22.02.2023
El ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna,fue encontrado culpable por el jurado del proceso que se le sigue en la Corte de Brooklyn por relación con el narcotráfico. Será hasta el 27 de junio cuando el juez Brian Cogan definirá la sentencia que puede ir de 20 años a cadena perpetua.
Los doce jurados encontraron culpable a García Luna en un juicio en el que la fiscalía de Nueva York no pudo presentar una sola prueba material de sus acusaciones. La misma se basó en siete testigos protegidos, narcotraficantes detenidos durante la gestión de García Luna y extraditados a Estados Unidos en esos años (salvo Edgar Veytia el ex fiscal de Nayarit, detenido y extraditado años después) que además recordaron la relación de García Luna con el crimen organizado años después de que éste dejara su responsabilidad. Resulta incomprensible que la DEA, responsable de una investigación que aseguran duró diez años, no haya podido presentar una sola prueba material, un video, una grabación, una foto, depósitos, dinero en efectivo, cualquier prueba material que involucrara al ex funcionario. Sólo con los dichos de narcotraficantes reconvertidos en testigos protegidos para acortar sus penas (Jesús El ReyZambada incluso ya está en libertad) alcanzó para dictar una condena de culpabilidad.
En México muchos están celebrando la condena a García Luna, dentro y fuera del gobierno federal. El ex secretario nunca fue un personaje demasiado popular. Pero no se comprende, como hemos insistido muchas veces, el enorme riesgo que implica para el Estado mexicano, más allá de la culpabilidad o no de García Luna, la forma y el fondo de lo que está detrás de esa acusación y este proceso. Si para detener, procesar y declarar culpable a cualquier funcionario del pasado, del presente o del futuro, sólo se requiere de testigos protegidos que declaren en contra de alguien, en cortes estadounidenses y sin que exista siquiera procesos similares en México, lo que tenemos es una poderosísimaarma de presión política que desde la Unión Americana se puede utilizar en el momento en que se considere conveniente y contra quién sea.
Los ejemplos de narcotraficantes y otros personajes que acusan a políticos y funcionarios mexicanos de relación con el narcotráfico son innumerables. Podemos ir tan lejos como 1985, en una acusación para la DEA aún vigente por el caso Camarena contra el entonces secretario de Gobernación y hoy director de la CFE, Manuel Bartlett, y contra el entonces secretario de la Defensa, el general Juan Arévalo Gardoqui, de haber estado en la casa en la que estaba secuestrado y torturado el agente de la DEA, Enrique Camarena.
Siempre hemos dicho que esa es una acusación inverosímil, pero personajes que aseguran lo contrario, e incluso que dicen haber sido testigos, los hay desde los años 80 hasta ahora y son exhibidos cada vez que el tema sale a colación. Esa acusación es tan inverosímil como la que realizó el Rey Zambada de haber entregado cinco millones de dólares en efectivo a García Luna en el restaurante Champs Elysses en medio de una comida en el restaurante entonces de moda en México.
Desde el caso Camarena, la DEA siempre ha mantenido su concepción de que el gobierno, las fuerzas armadas y de seguridad de México no sólo están permeadas, sino que en sus más altos niveles son parte del narcotráfico. Paradójicamente, el periodo en el que tuvieron mayor acercamiento con el gobierno mexicano fue durante el gobierno de Calderón y a través de García Luna, cuando llegaron a operar hasta 300 agentes de la agencia estadounidense en el país. Un ex agente de la DEA dijo en el juicio a García Luna que tenían conocimiento de sobornos para la Policía Federal desde ese sexenio. Pero García Luna fue entonces condecorado por la misma agencia, ¿y nunca obtuvieron una prueba material cuando tenían amplísima libertad para operar en México?.
Más allá de la responsabilidad o no de García Luna, el juicio de Brooklyn, lo hemos dicho desde hace años, es un capítulo más del maxiproceso que se intenta realizar contra el Estado mexicano. Para la DEA, México es un narcoestado, pero esa idea se ha ido consolidando desde el gobierno de Trump y se sigue imponiendo en el de Biden: coincidentemente con el juicio a García Luna se han dado la fuerte intervención de Biden en el juicio sobre el estado de la Unión, con el tema de la crisis de opiodes y el tráfico de fentanilo; la carta de los fiscales republicanos exigiendo que se declaren terroristas a los cárteles mexicanos de la droga;la comparecencia de la administradora de la DEA, Anna Milgram, que se quejó ante el senado de la falta de cooperación de la autoridades mexicanas para detener el tráfico de fentanilo; y las intervenciones de diversos legisladores influyentes, entre ellos el demócrata Bob Menéndez y el republicano Ted Cruz, en esa misma comparecencia acusando a autoridades mexicanas de relación con el narcotráfico. México, desde muchas visiones contrapuestas es, para Estados Unidos, un narcoestado y la sentencia contra García Luna, obetenida sólo con dichos, es un arma formidable para presionar a las autoridadesmexicanas.
Hoy cualquier funcionario, político o empresario, sabe que puede ser detenido, procesado y sentenciado sólo con testimonios, con dichos de testigos protegidos, aunque no existan pruebas materiales en su contra. En esta lógica, los héroes de hoy pueden ser los villanos de mañana y los criminales de hoy (por ejemplo, Rafael Caro Quintero oOvidio Guzmán) pueden ser los acusadores de mañana. Esa es la verdadera amenaza.