20.01.2023
No tienen ninguna relación entre ellos, pero los casos del ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, cuyo proceso está comenzando en la Corte de Brooklyn, en Nueva York, y la controversia por la tesis plagiada que involucra a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmin Esquivel, han concentrado buena parte de la atención pública, pero también han generado una controversia que en muchas ocasiones poco o nada tiene que ver con los auténticos temas que están en debate.
En el caso de García Luna, el propio presidente López Obrador ha pedido que se ventile y trate en ese proceso el presunto enriquecimiento del ex secretario de seguridad pública. Lo cierto es que García Luna no está siendo procesado por los negocios que pudiera o no haber realizado, dentro o fuera del gobierno.
Incluso cuando se habla de esos negocios los mismos se produjeron cuando concluyó su desempeño en el gobierno federal, a partir de 2012. Entonces fue cuando se asentó en Miami, creó su empresa de seguridad y generó sus principales negocios e inversiones. Los que se conocen antes de esa fecha en México o en Estados Unidos son negocios económicamente muy menores.
Pero sea así o no, el hecho es que el juicio que enfrenta García Luna es sobre si colaboró o fue parte del Cártel de Sinaloa. Es sobre narcotráfico e indirectamente sobre mintió o no ante autoridades estadounidenses en sus trámites de naturalización. La relación o no con el narcotráfico es el tema del proceso: no es si fue un buen secretario de seguridad, si esa estrategia en la administración Calderón fue acertada o no, si hizo o no negocios, lícitos o ilícitos a partir de su posición en el gobierno.
Y lo cierto es que a pesar de que ahora la fiscalía de Nueva York dice que va a presentar más de 70 testigos de cargo, los principales testimonios, por los que fue detenido en Dallas en diciembre del 2019, son los de narcotraficantes reconvertidos en testigos protegidos que, a su vez, fueron detenidos en su momento por el propio García Luna y extraditados a Estados Unidos, donde años después ofrecieron su testimonio a cambio de reducción de sus condenas. Es el arma y el punto débil de la fiscalía. Mientras que la defensa, como lo ha dicho, querrá demostrar que en realidad con quien colaboró García Luna no fue con el cártel de Sinaloa sino con el gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
Hay que insistir en que ese es el eje del juicio, no los negocios, ni la estrategia de seguridad ni la política. Y sobre eso será decidida su responsabilidad o no. Todo lo demás puede tener otras implicaciones, pero no son el objeto de este proceso.
Algo similar ocurre en el caso de la ministra Esquivel. El tema del plagio de la tesis de licenciatura es sin duda controvertido. No deja de ser significativo cuándo y cómo se dio a conocer esa información, pero ese es otro tema. Lo que está en debate es si la ministra realmente plagio su tesis. El plagio evidentemente existe: su tesis y la del entonces alumno Ulises Báez son casi idénticas. Eso no está en debate, lo que se debe establecer es si ella ejecutó el plagio o si fue la plagiada. Según me dijo la propia ministra Esquivel en entrevista, en diciembre, ella comenzó su tesis en 1985, y según dice ahora quien fuera su asesora de tesis, Martha Rodríguez, fue ella misma la que compartió con otros alumnos, entre ellos Báez, la tesis que estaba redactando la entonces alumna Esquivel, una tesis que no había sido presentada a examen profesional porque Esquivel no había terminado aún su trabajo social. Baez, que prácticamente no ha aparecido en todo este debate, firmó ante un notario público un documento en el que reconoce que tomó parte de la tesis de Esquivel para escribir la suya.
La UNAM ha determinado que existe, lo que es evidente, plagio de una de las tesis sobre la otra. Pero no ha determinado quién plagió a quién. Cuando la ministra Esquivel reclama derecho de audiencia y poder exhibir sus pruebas respecto a que no plagió ese trabajo, está en todo su derecho, porque eso es lo que deben establecer las autoridades universitarias, que son también las que con base en esa investigación deben definir, primero, si están facultadas o no para cancelar la licenciatura de Esquivel o de Báez por esa causa, y segundo, quién plagió a quién. Quedarse sólo con la fecha del examen profesional sin más en este caso no parece tener sentido, salvo el juego político que todo ello implica.
Incluso lo que se está manejando en torno a quitar la licenciatura a la ministra debe inscribirse en otro debate. Primero, como decíamos, a quién le correspondería tomar esa decisión y luego lo que ella implicaría. Si se le quitara la licenciatura a Esquivel, luego de casi cuatro décadas de carrera en el poder judicial, todas las decisiones que ella hubiera tomado, antes o durante su participación en la Corte, podrían ser objetadas e incluso motivos de amparos por quienes se sintieran damnificados por esas decisiones. Las implicaciones son enormes.
Por eso mismo el caso se debe tomar con toda la seriedad posible. Investigar realmente qué sucedió y con base en ello tomar decisiones serias y fundamentadas. No sé quién cometió el plagio, si fue responsabilidad de la asesora de tesis, de la ahora ministra o de el otro alumno, pero creo que hoy las autoridades universitarias tampoco lo saben. Y el caso amerita una respuesta mucho más seria de la que tenemos hasta ahora.