27.02.2023
Mientras se termina de digerir en Palacio Nacional la multitudinaria manifestación de ayer en defensa del sistema electoral, el presidente López Obrador sigue consultando con la almohada el apoyo o rechazo a los proyectos de inversión y en los hechos boicotea transformaciones estratégicas para el país.
Lo hizo pese a la recomendación de sus principales asesores con el Aeropuerto de Texcoco, con un costo, dice su ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, de unos 400 mil millones de pesos, adicionales al costo del AIFA. Lo hizo con la cervecera que construía Constellation Brands en Mexicali, Baja California, que estaba muy avanzada con una inversión de 700 millones de dólares y que dedicaría su producción íntegramente para la exportación. El presidente organizó, como con el NAIM, una “consulta popular” a modo y canceló la construcción. Se dijo que la empresa desmantelaría la instalación para colocarla en Veracruz. Por supuesto no lo ha hecho.
Ahora, en los hechos, desde Palacio Nacional, se está boicoteando la inversión de diez mil millones de dólares de Tesla en Nuevo León que incluiría, en otras partes del país, inversiones para construir todo un sistema de producción de automóviles eléctricos. El detonante de esa inversión es mucho mayor aún porque sería un paso fundamental para la reconversión del sector automotriz hacia la energía limpia,que nos pondría además en sintonía con el desarrollo regional que plantean nuestros socios: Estados Unidos y Canadá.
El agua ha sido la excusa de la cancelación de la inversión en Mexicali y ahora es la que se utiliza para tratar de que Tesla se instale en el entorno del aeropuerto Felipe Angeles, donde el agua escasea, o, como dice el Presidente, en el sureste del país donde sobra agua (pero está lejos de los mercados consumidores y falta mano de obra especializada).
En realidad, el gobierno lo que tendría que hacer es garantizar para esas empresas y para la sociedad el abasto de agua, con la infraestructura que sea necesaria. Pero en el caso de Tesla eso ni siquiera es necesario, porque esa empresa utiliza poca agua y ésta es reciclada, la que tiene más que suficiente Nuevo León.
Pero, además, la construcción de una instalación de estas caracteríticas, de una planta de ese tamaño, no se toma sobre las rodillas ni se improvisa el lugar donde se construirá: es una planificación de muchos meses que incluye desde la infraestructura hasta la seguridad, las comunicaciones y las condiciones de inversión, desde la cercanía con los mercados hasta la mano de obra disponible. Hace algunos meses Tesla se fue de California e instaló sus principales centros de producción en Texas, por los altos impuestos californianos y el burocratismo del gobierno estatal. Si la administración López Obrador continúa presionando a Tesla para que no invierta en Nuevo León lo más probable es que lisa y llanamente no invierta en México.
No se entiende que todo el movimiento de nearshoring, de relocalización de empresas de China en México, se concentrará en la frontera norte por la sencilla razón de que allí es donde están dadas las mejores condiciones para esas inversiones. Cualquier gobierno lo que tendría que hacer, si quiere que esas inversiones comiencen a mirar hacia el centro o el sur del país, es crear las condiciones para ello: de infraestructura, mano de obra y seguridad, sobre todo.
Es lo que no se está haciendo: los apoyos a familias, jóvenes y personas de la tercera edad pueden servir para otras cosas, pero no para crear mercado de consumidores, para aumentar los niveles educativos y para contar con la infraestructura necesaria para que ese tipo de inversiones se asienten en esos estados. El gobierno federal sigue hablando, como en los 70, de la “rectoría económica del Estado” y condenas a los régimenes liberales, cuando en realidad lo que buscan las empresas son condiciones de inversión favorables en un marco económico liberal, en una economía de mercado y cada vez más integrada en bloques regionales.
Esa es la enorme contradicción que frena el despegue económico y está desaprovechando la enorme oportunidad, la ventana de inversión y desarrollo, que se ha abierto con el nearshoring y que más temprano que tarde se va a cerrar. El gobierno federal en lugar de construir un aeropuerto bien hecho pero con difíciles accesos y que el consumidor no quiere, como el AIFA, tendría que haber apostado por el NAIM que estaba avanzado y que se convertiría en un hub regional. En lugar de apostar por una refinería que quedará obsoleta dentro de algunos años, tendría que invertir en infraestructura como agua y gas, para potenciar inversiones, sobre todo las que utilizan y desarrollan energía limpias. En lugar de apostar por un tren maya que tendrá muy poca repercusión económica, tendría que avanzar en la interconexión del sur con el centro y el norte del país. Paradójicamente, la única de las grandes obras que sería de profunda repercusión económica e incluso de seguridad, el corredor transístmico, ha terminado en una obra menos ambiciosa de lo que podría haber sido y es el más rezagado de las cuatro.
Por lo pronto, el gobierno de la 4T es uno de los pocos del mundo que en lugar de alentar a los inversionistas los rechaza, en lugar de crear condiciones idóneas para la inversión, trata de condicionarlas. El costo en beneficios económicos y sociales, en puestos de trabajo y posibilidades de desarrollo, es enorme.