15-09-2020 ¿Cómo se pudo llegar en el conflicto de la presa La Boquilla a una situación tan inmanejable como la que tenemos hoy donde ninguna salida parece ser aceptable por la mayoría?.
En primer lugar por un defecto que suele afectar a muchos funcionarios de la 4T, todavía embriagados por el triunfo electoral de hace ya más de dos años: la soberbia del poder. Durante meses los agricultores de la zona del Río Conchos pidieron una reunión con la directora de Conagua, Blanca Jiménez y fueron sistemáticamente ignorados. Querían saber sobre algo que es clave para sus vidas: si tendrían o no agua para sus sembradíos.
Los que están tomando la presa no son un puñado de alborotadores, aunque algunos puedan infiltrarse entre ellos. Estamos hablando de una zona de riego con 12 módulos, con mil 200 agricultores cada uno de ellos. En la toma participan cuatro alcaldes de la zona, dos del PAN, uno independiente y el cuarto es de Morena. La medida tiene indudable apoyo popular, no es una simple maniobra política. Hay unos 500 agricultores movilizados, que han logrado el apoyo de muchos otros en el estado, entre ellos hay de todo, desde políticos hasta empresarios.
Se dijo que los ocupantes habían quemado los equipos de la CFE para evitar la operación de la presa. Ellos sostienen que fueron “infiltrados” de la Guardia Nacional, a la que acusan de haber matado, el día de la ocupación, a un mujer y dejado gravemente herido a su esposo. No queda claro qué sucedió, ni con la quema de equipos de CFE ni con el ataque al matrimonio, pero en el actual contexto del conflicto será más fácil para los ocupantes hacerle creer a la gente que ambos fueron responsabilidad de la GN, que de los propios manifestantes.
No sé que ocurrirá en las próximas horas pero existía la tentación de recuperar la presa. Para eso ya se alistaban 200 soldados y miembros de la Guardia Nacional. Si es así, estaríamos ante un grave error. Este conflicto, donde la verdad absoluta no está en manos ni de las autoridades ni de los manifestantes, aunque estos parecen tener en buena medida la razón, debe volver a la raíz y solucionarse con un verdadero diálogo político, ese mismo que negaron las autoridades de Conagua a los agricultores.
No hay posibilidades ni condiciones para una recuperación de la presa por la fuerza, debe haber diálogo y deben buscarse soluciones que permitan cumplir con los tratados internacionales pero también garantizar el medio de supervivencia de miles de familias de agricultores. Estos ya cancelaron, desde hace siete años, uno de sus dos ciclos agrícolas por falta de agua en su circuito de riego, no pueden exponerse a cancelar el otro.
Me asombra en todo esto la falta de capacidad de operación política. Supongamos que el gobernador, Javier Corral, no estuvo dispuesto a apoyar a las autoridades federales, es probable. Pero nada impide que este tema, que es de índole federal, fuera asumido por autoridades de Conagua o luego de la secretaría de Gobernación, o por quien decida el presidente López Obrador que debe hacerse cargo del mismo. Lo único que no hay que hacer es dejar el problema en manos de un operativo de las fuerzas de seguridad.
A una administración tan ideológica como la del presidente López Obrador, paradójicamente le falta política, le falta diálogo, le faltan funcionarios que, salvo algunos pocos, se propongan solucionar los problemas sin considerarlos, todos, como una expresión de una conspiración conservadora. Decía el escritor Adolfo Bioy Casares, que el mundo atribuye sus penurias a grandes conspiraciones, entiendo, agregaba, que subestiman la estupidez.
El fraude policial
Hace semanas dijimos aquí que el verdadero problema de los acusados por el fraude en el manejo de los recursos de la Policía Federal, sobre todo Jesús Orta y Frida Martínez, era el de las partidas confidenciales.
La información divulgada confirma que se trata de la partida 33701, que estaba destinada a operaciones de riesgo, urgencia y confidencialidad. Como adelantamos en cada retiro de una gasto destinado a esos fines de la citada partida había que establecer en un sobre cerrado, para su ulterior confirmación, a qué se destinaban esos recursos. Cuando en el curso de la investigación se abrieron esos sobres todos estaban vacíos, no había justificaciones.
Ahora sabemos también que unos mil 765 millones de pesos durante la gestión de Frida Martínez y 755 millones en la de Jesús Orta, se entregaron en cheques a subalternos que a su vez los endosaron para que los cobraran sus respectivos jefes, Martínez y Orta. La enorme mayoría de ellos, en la dos gestiones, para un colaborador de segundo nivel, Leonel Ignacio Orozco. ¿Puede tener alguna razón operativa ese extrañísimo mecanismo?. Puede ser, pero por lo pronto, como decía Jesús Reyes Heroles, lo que parece, es. Y todo esto parece un gigantesco fraude con recursos públicos.