8.03.2023
No se termina de comprender en Palacio Nacional lamagnitud del conflicto existente con Estados Unidos en temas de seguridad y comerciales. Si la reacción de instituciones como el FBI o el departamento de Estado (y hasta de la Casa Blanca), medios y legisladores de ese país,ante el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros fue durísima, otra, en las redes sociales, puede exhibir mucho mejor los riesgos que se transitan.
Elon Musk, el propietario de Tesla, el mismo que anunció la semana pasada (sorteando las amenazas de Palacio Nacional de que no concedería los permisos federales para ello), una inversión inicial de 5 mil millones de dólares para montar la gigaplanta de Tesla en Monterrey, enterado de lo que había sucedido en Motamoros, subió un tuit en el que simplemente decía “esto es una locura”. Y era verdad. Le llovieron mensajes reclamando que esa planta no se instale en México. Sucesos como el de Matamoros ponen en riesgo las inversiones en el país.
Por supuesto que no es lo mismo Monterrey que Matamoros, donde el control del municipio está bajo control del cártel del Golfo, pero lo que la gente sabe e interpreta, con buena o mala voluntad, es que en la frontera entreEstados Unidos y México se puede secuestrar a cuatro personas con toda impunidad en una zona muy transitada a las doce del día de un viernes y nadie hace nada hasta que tres días después el FBI, no el gobierno municipal, ni el estatal, ni las fuerzas federales, emitieran un alerta demandando su aparición. El secuestro en un primer momento fue ignorado por las autoridades porque, se argumenta, pensaron que eran “migrantes haitianos”; el gobernador Américo Villareal dedicó el fin de semana a hacer montañismo (y lo subía a redes sociales) y no existió hasta que se dio la exigencia del FBI, ninguna movilización especial.
Es más, ahora sabemos dos cosas: primero, que existía desde el viernes un video con el secuestro, que fue obtenido y difundido antes por medios estadounidenses que divulgado por las autoridades mexicanas. Segundo, que todo indica que no hubo un operativo para rescatar a los cuatro secuestrados, dos de ellos ya muertos, sino que fueron abandonados por los criminales.
Ayer, en la mañanera, el presidente López Obrador sostuvo que detrás de las demandas estadounidenses, que incluyen cada vez más la exigencia de declarar terroristas a los grupos del crimen organizado en México, “hay también intereses partidistas, yo diría politiqueros, hay gente muy hipócrita que por ejemplo lamenta estos hechos, los utiliza con propósitos políticos, trafica con el dolor humano”. Claro que hay intereses partidistas y que estos hechos pueden utilizarse con propósitos políticos. Sería ingenuo pensar otra cosa.
Lo que sucede es que viendo la avalancha que se le viene encima, el gobierno federal no se aparta ni un centímetro de una línea discursiva y una estrategia que ha perdido ya su narrativa, que es vista como un fracaso en Estados Unidos y el resto del mundo, como lo exhiben prácticamente todos los medios de referencia internacionales.
Sin duda hay intereses partidarios, relacionados con la elección estadounidense de 2024, para declarar a los grupos criminales de México como terroristas y existe una fuerte presión para que haya algún tipo de intervención directa de fuerzas de seguridad de ese país en el nuestro. Es inaceptable, está bien, pero la pregunta es qué estamos haciendo para contrarrestar esas presiones y esa imagen.
Cuando uno ve cómo operan nuestros grupos criminales no se diferencian demasiado del terror que ejerce el Estado Islámico: secuestros, decapitaciones, personas torturadas y quemadas vivas, ejecuciones sumarias, masacres de mujeres y niños, como parte de una interminable lista de horrores, con un ejercicio de la violencia que se percibe impune, sobre todo cuando se compara con su magnitud.
Hace casi dos años el jefe del comando norte de la Defensa estadounidense, el General VanHercke, dijo que una tercera parte del territorio mexicano estaba fuera del control del Estado. Han pasado los meses y la impresión en las autoridades de ese país es que esa pérdida de control estatal ha crecido y no se hace nada para detenerla.
Sé que en algunos ámbitos la estrategia ha cambiado, con los golpes que se han dado a laboratorios de fentanilo,sobre todo, pero el gobierno lo trata de mostrar como si fuera parte de la misma estrategia de abrazos y no balazos. El presidente López Obrador jamás ha reconocido que su estrategia no funciona en casi ningún ámbito: hay más tráfico de fentanilo, los cárteles se han empoderado y extendido incluso a otros países, se roba y extorsiona más, hasta el huachicoleo hoy es mayor que hace dos años, y hay muchas detenciones, pero se ha optado por no ir contra las cabezas públicas de los cárteles.
Y para colmo, este desastre en la narrativa de seguridad se contamina con temas mucho más tangibles: nos hemos involucrado en batallas legales con Estados Unidos y Canadá por temas energéticos, comerciales, agroindustriales y laborales en las que en casi todos los casos es evidente que las decisiones unilaterales del gobierno han violado el TMEC.
Lo último, lo de las importaciones de maíz genéticamente modificado, cae ya en el ridículo. Casi toda la producción mundial de maíz cae en esa categoría cuya importación el gobierno quiere prohibir porque a un par de trasnochados les parece que así defienden los pueblos y cultivos originarios. Tantos sinsentidos terminarán teniendo costos muy altos.