15.12.2021
Eran tiempos neoliberales y conservadores, se dirá ahora, pero en el lejano 1990 tenían soluciones para los conflictos estudiantiles que los funcionarios actuales simplemente no aceptan.
Luego del largo conflicto estudiantil de 1986 (un evento clave, junto con el terremoto de 1985, para la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988), la salida fue el diálogo, la concertación, la búsqueda de acuerdos para sacar adelante la Universidad Nacional. El diagnóstico que había presentado en 1986 el rector Jorge Carpizo no estaba errado: ni el cobro de cuotas para quien pudiera pagarlas, ni los exámenes de evaluación para ingresar a determinadas carreras eran errores. Todas las grandes universidades del mundo los tenían y los tienen. No implicaba privatizar la educación ni elitizarla, era simplemente asumir que para ello se tenían que cumplir con ciertos requisitos académicos y que era injusto con los que tienen más posibilidades económicas no paguen un peso por la educación superior en demérito de los que menos tienen. Más allá de eso aquel diagnóstico realizadopor Carpizo identificaba con puntualidad muchas de las grandes carencias de la Universidad Nacional.
Una parte muy representativa de la comunidad estudiantil y académica se levantó, en todo su derecho,contra aquella propuesta de reforma. De allí surgió el movimiento estudiantil más representativo desde 1968, el Consejo Estudiantil Universitario, CEU, que involucró en su seno a numerosos jóvenes que con el paso de los años se han convertido en académicos, políticos, funcionarios de muy alto nivel.
Pero el CEU, con todo su peso, no representaba a todo el sentir universitario. Iniciando la gestión del rector José Sarukhán y con la invaluable operación del secretariogeneral, José Narro Robles, se convocó a un Congreso Universitario que requirió de innumerables reuniones previas, discusiones, acuerdos. La agenda establecidarecorría prácticamente todos los recovecos de la vida universitaria. Los congresistas fueron elegidos, la mayoríade ellos, por voto directo. Después de más dos años de negociaciones, el 29 de noviembre de 1989, dos años después de iniciados sus trabajos, la comisión en la que participaban autoridades, académicos, trabajadores y estudiantes, acordaron, por unanimidad, que el Congreso se integraría por 848 delegados, de los cuales: 318 representarían a los académicos (37.5 por ciento), 318 a los estudiantes (37.5 por ciento), 106 a investigadores (12.5 por ciento) y 53 a trabajadores administrativos (6.25 por ciento), además de los 47 directores, el coordinador de los CCH y cinco representantes del Rector, es decir, 53 miembros de las autoridades (6.25 por ciento). El Congreso Universitario se realizó del 14 de mayo al 6 de junio de 1990, y fue uno de los mejores y más amplios ejercicios políticos de las últimas décadas.
Es verdad. Eran tiempos neoliberales. El prsidente era Carlos Salinas de Gortari, el rector José Sarukhán, el secretario general, José Narro, el director de la facultad de Medicina, si mal no recuerdo, eran Juan Ramón de la Fuente. Los tres principales dirigentes estudiantiles eran Imanol Ordorika, Antonio Santos y Carlos Imaz, entonces pareja de Claudia Sheimbaun, a su vez también dirigente, mucho más joven, como Martí Batres, de ese movimiento.Muchos en los partidos, la función pública, la academia, la diplomacia, el periodismo pueden recordarlo porque participaron en él.
El Congreso fue un semillero de acuerdos que sirvieron a todos, comenzando por la propia Universidad. El gobierno federal no se involucró, permitió que se llevara adelante sin imponer temas, ni delegados, ni conclusiones. A las deliberaciones se les dio amplia difusión, los mismo que a los acuerdos, que se cumplieron escrupulosamente. Eso le dio a la UNAM años de tranquilidad y desarrollo que sólo intentaron ser frenados, infructuosamente, por el paro, sin representatividad, en el movimietno estudiantil, sindical y académico de 1999. Ni uno solo de los dirigentes del CEU de aquellos años fue desplazado, expulsado, postergado en su carrera profesional y política. Ni una beca cancelada. Al contrario, la enorme mayoría pudieron continuar sus carreras en México y en el extranjero. Muchos de ellos son hoyfiguras notables de la vida nacional.
Todo esto viene a cuento porque ahora, en plena 4T, el Conacyt no se digna negociar con los estudiantes y académicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), impone a su director violando las normas internas, castiga a quienes se oponen a esa designación ilegal, amaga con acabar con carreras y becas. No acepta la discusión ni el debate, ni una mísera mesa de diálogo. Claro, la doctora Alvarez Buylla, el impuesto director José Romero Tallaeche y sus funcionarios, creen en el pensamiento único y en la imposición como dogma de política académica y de Estado. Aquellos del notable congreso universitario de 1990 eran tiempos neoliberales y conservadores. Estos son de pseudo revolucionarios que basan su intolerancia y dogmatismo es su propia ignorancia. Ni modo. ¿Claudia y Martí, entre muchos otros, no tienen nada que decir?.