29.08.2022
La sucesión adelantada impulsada por el propio presidente López Obrador no sólo ha roto los tiempos políticos, sino que además ha acentuado las diferencias dentro de un movimiento político en el que el único factor cohesionador parece ser el propio mandatario, pero además, en esa dinámica, al comenzar a jugarse posiciones futuristas dentro y fuera del gobierno, se profundiza también la división en el gabinete y entran en contradicción los funcionarios que son a su vez precandidatos, con otros factores de poder.
La semana pasada ha resultado un punto de quiebre en ese sentido. La divulgación del informe Ayotzinapa por el subsecretario Alejandro Encinas ha dividido opiniones como nunca en el propio gobierno y en la estratégica relación entre el ejecutivo y las fuerzas armadas. El informe Encinas responde a la visión más radical de Morena, en la que participan varios funcionarios cercanos al presidente, sobre todo luego de que otros con posiciones más moderadas han ido quedando fuera de ese círculo.
Ese sector radical de Morena nunca ha visto con buenos ojos la “reconversión” del discurso presidencial que pasó de un alud de reproches a las fuerzas armadas en la campaña a un inédito acercamiento en la presidencia. Más allá de la detención de Jesús Murillo Karam, el discurso de Encinas y de este grupo, escenificado ejemplarmente en la intervención del subsecretario el viernes pasado, confirma un ajuste de cuentas interno de pronóstico reservado.
Encinas elevó a todo lo alto la insistencia en el crimen de Estado: dijo que los estudiantes fueron secuestrados por órdenes del presidente municipal José Luis Abarca y su esposa, lo que todos sabíamos, pero luego sumó a Murillo Karam y otros funcionarios e insistió en que la llamada “verdad histórica” se engendró en una reunión en Los Pinos, con lo que indirectamente hace responsable también al ex presidente Peña Nieto.
Pero fue más allá y aseguró, sin contar con pruebas, sólo con dichos, que seis de los jóvenes desaparecidos estuvieron detenidos en “una bodega” en Iguala y que el entonces coronel José Rodríguez Pérez fue el que dio la orden cuatro días después de los hechos, de matarlos. En su intervención Encinas habla siempre del coronel Rodríguez Pérez porque no quiere ser exacto: hoy es el general José Rodríguez Pérez, uno de los mandos importantes en la actual estructura del ejército mexicano. También responsabiliza, ambos tienen orden de aprehensión, al general Alejandro Saavedra Hernández, entonces jefe de la zona militar en Chilpancingo, y se obvia que hoy el general Saavedra es el director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.
En ninguno de los dos casos hay pruebas contra esos mandos militares, salvo que estuvieron en Iguala y Chilpancingo esa noche. Dice Encinas que, además,decidieron no participar para evitar la masacre. Sobra decir que no podían, incluso si hubieran querido, hacerlo, porque las fuerzas armadas, ni en ese ni en ningún otro caso desde el 2 de octubre del 68, han intervendio ante desórdenes de carácter civil si no lo solicitan las autoridades civiles: en el caso Ayotzinapa ni el alcalde Abarca ni el gobernador Angel Aguirre solicitaron la intervención militar.
Lo que sucede es que si los generales Rodríguez Pérez y Saavedra Hernández son responsables de los hechos de los que se los acusa, se está a un paso de involucrar a sus mandos superiores, y por ende a los de las secretaría de la Defensa del sexenio anterior pero también a varios de los mandos actuales.
Hay una acusación también contra el almirante secretario, Rafael Ojeda, que era entonces el jefe de la zona naval en Acapulco, porque se dice que elementos navales participaron en varias acciones de encubrimiento y que en una base naval se torturó a sicarios. Tampoco existen pruebas, sólo dichos, la mayoría de ellas provienen del testigo protegido llamado Juan, que no es otro que uno de los sicarios de Guerreros Unidos y responsable directo de la matanza, el llamado Cabo Gil, y de quien fuera el secretario particular de Tomás Zerón.
Este testigo protegido es el que habla de la reunión en Los Pinos donde se diseñó la verdad histórica. Allí se involucra también a otros funcionarios, en forma destacada al actual secretario de seguridad capitalina, Omar García Harfuch, otro objetivo, desde hace ya tiempo, de los sectores radicales de Morena, a pesar de que ha sido clave en la administración de Claudia Sheinbaum, a la que ahora esos grupos le comienzan a reprochar que en el camino a la candidatura comience a exhibirse como más moderada.
Tanto García Harfuch como Claudia han explicado en que el ahora secretario de seguridad no estaba cuando ocurrieron los hechos en Guerrero sino en Michocán. Pero no importa, como fue jefe de coordinación del grupo Guerrero hay que involucrarlo.
El informe Encinas, las órdenesde aprehensión expedidas por la FGR, y el apoyo que le ha brindado, sin matices, el presidente López Obrador al mismo, han lastimado la relación del ejecutivo con las fuerzas armadas. Muchos en el actual gobierno desconocen el funcionamiento del sector militar y olvidan que las fuerzas armadas no se mueven sexenalmente, que son un servicio profesional cuyos ascensos y responsabilidades no dependen directamente del mandatario en turno sino de la carrera realizada y que todos los que ahora tienen mando, estuvieron bajo responsabilidades importantes también los pasados sexenios.Es un grave error.