30-06-2021 El discurso del golpe de Estado está incomprensiblemente ligado a muchos niveles de esta administración federal. Desde el propio presidente de la república, insistiendo una y otra vez en un paralelismo histórico con Madero difícil de establecer, hasta las barbaridades (otra más) de personajes como el subsecretario Hugo López Gatell que atribuye las legítimas quejas de los padres de niños con cáncer que llevan sufriendo más de dos años de desabastecimiento de las medicinas necesarias para su tratamiento, con movimientos golpistas.
López Gatell, intoxicado como alguno de sus anfitriones de terribles historias de los 70 que han convertido en anécdotas, y de argumentos radiales que no han sabido digerir, no tiene la menor idea de lo que es un golpe de Estado, quién lo ejecuta y lo que implica. Primero, para que haya un golpe de Estado, tiene que haber un derrocamiento del gobierno legítimo impulsado por un levantamiento militar, eso es válido desde el de Huerta que derrocó a Madero, hasta los de Pinochet o Videla en los años 70, en Chile y Argentina, respectivamente. En todos esos casos, y en muchos más, es clave que las fuerzas armadas desconozcan el poder constitucional e impongan un gobierno por la fuerza, que puede estar encabezado por militares o civiles.
No es la primera vez que en México se habla de supuestos golpes militares. En la época moderna, desde que existen gobiernos eminentemente civiles en el país, invocaron esa posibilidad durante los gobiernos de Luis Echeverría y López Portillo. Se volvió a hablar del tema en momentos críticos del gobierno de Miguel de la Madrid y en el 94, luego del levantamiento zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y también en plena crisis del 95 con Ernesto Zedillo. Algunos dijeron en 1997, cuando por primera vez el PRI perdió el control de la cámara de diputados, que eso sería impedido de cualquier forma; otros pensaron lo mismo cuando asumió Vicente Fox, y se volvió a especular con lo mismo en la crisis electoral del 2006.
Pero nunca hubo una posibilidad o una hipótesis seria de un golpe de Estado, en ninguna de esas ocasiones las fuerzas armadas mexicanas operaron para desconocer el gobierno en turno, estuvieran sus integrantes más cercanos o lejanos de sus políticas y mandos civiles. El ejército mexicano poco y nada tiene que ver con sus similares latinoamericanos, estemos hablando de los criminales incondicionales de Maduro o Ortega, o de los fascistas de Pinochet y Videla.
El ejército, la marina, la fuerza aérea mexicanas son profesionales y cumplen con su deber: se puede o no estar de acuerdo con ellos en muchas circunstancias, pero no ha existido nunca en la época contemporánea, la tentación de hacerse con el poder. Por supuesto que tampoco lo percibo ahora y no conozco a nadie que conozca a su vez a las fuerzas armadas, que lo esté planteando.
Las fuerzas armadas son garantes de la constitución y la legalidad y mientras exista un gobierno, éste o cualquier otro, que se enmarque en esa disciplina, lo respetarán y le darán su lealtad. Después, como ocurre ahora, se le pueden atribuir mayores o menores responsabilidades (incluso hasta el exceso, como ocurre en algunos temas en la actualidad) pero se trata de políticas públicas, acertadas o no.
Tampoco tenemos en México una militarización de la vida pública como se ha dicho. No tenemos en puestos de mandos inherentemente civiles a militares, con excepción de tareas de seguridad (un capítulo discutible pero que no puede definirse como una militarización generalziada). Y eso no veo, en ningún escenario, que vaya a variar.
No deja de ser una paradoja que mientras el presidente López Obrador, a veces en forma acertada, en otras no, le otorga mayores responsabilidades a los militares, su ala radical (y a veces él mismo o parte de su entorno) insista en la posibilidad de que pueda ser derrocado por un golpe militar.
Pero seamos claros: eso no tiene nada que ver con el descontento popular, mayoritario o no. Como en su tiempo lo hizo desde la oposición López Obrador, todo mundo está en su legítimo derecho de protestar contra sus políticas, sus funcionarios, sus estrategias. No estar de acuerdo con el Presidente no implica propiciar un golpe de Estado, implica ejercer un legítimo derecho. Quienes quieren evitarlo, quienes esperan que exista un pensamiento homogéneo en torno al gran líder, son los verdaderos autoritarios, los que desean en su sino interno que no haya ni protesta ni discrepancia alguna. Las fuerzas armadas no estarán con ellos.
Aureoles y AMLO
El tema es mucho más amplio y ya lo trataremos al detalle, pero me parece ridículo que el todavía gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, vaya a pararse en la puerta de Palacio Nacional para, en un acto propagandístico, llevarle presuntas pruebas de la participación del narcotráfico en los comicios de junio al Presidente. Tan ridículo como el insistente rechazo presidencial en aceptar una participación criminal que en algunos ámbitos fue evidente. Si Silvano tiene denuncias tiene que presentarlas ante la FGR o la opinión pública. Tampoco se puede insistir en que el país está en calma y que los narcotraficantes se portan bien, en un país azotado por la violencia.