18-01-2021 El haber difundido la investigación que envió la DEA sobre el general Salvador Cienfuegos puede haber vulnerado alguna norma y puede que dificulte a corto plazo la relación bilateral en términos de seguridad con Estados Unidos, pero el poder conocer de primera mano qué es lo que investigó esa agencia, lo endeble de las acusaciones, las conexiones inverisímiles que hizo para detener al General, sirve para dos cosas: primero para confirmar la decisión de la FGR de que no había la más mínima relación de Cienfuegos con grupos criminales; y segundo, para comprobar que la chapucería no es un atributo atribuible sólo a algunas de nuestras agencias de investigación.
La investigación realizada por una agencia tan poderosa como la DEA, con tantos recursos dentro y fuera de los Estados Unidos, alcanza niveles de ridículo y ratifica lo que dijimos sobre este caso desde de que fuera detenido Cienfuegos: no estábamos hablando de una acusación a un militar, sino al ejército y las fuerzas armadas y por extensión al Estado mexicano, una acusación que trasciende un sexenio y que no tenía sustento.
Quienes con toda razón critican, me incluyo, al gobierno de López Obrador, a veces olvidamos que la razón de Estado existe y que hay golpes que van dirigidos no contra un gobierno sino contra un Estado y sus instituciones. En esta ocasión estoy muy de acuerdo con la forma en que ha actuado el Presidente (cuya primera reacción sobre el tema fue un error muy grave que corrigió posteriormente) y con la decisión que tomó la Fiscalía General de la República. Incluso con la difusión del documento.
Se dice que le tomó muy poco a la FGR realizar la investigación sobre los documentos que envió el departamento de Justicia de EU. En realidad debería haberle tomado menos. Quien se ocupe en revisar las 750 páginas enviadas, verá que la acusación no tiene sentido, que se trata de comunicaciones entre dos narcotraficantes de segunda categoría, el H2 y el H9, de un cártel local, y cuando escribe un personaje llamado el Padrino o el Zepeda es evidente que no se trata de un secretario de la Defensa: no hay dos palabras sin una grave falta de ortografía, la sintaxis a veces es incomprensible (en la traducción adjunta en inglés, que fue la que se les entregó a los jueces de ese país todo está perfectamente bien escrito, perdiéndose entonces buena parte del sentido de esas comunicaciones), se habla de cosas insólitas como que el presunto Zepeda les entregue barcos a los traficantes o se encuentre con ellos en una brecha de Nayarit, de cantidades entregadas en persona. Ni siquiera la descripción física de Cienfuegos se apega a la realidad (es “chaparro y blanco” le dice el H9 al H2).
Es evidente de que uno de los traficantes, el H9 está embaucando al H2 para que le dé dinero que supuestamente se destinará a Zepeda o a otros políticos y funcionarios. Cualquier analista compenetrado de temas del narcotráfico hubiera desechado el involucramiento de Cienfuegos con sólo una revisión superficial del material.
Todo esto sólo se puede comprender en un contexto: el absoluto descontrol que existió en la administración estadounidense, y sobre todo en las áreas de seguridad, durante el gobierno de Trump. Cualquiera que quiera comprobarlo puede leer el libro Furia, de Bob Woodward.
Un descontrol que se puso de manifiesto en muchos temas de agenda interna de ese país y en este caso en la operación de funcionarios del departamento de Justicia, la DEA y la fiscalía de Nueva York que estuvieron jugando a la política con México. Esto es parte, también, de la lucha entre agencias que siempre se da al finalizar una administración en Estados Unidos. Hace poco más de dos años, Cienfuegos estuvo en Washington, fue recibido con honores, fue homenajeado y condecorado por el propio ejército estadounidense. Según la DEA en esas fechas llevaba cinco años investigando al General. No tiene sentido.
El departamento de justicia y los mandos de organismos como la DEA cambiarán de manos a partir del 20 de enero. Cuando llegue Biden la Casa Blanca, la relación con México será diferente y mucho más dura para la administración López Obrador en muchos temas, desde la seguridad hasta el medio ambiente, pasando por la política energética. Los desencuentros serán difíciles de sobrellevar, pero una cosa es cierta: serán con una administración, la de Biden, que se manejará con un control interno y una institucionalidad estricta, profesional y experimentada.
La administración López Obrador quiere, con razón, replantear la relación en términos de seguridad con Estados Unidos, por eso la creación del grupo de alto nivel y el operacional anunciados en el Diario Oficial. La intención es buena y habrá que ver si se puede implementar, pero no se podía hacer sobre bases deterioradas como las que generaba la inverosímil detención del general Cienfuegos, con todas las implicaciones que tenía para las fuerzas armadas mexicanas.
Pero para que esto funcione tenemos que cumplir, como país, con nuestra tarea y para ello se requiere una profunda modificación de la estrategia de seguridad. Sin eso, podrá haber baraja nueva en la relación bilateral pero no tendremos nada con qué apostar en esa mesa.