21.02.2023 La elección de un senador sustituto en Tamaulipas, donde hubo un amplio triunfo de Morena y una escasa participación electoral (apenas 20 por ciento) cerraron el ciclo electoral de un INE que tendrá no sólo una renovación amplia de cuatro consejeros (incluyendo el consejero presidente), sino también que corre el serio peligro de ser desmembrado gracias a la tristemente célebre iniciativa de reforma electoral en curso.
Hay varios puntos muy delicados del Plan B, pero quizás ninguno tan grave como la destrucción del sistema civil electoral construido a lo largo de las últimas décadas.
Si el argumento gubernamental fuera ahorrar en el sistema electoral, habría muchas formas de hacerlo, desde gastos inmobiliarios hasta salariales, pasando por ampliar el voto electrónico y sobre todo reduciendo los recursos que reciben los partidos políticos (más de seis mil millones de pesos en este 2023, sólo para gastos ordinarios). Pero esa no es la idea: lo que se pretende es romper el sistema electoral y quitarle poder al INE en ese proceso, y nada es más importante para ello que desmontar el sistema civil electoral. Ese es el verdadero espíritu del Plan B, la primera reforma electoral desde la de Reyes Heroles en 1977 que se realiza sin el apoyo y la negociación con las oposiciones.
Pero otro de los capítulos interesantes de esta reforma es la que estará a votación hoy en el senado: la derogación de la llamada cláusula de la vida eterna para los partidos pequeños, o dicho de otra forma la que permitía, según lo que había propuesto y votado Morena originalmente, transferir votos de los partidos mayores a los menores para que éstos conservaran el registro.
En el senado, Ricardo Monreal les adelantó que esa sería, como muchas otras, una reforma inconstitucional y se modificó en diputados y ahora deberá ser refrendada en senadores. Ese cambio dejará a los partidos de la oposición en la cámara alta, en la difícil labor de votar a favor de un capítulo de una reforma que en lo general no aprueban o de simplemente abstenerse. Lo cierto es que más allá de la cláusula de vida eterna, la reforma terminará en la Suprema Corte.
Pero mientras tanto, la anulación de esa reforma deja a los partidos pequeños, sobre todo al Verde y al PT, en la disyuntiva de qué hacer en el 2024. Si van en alianza con Morena, lo más probable, es que a la hora de votar los sufragios se concentren en el partido mayoritario (Morena) y ello los deje sin registro. Recordemos que los partidos pueden ir con candidatos comunes, pero a la hora de votar, los electores tienen que hacerlo por uno de ellos. Y cuanto más cerrada es la elección, menos posibilidades hay de que mediante una operación política un partido le traslade electores al otro, los necesita para sí mismos.
La elección del 2024 será más cerrada que la de 2018. Ya en el 2021, el oficialismo perdió muchos votos (en términos totales la oposición sumada tuvo más votos que el oficialismo) y eso llevó a que partidos cercanos, como el PES o Fuerza México, perdieran el registro. En los comicios de este año, tanto el Verde como el PT irán por su lado en Coahuila, y por lo menos el Verde tenía intención de hacerlo también en el estado de México, aunque de última hora fue convencido de sumarse a Delfina Gómez.
Para 2024 esos dos partidos tendrán que decidir si se suman o no, parcial o totalmente, a la alianza oficialista. Lo harán, casi sin duda, en la presidencial, pero en el congreso y sobre todo en los estados donde sean competitivos, cuando coincidan elecciones de gobernador con las presidenciales, como le ocurrirá al Verde en Chiapas, probablemente optarán por ir solos, para tener así los votos necesarios como para salvar el registro.
Y si la elección es tan cerrada como se prevé, quizás incluso a Morena le convenga en el ámbito legislativo tener partidos aliados con grupos parlamentarios propios en el congreso. Difícilmente la próxima administración será con un gobierno de mayorías amplias. No es una decisión menor la de PVEM y PT, y podrá alterar varios resultados electorales locales.
La propuesta de Calderón
La ponencia, que no entrevista, que se publicó este fin de semana de Felipe Calderón, es sensata y sería muy útil… si los dirigentes de los partidos de la oposición estuvieran dispuestos a sacrificar posiciones en aras de crear una amplia alianza electoral con fuertes perfiles ciudadanos.
Volver a empadronar sus militancias, para tener listados internos efectivos, elegir dirigencias, optar por abrir el proceso a opciones ciudadanas en todos los niveles para puestos de elección popular y hacer todo eso rápido, como para poder construir candidaturas, sobre todo presidencial, en el último trimestre el año, suena muy bien aunque sería complicado, pero no veo a los dirigentes de los partidos hoy en eso. Ni Marko Cortés ni Alejandro Moreno parecen dispuestos a sacrificar posiciones para abrirlas a liderazgos alternos, menos aún cuando se habla de candidaturas presidenciales o a las principales gubernaturas.
La concentración del domingo próximo en el Zócalo puede ser una demostración de cómo distintos sectores cívicos pueden movilizarse y buscar apoyos comunes en torno a objetivos muy claros. Pero en términos electorales, para que eso fructifique, se requieren candidaturas que tengan ese mismo respaldo y reconocimiento por encima de partidos y cuotas. El fracaso del 2018 debería servir como lección.