Agencia Espacial Mexicana y con la Organización Promotora de Investigaciones en Telecomunicaciones.
La lucha por reescribir el pasado para imponerse en el presente, pasa en buena medida por dirimir los casos de corrupción, incluso cuando en ello se juega también mucho más de lo que se piensa. El debate de esta semana entre el presidente López Obrador y el ex presidente Felipe Calderón sobre México convertido o no en un narcoestado, se centró en los abrazos con la mamá del Chapo o la liberación de Ovidio, en si sabía o no Calderón de las actividades de García Luna (cuyo proceso en Estados Unidos, insistimos, todavía no inicia), pero no en lo que debería ser el eje del tema: considerar a México un narcoestado, en el pasado inmediato o ahora, abre las puertas hasta para una intervención internacional, abierta o solapada. Volvemos a subrayarlo, las palabras son importantes, con las palabras no se juega.
Lo cierto es que la política y la corrupción no deberían ir de la mano, pero lo hacen. La ambición por el dinero tiene vigencia para muchos a la hora de hacer política y ejercer el poder, de ganar una elección, de asegurar un patrimonio o simplemente de canalizar la avaricia, la vanidad, la avidez a través de usar en forma patrimonial los recursos públicos.
Pero así como la corrupción termina siendo parte, en muchas ocasiones, de la política, la lucha contra ella también lo es. Y sirve para muchas cosas, desde hacer justicia hasta para ajustes de cuentas, desde ser un recurrente slogan de campaña hasta para una suerte de limpieza del drenaje profundo de la sociedad.
Y en el camino suceden muchas cosas extrañas. La denuncia de Lozoya es paradigmática al respecto, pero no es menor el caso de los 19 funcionarios de Policía Federal que han recibido órdenes de aprehensión por malos manejos y que incluyen a dos administradores generales de esa corporación, el ex secretario de seguridad en la capital, ya con Claudia Sheinbaum, Jesús Orta, y Frida Martínez. Orta fue un pésimo secretario de seguridad capitalino, pero tenía fama de ser un administrador pulcro desde que fue oficial mayor de Marcelo Ebrard en seguridad pública, durante el gobierno de López Obrador. Desde allí hizo el resto de su carrera. Su enjuiciamiento no deja de ser un golpe, menor pero un golpe, para Marcelo y Claudia, dos aspirantes al 2024. Es obviamente un golpe, no tan menor, sobre todo por el caso de Frida Martínez, contra Miguel Osorio Chong, el ex secretario de Gobernación, casualmente no alineado con la línea del PRIMor de la dirigencia priista actual.
El caso recuerda también otro que el ahora fiscal Gertz Manero inició cuando llegó a la secretaría de seguridad federal con Fox, en el año 2000, también contra funcionarios de PF y Cisen, por la compra de equipos, helicópteros y vehículos. En aquel caso involucraba a una veintena de funcionarios, incluyendo a García Luna, que encontró refugio en la AFI de la PGR, como muchos de los acusados. El caso entonces no prosperó, habrá que ver si puede hacerlo ahora.
Con todo, el capítulo que puede ser el más delicado, es el de los recursos para operaciones especiales no justificados, un tema que también en aquella gestión iniciada en el 2000 en seguridad pública, esgrimió Gertz Manero, denunciando malos manejos en la utilización de los recursos destinados para testigos protegidos. Dice el tango que veinte años no son nada.
Hablando de tangos. Otro caso del pasado traído al presente es el de Carlos Ahumada. México pidió la extradición de Ahumada a Argentina por un adeudo en el pago del ISR de poco más de 5 mil pesos. Por supuesto la solicitud de extradición por un monto tan menor, que además ya había sido solventado, fue desechada por un juez de Argentina. Pero otra protagonista de los llamados videoescándalos de 2004, Rosario Robles, no tuvo tanta suerte: sigue detenida, relacionada con la llamada estafa maestra. pero sólo con una acusación de abuso de autoridad que no amerita prisión preventiva, en condiciones muy diferentes, por ejemplo, a las de Emilio Lozoya.
Y vaya casualidad, el juez que intentó extraditar a Ahumada y tiene en prisión a Robles, es el mismo. Se trata de Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano, el actor principal de los videoescándalos. El mismo juez, cualquiera diría que de consigna, que intenta procesar a Javier Coello Trejo, casualmente el ex abogado de Lozoya que se oponía a que su cliente se acogiera al criterio de oportunidad.