1-12-2020 La administración López Obrador cumple dos años azotada por la pandemia, con la crisis económica más grave de la época contemporánea y con una inseguridad creciente en muchos puntos del país. Pero llega también a los dos años con cifras muy aceptables de reconocimiento y popularidad presidencial, en todas las encuestas bastante por encima del 50 por ciento.
La gente no está satisfecha con la situación económica pero no termina de responsabilizar de ella al gobierno de López Obrador; tampoco con el manejo de la pandemia, pero se lo sigue interpretando como un fenómeno que está fuera de sus manos controlar. La inseguridad sigue castigando a la ciudadanía pero pareciera que en muchos puntos del país, salvo cuando se es afectado directamente, el fenómeno es tomado ya casi como endémico.
En realidad, la crisis económica por supuesto que ha sido detonada por la pandemia pero ya desde el año pasado el crecimiento había sido cero. La inseguridad deviene de una mala estrategia, y durante su implementación se cometieron graves errores; el manejo de la pandemia ha sido malo y los riesgos crecientes, como lo reconoció el día de ayer la propia Organización Mundial de la Salud. A nueve meses del inicio del confinamiento tenemos las peores cifras de ocupación y de decesos desde que comenzaron los contagios.
Pero la gente, por lo menos un porcentaje alto de ella, sigue creyendo en el Presidente, no en el gobierno ni en sus resultados, pero sí en el Presidente. Esa es la variable que se vuelve tan difícil de medir: María de las Heras solía decir que cuando se mide la popularidad presidencial, había que recordar que ésta es como una banda elástica, se puede estirar en forma notable, pero cuando se rompe escapa súbitamente hacia el otro extremo. Ese es el mayor desafío del presidente López Obrador: saber por cuánto tiempo podrá “estirar” su popularidad si sus políticas no comienzan a exhibir resultados.
En términos económicos los resultados son muy malos: la economía decrecerá este año un 9 por ciento y no habrá una verdadera recuperación económica por lo menos hasta 2023. No hay apoyo para la creación y la conservación de empleos, no hay apoyo para la iniciativa privada, la política energética cancela la más prometedora fuente de inversiones e ingresos. Para la recuperación estamos apostando a las exportaciones vía el TMEC, pero ellas no llegan a beneficiar al grueso de la población.
El mejor ejemplo de cómo se concibe la economía la vemos en el paquete de inversiones dado a conocer apenas ayer. Hace un año se hablaba de lograr que la iniciativa privada realizara inversiones equivalentes al 5 por ciento del PIB para lograr una recuperación sustancial. Ahora se presenta un paquete pequeño, que estará lejos de generar los 400 mil puestos de trabajo que se prometieron ayer y que sigue girando en torno a las inversiones públicas, del gobierno. La idea tendría que ser que inviertan las empresas en sus propios proyectos, que haya estímulos suficientes como para hacerlo con altos grados de autonomía. Pero sin hacer participar en ese proceso a la energía simplemente será imposible hacerlo. E insistimos en ello: la actual política energética chocará de frente con la de Biden y Trudeau, con Estados Unidos y Canadá, y si se implementan sanciones vía el TMEC, estaremos en serios problemas.
Y como decíamos, en salud publica, la política de compra de medicamentos en el extranjero es un desastre tan grande como la creación del INSABI. En seguridad, la Guardia Nacional no puede ser el instrumento para garantizar la vida cotidiana de la gente, para acabar con los feminicidios, los secuestros, las extoersiones, los asesinatos como el del restaurantero Baptiste Jacques Daniel. Hay que dar una profunda vuelta de tuerca para tener otros resultados.
Hay dos factores, sin embargo, que no han sido aquilatados en toda su dimensión y que explican la capacidad de resistencia de la actual administración: uno es el factor militar. El respaldo que le han dado los militares al gobierno no pasa por la militarización, pasa por la utilización del principal instrumento institucional que tiene el gobierno para sacar adelante políticas que de otra forma serían intransitables, precisamente por la mala calidad de la administración. Es un riesgo sí, porque se ponen las capacidades al límite, pero es también, en muchas ocasiones, el único instrumento operativo que queda.
El segundo punto va mucho más allá. Con malos resultados en economía, en salud, en seguridad, lo cierto es que el Presidente ha logrado lo que quería: ha modificado el régimen político. Todas sus grandes reforma legales, judiciales, constitucionales las ha logrado sacar con o sin la oposición. Se puede o no estar de acuerdo con ellas, pero ha utilizado el poder y la mayoría legislativa para hacerlo y en eso tiene toda la razón López Obrador: regresar a los mecanismos, a los equilibrios de poder que se construyeron en las tres décadas pasadas, será, por lo menos, difícil y costoso. Y él los transformó en apenas dos años.