5-02-2021
Mal día escogió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para desestimar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que ella fue ministra durante muchos años, respecto a la llamada ley Nahle, los lineamientos que trató de imponer la secretaría de Energía al sector energético.
En vísperas del aniversario de la promulgación de la Constitución, la segunda sala de la Corte decidió que aquel decreto violaba la carta Magna, las leyes de competencia y le daba a la CFE un papel que constitucionalmente no tiene. Para la secretaria de Gobernación no es que se quiera que la CFE sea monopólica, sino que simplemente se quiere respetar la rectoría del estado. Pero resulta que los términos en que se quiere aplicar esa rectoría no pueden estar por encima de la Constitución, y si alguien debería saberlo es Olga Sánchez Cordero.
La decisión de la Corte no pueden ser más clara: “el instrumento publicado, el decreto Nahle, afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector… Ello porque la política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica”.
Desde hace meses se sabía que la Corte, que había suspendido la aplicación de esa norma desde el año pasado, votaría su inconstitucuonalidad. Incompresiblemente, al iniciar el periodo ordinario, el gobierno federal envió una iniciativa preferente para “fortalecer” a la CFE que vuelve a reiterar (profundizándolos) los términos del decreeto rechazado por inconstitucional. Puede ser que esa ley se apruebe por mayoría simple en el Congreso, pero correrá la misma suerte: será declarada inconstitucional, porque viola además, y como lo han destacado empresas y cámaras internacionales, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, un tratado que también tiene fuerza constitucional.
Si el gobierno federal cree que la Constitución y el TMEC están mal y deben ser reformados que lo intente, que busque los votos en el Congreso y que reabra las negociaciones con nuestros principales socios comerciales, a ver cómo le va, sobre todo ahora que la alianza de Biden y Trudeau parece más sólida que nunca, pero no puede a través de una ley cuyos términos ya han sido desechados por la propia Suprema Corte de Justicia de Nación, ponerse por encima de la Constitución y los tratados internacionales.
Cuando el presidente López Obrador estuvo en Washington, todavía con Donald trump en la Casa Blanca la única exigencia que se le presentó, desde el gobierno y desde las empresas, es que respetara los contratos firmados y las inversiones realizadas en el ámbito energético. Con el decreto Nahle y con la nueva iniciativa de ley, esos contratos no están siendo respetados.
Con un agravante: están tan íntimamente relacionados nuestros sistemas de suministro energético que sin el gas que proviene de Estados Unidos sólo habría en México abasto para un par de días. Algo similar sucede con las gasolinas. Se dirá que eso es una demostración de dependencia y que precisamente por eso se exige la autonomía energética del Estado. Pero resulta que hace décadas que eso no funciona así a nivel global. Alemania depende, y mucho, del gas que le llega desde Rusia, vía gasoductos que cruzan por zonas de conflicto, como Ucrania, y no creo que alguien pueda decir por eso Alemania es débil o que no es política y económicamente soberana. El fenómeno se llama globalización y en el terreno energético forma parte de nuestra Constitución y de los tratados internacionales suscritos (no sólo el TMEC, también, entre otros tiene relación y existen obligaciones con el Acuerdo de París).
Pero la política energética sigue buscando un regreso al pasado que, además, es un barril sin fondo precisamente para tratar de colocar nuevamente a la CFE y a Pemex como empresas monopólicas. Ayer la CFE expidió un bono de dos mil millones de dólares (o sea se endeudó en otros dos mil millones de dóalres) para financiarse. Pemex está sustentando como puede la construcción de Dos Bocas y está en conflicto con Hacienda y Energía porque los pocos recursos que hay, se debe decidir si se usan para pagar adeudos en Dos Bocas, o para los acreedores de la empresa, a los que se le deben sumas millonarias y que podrían paralizar la producción de Pemex.
El modelo que se quiere seguir ya fracasó en el pasado y fracasará en el presente. El problema es que así no hay inversiones privadas que puedan sustentar la economía y cada vez más se cancelan otras oportunidades de inversión, en este y en otros sectores. Ayer mismo la SCT canceló las licitaciones para las autopistas del sureste que significaban inversiones privadas por 14 mil millones de pesos.