24-09-2020 ¿Realmente es Jaime Cárdenas Gracia una persona “honesta, pero a la que no se le da el servicio público”, como dijo el presidente López Obrador para explicar la renuncia del ex consejero del IFE al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado?. Se podrá o no estar de acuerdo con Jaime Cárdenas pero sostener que “no se le da el servicio público” es ridículo, ha trabajado toda su vida en el servicio público e incluso su esposa es una de las funcionarias de primer nivel del propio gabinete gubernamental.
Cárdenas renunció porque lo que vio en apenas cien días en el Instituto resultó inmanejable. Su renuncia recuerda mucho la de Germán Martínez al IMSS o la de Carlos Urzúa a Hacienda: no renuncian por ineptos, porque no les gusta el servicio público, porque ganaban poco, sino por estar en desacuerdo con la toma de decisiones y por la situación que privaba en sus áreas y porque no querían ser cómplices de ello. En el caso de Cárdenas se suma una larga serie de denuncias de actos de corrupción que deberían ser, todos ellos, punibles.
Lo más preocupante no es que Cárdenas haya encontrado que en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en realidad le estaban robando al pueblo, con sistemas informáticos para torcer las subastas, beneficiando a ciertos compradores, robando o desmantelando joyas, entre la larga lista de anomalías detectas, incluyendo un completo desorden en el manejo de los bienes, enormes, de ese instituto, y de paso develando algunas mentiras como el de aquel cheque de dos mil millones de la Fiscalía, o los depósitos que hizo el Instituto para pagar los premios de la rifa del avión.
Lo grave es que ante ellas no se inicie acción penal alguna: estamos ante una renuncia de un funcionario indudablemente cercano al Presidente que denuncia actos de corrupción, delitos, en una institución pública. Junto con la renuncia se tendría que haber iniciado inmediatamente la averiguación previa contra los presuntos responsables. Pero lo único que tuvimos fue el nombre del reemplazante y ese “no se le da el servicio público”.
En realidad las denuncias de Cárdenas tienen, por ejemplo, mucha más sustancia y validez legal que cualquier de las de Lozoya. Cárdenas como ex director del Instituto tiene pruebas de lo denunciado, lo de Lozoya son simples dichos sin, hasta ahora, sustento legal alguno. Pero lo de Lozoya se exhibió en la mañanera, se sigue insistiendo en que se citará a declarar a todos los señalados, aunque no haya pruebas que sustenten la denuncia e incluso a algunos se los presenta ya como culpables, cuando no existe siquiera una averiguación previa abierta. Pero cuando el director de una institución pública denuncia con pruebas los actos de corrupción que ocurren dentro de esa misma institución y renuncia, no pasa nada.
No es la primera vez que ocurre: sucedió con las denuncias realizadas contra el director de la CFE, Manuel Bartlett o contra la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval o contra la secretaría de Energía, Rocío Nahle. Todas fueron archivadas aunque tenían por lo menos sustancia para ser investigadas seriamente. Y no son los únicos casos, hay muchos más, incluyendo el accionar de algunos superdelegados que se han cansado de hacer negocios en su beneficio. Pareciera que la vara de medir la corrupción es completamente diferente cuando se trata de los opositores y de los propios funcionarios. Si la corrupción se barre, como dice el Presidente, como las escaleras, de arriba hacia abajo, en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado están escondiendo la basura debajo de la alfombra.
Gobernadores
La ruptura de once gobernadores con la Conago con el consiguiente distanciamiento del gobierno federal, parece haber alcanzado un nuevo nivel con el conflicto que se ha generado en Chihuahua. Según la información divulgada por el gobernador Javier Corral, y avalada por los gobernadores de Acción Nacional, los integrantes de las áreas de seguridad federal ya no se reunirán con los locales, lo harán en las instalaciones de la zona militar y de esa manera, dice Corral “se me comunica oficialmente, después de haber dejado de asistir por dos semanas consecutivas los representantes de las fuerzas federales, que abandonan la coordinación en materia de seguridad con el gobierno estatal”.
Desde hace años tengo muy amplios desacuerdos con Corral en muchos temas, un político que no tiene un trato fácil, pero tiene razón al decir que el pacto federal se sostiene por la colaboración recíproca en los diversos ámbitos, sobre todo en la seguridad pública.
Entiendo que puede haber diferencias muy profundas con del gobierno federal con el de Corral, que se han acrecentado con la toma de la presa de la Boquilla. Pero no se puede abandonar la coordinación en seguridad en un estado, sobre todo en uno asolado por el crimen organizado. No se puede castigar a la sociedad por el desacuerdo entre autoridades.