25.02.2022 No me cabe duda que pocos funcionarios han sido tan eficientes en la actual administración como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no sólo en su función y responsabilidad específica, sino también en muchos otros ámbitos, desde la obtención de vacunas para el covid hasta temas energéticos, medioambientales o de derechos humanos.
Sin embargo, debe ser desgastante observar cómo lo que se construye en meses se derrumba a veces con una sola declaración imprudente o ideologizada.
Debe ser difícil explicar en Estados Unidos las amenazas gubernamentales por un subsidio ínfimo (29 millones de pesos en tres años contra más de mil 500 que reciben de USAID instituciones gubernamentales) a una organización de la sociedad civil que, lejos de ser golpista, lo que hace es divulgar información que puede gustar o no, pero que suele tener un porcentaje alto de veracidad. Una organización, por cierto, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que encabeza María Amparo Casar, que realizó esas mismas labores, muchas veces para beneficio político de la entonces oposición lopezobradorista, el sexenio pasado.
Calificar como golpistas y traidores a la patria a quienes critican, con razón o sin ella, el proyecto de gobierno es insensato y genera, como está ocurriendo, reacciones internacionales. Amenazar y descalificar a la primera potencia mundial, que, además, es nuestro principal socio comercial, a donde van el 80% de nuestras exportaciones y con quien tenemos, desde hace un cuarto de siglo, uno de los tratados comerciales más exitosos de la historia, porque se respalda a una ONG que se propone luchar contra la corrupción, no tiene sentido alguno.
Menos aún cuando hemos tomado una serie de decisiones que deben ser bastante difíciles de explicar en el actual contexto internacional, como invitar a Miguel Díaz-Canel, el mandatario cubano, a ser el orador oficial en el Día de la Independencia en México; que se descalifique a la propia Cancillería para enviar representantes a la enésima toma de posesión de Daniel Ortega, en Nicaragua, pese a que ese mandatario y su gobierno han agraviado muchas veces a México, el país que fue central para que lo que alguna vez fue un movimiento de izquierda y revolucionario, como el FSLN, llegara al poder en 1979; que se insista en no condenar la represión y los sucesivos fraudes electorales en Venezuela. Ni, ahora, la intervención rusa en Ucrania.
Se podrá argumentar que todo eso tiene relación con la llamada política de no intervención, pero ese mismo razonamiento se descalifica con la intervención de México en Perú, apoyando al presidente Pedro Castillo, incluso sin que ellos lo pidieran, o con la actuación en Bolivia, cuando fue destituido Evo Morales y en la campaña posterior que llevó a su partido de regreso al poder. O apoyar, como se debía hacer, al izquierdista Gabriel Boric en las recientes elecciones chilenas contra una opción de derecha extrema.
En este sentido, invocar la Doctrina Estrada es refugiarse en un instrumento anacrónico. Tenemos, además, un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, en los hechos, nos obliga, en crisis como la de Ucrania, a tomar posición.
Los representantes nacionales han insistido en respetar la unidad territorial de ese país y el canciller Ebrard ha condenado la intervención rusa en las provincias separatistas, y se tomó una muy buena decisión manteniendo al personal diplomático esencial en Kiev y dejando abierta nuestra embajada.
Debe ser difícil de explicar que, mientras aumentan los asesinatos de periodistas e incluso el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reclama por la seguridad de los comunicadores, no haya no sólo una declaración de respaldo hacia la prensa, sino que se la ataque cotidianamente de forma absurda o que se quiera imponer una legislación a los medios de radio y televisión anacrónica, censora y, en esencia, represiva, similar a la que tiene la mayoría de los regímenes autoritarios. Y que se diga que el secretario de Estado, con el que Ebrard tiene una gran relación, apoya a golpistas. No quisiera estar en el papel de los funcionarios de la Cancillería cuando deben defender temas de derechos humanos, mientras en México existen miles de desaparecidos o cinco periodistas son asesinatos en apenas cinco semanas del año, o cómo negociamos integrarnos al nuevo mercado de energías limpias en Estados Unidos, cuando en nuestra agenda interna seguimos apostando a las energías fósiles.
O que, cuando se llega al compromiso de acrecentar la relación con España, unas horas después, en forma intempestiva y sin ninguna razón que lo valide, se declaran “en pausa” las relaciones con España, que es, por cierto, nuestro segundo socio comercial.
En ese mar de contradicciones, sumada a la sucesión adelantada, se debe mover la Cancillería. No es fácil porque a las exigencias internacionales de un mundo en una crisis global a partir de las acciones rusas en Ucrania se suma la necesidad de impulsar nuestros verdaderos intereses nacionales, diplomáticos y geopolíticos, que entran en contradicción con las fronteras ideológicas de sectores que, en realidad, apuestan más por el autoritarismo que por el mundo democrático.