16-09-2020 Ayer confluyeron dos de las propuestas peor instrumentadas de esta administración: la consulta para poder enjuiciar a los ex presidentes y la rifa del avión presidencial.
Comencemos por esta última. Es simplemente un desastre operativo. Primero no se rifa el avión presidencial, sino series de premios de 200 millones de pesos cada uno. El avión sigue, y seguirá en su hangar, con una deuda pendiente de 3 mil 838 millones de pesos al día de ayer. El Estado sigue pagando a través del fideicomiso del mismo, le debe dar mantenimiento y el precio al que pretende venderlo termina siendo, en términos reales, más bajo que el que lo compró, porque un avión de esas características no sirve, por ejemplo, para vuelos comerciales. Su configuración es diferente.
La gente no compró el número de cachitos de lotería que se preveía, por lo tentó se regalaron miles de billetes a instancias del propio gobierno y otro tanto lo compró el propio gobierno, empleados y funcionarios. Así y todo, se colocaron, que no vendieron, un 70 por ciento de los billetes, sólo lo necesario para cubrir el pago de los premios, bastante menos si se restan los billetes regalados a hospitales y otras instancias. Se dijo que la rifa sería para comprar equipo médico para los hospitales, pero resulta que no quedará nada para ese ni para ningún otro fin, salvo que algún hospital gane y se pueda quedar con algunos recursos.
El avión sigue parado y sin vender. No entiendo porqué no se utilizó, por ejemplo, para traer equipo médico desde China, en lugar de pagar vuelos comerciales o para muchas otras actividades que tiene el Estado mexicano y que requieren contratar vuelos o no contar con ellos. Si el Presidente no lo quiere usar está en su derecho pero ¿para qué malbaratarlo?¿para qué enredarse con una rifa que no tiene sentido alguno y que tampoco generó apoyo popular?. Recuerdo que incluso, cuando se anunció la rifa, en pleno inicio de la pandemia, se dijo que sería similar a las donaciones que hizo la gente cuando la expropiación petrolera en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Pues no hubo donaciones, ni entusiasmo popular, se ha perdido tiempo y dinero. Y el avión ahí seguirá.
Lo de la consulta para el juicio a los ex presidentes es más serio, pero corre por un camino similar. Ninguna ley impide que los ex presidentes sean juzgados si cometieron algún delito. Se les podría presentar una denuncia en forma inmediata y ya se vería si se configuran delitos, cualquiera que sea. El llamado fuero que protege a los presidentes, está vigente sólo cuando están en funciones y para delitos muy específicos, como traición a la patria.
En términos legales hacer la consulta no tiene sentido, más aún cuando el presidente López Obrador dice que él preferiría no juzgarlos. Tampoco ha tenido el apoyo popular que se esperaba. En las encuestas la mayoría está de acuerdo en hacerlo, pero a la hora de solicitarlo no se recabaron ni el 50 por ciento de las firmas necesarias, un millón 600 mil. Entonces ha sido el Presidente el que ha enviado al senado la solicitud de consulta. La cámara alta la tendrá que aprobar e irá luego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tendrá que juzgar su legalidad y la constitucionalidad de la pregunta.
Nunca, hasta ahora, la SCJN ha aceptado una de estas consultas porque las preguntas propuestas violaban la Constitución. En este caso y en esa misma lógica, si la pregunta es ¿está ud de acuerdo en que se procese o juzgue a los ex presidentes?, esté formulada como se quiera, tampoco procederá, porque la propia pregunta viola los derechos constitucionales de los ex presidentes: no se puede preguntar si se juzga o no a una persona, para eso están los tribunales. Si por alguna razón trascendiera esa pregunta se estarían violando su debido proceso. No tiene sentido.
La intención, evidentemente política, era que la consulta se realizará al mismo tiempo que las elecciones de medio término de junio próximo. Legalmente no es posible, tendrá que ser, si se superan todos los obstáculos legales, como mínimo en agosto del año próximo, dos meses después de las elecciones federales y locales. ¿Tiene sentido gastar miles de millones de pesos en una segunda elección dos meses después de las constitucionales cuando se podría juzgar a los ex presidentes, si existen causas legales en su contra, perfectamente bien hoy mismo sin necesidad de consulta alguna?.
No tiene sentido. Hemos gastado miles de millones de pesos en cancelar el aeropuerto de Texcoco y más aún en destruir lo ya construido para que, como dirían los clásicos, no quede huella. Miles de millones en la rifa del avión y todo el show en torno al mismo. Más millones en una consulta que no es necesaria. Mientras tanto cayó en el presupuesto 2021, un 92 por ciento el recurso para apoyo a jóvenes, se estima que el ingreso por cápita del 2019 se recuperará hasta 2031 y que tardaremos cinco años en recuperar el PIB del año pasado. Ahí se definirá el futuro: no en la rifa ni en la consulta.