3.05.2022 Pocas cosas son peores que combinar la política con la seguridad y el manejo económico y comercial del Estado. Por eso resulta incomprensible que quienes encabecen la Unidad de Inteligencia Financiera y la Aduana de México, dos dependencias con un alto grado de autonomía y que controlan áreas especialmente sensibles del Estado, manejando una enorme cantidad de inteligencia institucional e información confidencial, sean quienes estén encabezando un proceso de reforma electoral.
Sin duda Pablo Gómez y Horacio Duarte son dos operadores electorales de toda la vida, incluso lo desconcertante es que estuvieran al frente de áreas tan especializadas como ajenas a sus capacidades y experiencia profesional. Salvo que, como comenzamos a ver ahora, la idea no es que encabecen Gómez la UIF y Duarte, Aduanas, sino ser la conexión de ellas con el mundo político.
En parte es así. En la UIF hace ya mucho que no tenemos información de acciones relacionadas con el crimen organizado o el lavado de dinero por parte de grupos criminales que fueron el sello distintivo De Santiago Nieto, pero sabemos continuamente de la elaboración de carpetas con información de opositores. El manejo de la institución desde que se vio obligado a dejarla Nieto, ha quedado en los hechos en manos de un grupo de funcionarios especializados mientras que Pablo Gómez está trabajando en estos temas políticos, incluyendo la propuesta de reforma electoral.
Gómez, que fue dirigente del 68, ha sido diputado, senador, representante del PRD ante el IFE, perdió en 2021 la diputación en su feudo, Coyoacán, con Gabriel Quadri, y fue premiado con la UIF, un área de la que él mismo reconoció no sabía nada. Se recibió de economista en los años 70 pero nunca ejerció. Toda su vida estuvo en la política partidaria, del PCM al PSUM, de allí al PRD y a Morena.
En el caso de Horacio Duarte, uno de los principales operadores electorales del Estado de México, también su vida política está ligada al grupo que encabeza en la entidad y que ha participado con las diferentes fuerzas de izquierda, y que gira en torno a Texcoco, Ecatepec, toda esa área suburbana. También ha sido representante del PRD y de Morena ante el IFE y el INE y conoce muy bien los tejes y manejes electorales.
Duarte encabeza una de las dependencias más complejas del gobierno federal: en la Aduanas se entremezclan la seguridad, el manejo comercial, se controlan flujos de bienes y recursos, desde la Aduana se abre o se cierra la operación comercial del país, con repercusiones en muchos otros ámbitos. En la coyuntura actual, las Aduanas se han convertido en espacios particularmente sensibles por todo lo relacionado con el crimen organizado, tanto que requieren una operación muy especializada al respecto.
En los hechos hoy las aduanas del país las manejan el ejército y los puertos, la marina. Esa es una realidad: no sé hasta que medida Duarte, cuya máxima aspiración hoy es ser candidato de Morena al Estado de México (una aspiración que comparte con Delfina Gómez, Alejandro Encinas y algunos otros) esté involucrado en el manejo de la dependencia que encabeza, pero si lo estuviera no tendría ni forma ni posibilidad ni sentido, que estuviera elaborando una propuesta de reforma electoral en la que, además, él podría ser uno de los beneficiarios directos.
Existe un fundado temor de que, a la par de la operación electoral en ciernes, desde esas poderosas oficinas, que formalmente dependen también de Hacienda y tienen estrecha relación con el Sistema de Administración Tributaria, con la Fiscalía General de la República y en el caso de Aduanas con los mandos militares y navales, y los gobiernos estatales, se intente manipular el proceso de reforma electoral y luego la propia construcción del andamiaje propuesto, casi un regreso al modelo de partido único del pasado.
No es una mera hipótesis, es una realidad. Decía quien fue precisamente el autor de la primera reforma política real en nuestro país, quien comenzó a liberalizar el sistema, Jesús Reyes Heroles, que la forma es fondo. Y aquí se ha vulnerado el fondo y la forma. Si lo que el Presidente quería era expertos electorales, debería haber colocado a Gómez y Duarte en espacios políticos, si lo que quiere es que se encarguen de la seguridad, de tareas de inteligencia y de mantener la confidencialidad de los datos sensibles de los mexicanos, de todos, deben alejarse lo más posible de la política. Es un principio básico del andamiaje institucional de una democracia.
Es un tema muy delicado y que va al fondo de esta propuesta. Y es una más de las razones por la cual debe ser rechazada por la oposición. Es un retroceso institucional y democrático en todos los aspectos, y sus pocos beneficios se ven distorsionados por sus enormes insuficiencias, errores e intentos de manipulación.
Si la reforma eléctrica pretendía en el fondo imponer por esa vía un nuevo modelo económico con preeminencia estatal, la reforma electoral lo que plantea es un regreso al partido prácticamente único, ese que se acabó con las elecciones de 1988. Resucitarlo ahora sería uno de nuestros mayores errores. Pero incluso en aquellas épocas quienes se encargaban de los manejos electorales, los grandes operadores electorales del PRI, no se involucraban en la seguridad y la inteligencia. Una cosa era el Meme Garza y otra Nassar Haro. Hoy van de la mano.