16-12-2020 Comencemos con una vieja historia de lavado de dinero que involucra a México y marcó la historia del siglo XX.
El cinco de junio del 2009 murió en Miami a los 92 años Bernard L. Barker. ¿Quién era Barker?. Un hombre que en 1972, recibió cuatro cheques por 89 mil dólares, una fortuna en esos años, de un banco mexicano como pago parcial para llevar a cabo una operación de espionaje en las oficinas del Comité Nacional Demócrata, localizadas en el edificio Watergate, en Washington, hecho que, año y medio después, conduciría a la renuncia de Richard Nixon a la presidencia los Estados Unidos.
Los cheques habían sido expedidos por el Banco Internacional de México (luego Bital y hoy HSBC), fueron emitidos por el abogado empresarial mexicano, Manuel Ogarrio Daguerre, quien, a su vez, los recibió de la Compañía de Azufre de Veracruz, subsidiaria de Gulf Resources and Chemical Group, propiedad de Robert H. Allen, encargado en Texas de las finanzas del comité para reelegir a Nixon.
Allen recibía recursos provenientes de contribuciones que se hacían en Texas para la reelección de Nixon, y depositaba esos recursos en la cuenta de la Compañía de Azufre de Veracruz que, a su vez, los depositaba en una cuenta bancaria de Ogarrio quien enviaba el dinero a Houston, de donde era reenviado a Washington y, posteriormente, transferidos a una cuenta bancaria de Barker en Miami, en un complejo engranaje financiero que sirvió para financiar el caso Watergate, pero también al partido republicano y la reelección de Nixon.
Todo esto lo contábamos en una conferencia sobre lavado de dinero en agosto de 2014. Era un buen ejemplo para demostrar, primero, la antigüedad de los mecanismos de lavado de dinero existentes entre México y Estados Unidos; segundo, lo sofisticados que pueden ser esos mecanismos, y tercero que involucran a todo tipo de personajes, desde los más altos a los más bajos.
Se ha hablado mucho sobre lavado de dinero del narco en torno a la llamada ley Banxico, pero lo cierto es que, para empezar, nadie sabe con certidumbre de cuánto dinero hablamos al referirnos a los ingresos del narcotráfico, uno de sus principales capítulos, pero no el único, de las operaciones de lavado de dinero en México.
Una de las últimas investigaciones oficiales públicas se hizo hace una década, cuando John Morton, secretario adjunto para investigación de Migración y Aduanas de los Estados Unidos, y el entonces embajador Carlos Pascual, dieron a conocer el Estudio Binacional de Bienes Ilícitos. Según el documento, el narcotráfico en Estados Unidos generaba para los cárteles mexicanos entre 19 mil y 29 mil millones de dólares, y buena parte de ese dinero se lavaba, regresaba, a territorio mexicano. “Cierta información obtenida indica que no más de la mitad del dinero llega a las entidades financieras por conducto de las organizaciones criminales; otra información indica que es un cuarto del numerario”, decía el estudio.
Una diferencia de diez mil millones de dólares en los ingresos es demasiado, como lo es decir que de esa cantidad terminan en el mercado financiero “la mitad o una cuarta parte”. También se dijo que el reingreso de ese dinero a México se daba a través de envíos hormiga, con personas que trasladaban entre cinco y diez mil dólares. En parte es así, pero si estamos hablando de cifras superiores a los diez mil o veinte mil millones de dólares al año, tendríamos un movimiento constante de millones de personas realizando esa tarea.
El lavado de dinero no tiene origen sólo en el narcotráfico. En un país donde los contribuyentes al fisco son una minoría de la población, y donde más de la economía es subterránea, donde millones de personas viven del comercio informal, ¿alguien puede pensar que se puede atacar eficientemente el lavado de dinero sin contemplar todos estos fenómenos?. Más del 70 por ciento de las operaciones que se realizan en el país son en efectivo.
Está en operación, desde el 2013, una ley de lavado de dinero muy restrictiva, a veces incluso poco racional, más restrictiva que la de cualquiera de nuestros principales socios comerciales, pero mientras existan tantos espacios ocupados por el comercio informal, por la economía subterránea, ocurrirá con las leyes restrictivas sobre el lavado de dinero algo similar a lo que ocurre con los impuestos: el costo de la restricción lo pagan quienes están en la legalidad.
Lo cierto es que ahora existe un fuerte control sobre la mayoría de las operaciones financieras y mercantiles formales en el país, pero al mismo tiempo se ha profundizado ese abismo que es nuestra economía subterránea. Y si a eso sumamos los miles de millones de dólares de remesas tenemos un escenario donde el dinero en efectivo, en pesos y en dólares, se mueve con enorme facilidad y sin control de las autoridades.
El actual debate sobre la ley Banxico debería ubicarse en esa realidad y en un punto que sí es clave: asumir un mayor control sobre los recursos con pleno respeto a la autonomía del banco central. Pero si queremos ser serios, debemos avanzar en incorporar a la legalidad, a la bancarización y al esfuerzo fiscal a esos millones que hoy trabajan, viven, consumen fuera del sistema.