6.03.2023
Para mi hermana Graciela, que hace tres años nos dejó un poco más solos.
Una vez más el presidente López Obrador se equivoca conscientemente: no hay una andanada de resoluciones judiciales en contra del gobierno federal desde que asumió la presidencia de la Suprema Corte, el 2 de enero pasado, la ministra Norma Piña. No hay ninguna conjura en la Corte (ni en el INEM ni en la UNAM ni en el INAI ni en ninguna institución autónoma) contra el gobierno. Lo que está sucediendo con la justicia, más allá de sus fallas y carencias que sufre desde mucho tiempo atrás, es que el gobierno federal quiere politizar la justicia, y no está dedicando tiempo, esfuerzo y recursos a tener una fiscalía realmente autónoma y quiere que se dicte justicia de acuerdo a sus intereses.
Y lo que ha sucedido es que la FGR ha perdido en los dos últimos años todos los casos importantes que ha presentado, casi todos casos de alto sesgo político y derivados de ajustes de cuentas del propio gobierno con sus adversarios. Por intentar involucrar a 70 opositores en su caso, se ha diluido el juicio contra Emilio Lozoya por los sobornos que recibió de Odebrecht. El abogado Juan Collado hace ya dos años que tenía una sentencia a su favor por uno de los principales casos en los que estaba acusado. Fue de alguna forma escondida y ahora, como en el caso Lozoya, lo único que aparentemente falta es que terminen de acordar una cantidad en reparación de daño para quedar en libertad. Y quizás ni siquiera eso.
Lo de Rosario Robles fue vergonzoso. Contra la ex secretaria de Desarrollo Social no tenían elementos para procesarla por la llamada Estafa Maestra. Se valieron de un testigo protegido, el ex oficial mayor Emilio Zabadúa, que para evitar él mismo ir a la cárcel por los malos manejos detectados en esa dependencia y en la SEDATU, involucró a Robles, pero incluso así no tenían pruebas. No había un delito que ameritara encarcelar a Rosario, que se presentó voluntariamente cuando fue citada, aunque la acusación que tenía debía ser llevada en tribunales administrativos, no penales. Valiéndose de la falsificación de una licencia de conducir, un juez, sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano, la dejó tres años en la cárcel. Ya quedó en libertad y la fiscalía y el gobierno federal se quejan de que la justicia ha sido corrompida.
En realidad, la corrompida fue la investigación. Y podemos sumar muchos otros casos: desde la familia política del fiscal Gertz Manero hasta el de Jorge Luis Lavalle, pasando por Alonso Ancira y los militares acusados por el caso Ayotzinapa, entre otros.
La mejor demostración de que el problema no está, por lo menos en ese plano, en nuestra justicia sino en la forma en que se investiga y procura, es el caso García Luna. Olvidemos por un momento algo que debería ser recordado: García Luna fue condenado sin una sola prueba material en su contra y los testimonios que hubo para ello fueron exclusivamente de testigos protegidos, narcotraficantes que a cambio de una reducción en sus condenas declararon contra el ex secretario. Insisto, olvidemos por un momento ese hecho. Lo cierto es que, en México, ni antes ni ahora, existe una acusación penal contra García Luna por narcotráfico. Y las que se presentaron por malos manejos financieros son endebles.
Resulta casi cómico ver a legisladores de Morena celebrando que la justicia de Estados Unidos haya condenado al ex secretario y pidiendo que en ese país procesen a otros ex funcionarios mexicanos, y al mismo tiempo reclamando por el intervencionismo estadounidense cuando se apoya a las instituciones electorales.
Quizás es consecuencia de la política de abrazos y no balazos llevada a nivel de las ficalías, pero el hecho es que a cuatro años de iniciada esta administración estamos muy lejos de contar con una policía de investigación del nivel que requieren el país y la coyuntura que vivimos. Se habla y mucho de la Guardia Nacional, de su integración a la Defensa Nacional, pero se olvida que tenemos otra policía, nuestro verdadero FBI para los que gustan de las equivalencias con Estados Unidos, que no es la Guardia Nacional, sino la Coordinadora de Métodos de Investigación que coordina a la Agencia de Investigación Criminal y los servicios periciales de la FGR.
A cargo de las investigaciones criminales está un muy buen funcionario, Felipe de Jesús Gallo, que fue quien creó la fuerza civil en Nuevo León, pero cuando se ven los cambios y reestructuras de la Fiscalía en estos años, se llega a una suerte de galimatías en el que no se sabe con claridad quién hace qué. Es más, no se sabe con claridad cuántos elementos tiene la fiscalía en esa área. Al inicio del sexenio, cuando se creó la FGR, eran ocho mil un número ridículamente bajo para las exigencias del país. El resultado es que menos del ocho por ciento de los delitos federales denunciados son investigados y reciben una sentencia.
Sin duda, hay jueces que toman decisiones equivocadas y nadie puede negar que en la justicia existen espacios de corrupción. Pero las decisiones que tanto molestan en Palacio Nacional no devienen, salvo algún caso relacionado con delincuencia organizada, de malos manejos de los jueces y mucho menos de una conspiración, sino que no existen delitos o por lo menos pudieron ser demostrados, y peor aún,de que se quiere decretar la culpabilidad o no de las personas desde el púlpito de la mañanera y no desde los tribunales.