5.09.2022
Lo sucedido el jueves pasado en Argentina, con el fallido atentado contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, es la mejor demostración de las consecuencias funestas que generan la polarizaciones exacerbadas, estúpidas, que se viven en buena parte del mundo occidental.
México no es ajeno a ello y hoy tendremos una jornada que detonará dosis aún mayores de polarización, con decisiones trascendentes tanto en el senado como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el senado se tendrá que votar, en un contexto interno diferente al de la cámara de diputados, la ley para la incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa, mientras que la Corte debatirá la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Ambos temas, en efecto, son decisivos para el futuro de la justicia y la seguridad en nuestro país.
Precisamente por ello, en lugar de las posiciones absolutamente antagónicas que tenemos hoy, lo exigible hubiera sido que, desde tiempo atrás, se hubiera realizado un debate serio, negociado, político, realista sobre esos y otros temas. Es verdad que incluso hasta las formas que asume el ejecutivo federal hace cada vez más difícil el diálogo: la instrucción de aprobar las iniciativas “sin cambiarles ni una coma”, tan explícita como políticamente inviable sin generar rupturas, se topa irremediablemente con una oposición igual de férrea. Pero eso no significa que siempre tenga la razón.
En el tema de la prisión preventiva oficiosa, los cambios que se hicieron este sexenio ampliando dramáticamente la lista de delitos que la ameritan, sólo ha provocado una catarata de abusos. Hay delitos que de ninguna forma justifican la prisión preventiva oficiosa de la forma en la que se la aplica. El discurso oficial para oponerse a ella también es contradictorio: el Presidente, agravió a todo un poder de la Unión acusándolo de corrupto;trató a los ministros que llegaron este sexenio como si fueran sus empleados y en la mañanera se realizó un ejercicio inédito: presentar una lista de delincuentes liberados por jueces que implícitamente calificó como corruptos (corrupción que por supuesto existe en muchos casos, como existen el miedo, la extorsión y los expedientes mal elaborados por fiscales y ministerios públicos).
Pero al mismo tiempo, el propio Presidente impulsó, sin tener atribuciones para ello, la liberación de Israel Vallarta, un personaje que goza de una campaña construida sobre la base de una gran mentira (que su detención se debió a una venganza personal), ignorando conscientemente que Vallarta y sus cómplices, incluyendo Florence Cassez, sí fueron secuestradores, y ahí están las pruebas y las víctimas de esa banda que los identificaron plenamente para comprobarlo.
La idea que persiste es que mantener como está la prisión preventiva oficiosa tiene un objetivo: utilizarla para delitos que son, en esencia, políticos y para ejercer detenciones que tengan ese efecto. Ese es el verdadero tema.Lo deseable sería que la Corte imponga su criterio y que el congreso vuelva a discutir el tema y establezca leyes, con una lista de delitos corta, específica y clara, de cuándo se podría aplicar la prisión preventiva con base en la decisión de los jueces.
Con lo de la Guardia Nacional sucede algo similar. Insisto en un punto que hemos abordado muchas veces: yo sí creo que la GN debe incorporarse formalmente a la Defensa Nacional. Por muchas razones, pero sobre todo por una: desde su creación hasta el día de hoy así ha funcionado la Guardia Nacional. El 75 por ciento de sus efectivos, que hoy suman 115 mil, provienen del ejército mexicano, incluyendo los de nuevo ingreso que han sido formados por instructores y formadores del ejército. De allí provienen sus mandos, su infraestructura, sus recursos. Eso lo saben todos desde el día en que comenzó a funcionar la Guardia. Tampoco es algo nuevo, es lo que se había planteado muchas veces, incluso cuando el general Salvador Cienfuegos era secretaria de la Defensa, con cuerpos como la Gendarmería, que terminó siendo una parte más de la extinta Policía Federal.
Debemos insistir también en un punto: es absurdo decir que esa incorporación se debe dar para que la GN no se corrompa. Lo que impide la corrupción de una institución son los controles internos y externos, las auditorias, las convicciones. Esos los tiene el ejército, pero también los han tenido distintas instituciones civiles.
Se tiene que dar esa incorporación por razones absolutamente operativas y de sentido común. No se puede tener una institución que funciona dentro de un esquema pero que legalmente está inscripta en otro. Y quien diga que hoy, o en 2024, esa misma institución policial nacionalsimplemente con una instrucción podrá cambiar de mandos, de elementos, de infraestructura y podrá seguir funcionando, no comprende lo grave que sería comenzar de nuevamente de cero en este ámbito.
Lo que habría que discutir es cómo ampliar las capacidades de investigación e inteligencia de la Guardia Nacional (para evitar, con mejores investigaciones, la puerta giratoria de los criminales en los tribunales). La Guardia Nacional debería abrirse más a civiles. Debemos discutir qué sistema policial queremos, y cómo se involucraran en ese esquema las policías estatales y municipales. Cómo se debenhomologar en todos los ámbitos esas policías con la Guardia Nacional y cómo los mandos locales deberían tener por lo menos una certificación para cumplir con esas responsabilidades. Pero ninguno de esos temas está en el debate. No inventemos el hilo negro.