20.04.2023
¿Cuántas veces hemos escuchado que hay que cuidar a las fuerzas armadas, las instituciones transexenales más sólidas e importantes de nuestro país? ¿cuántas veces hemos dicho que son la última trinchera en términos de seguridad nacional e incluso de seguridad pública, ante la gravísima situación de violencia y crimen organizado que vive nuestro país?. Sin embargo, hoy, están más desprotegidas que nunca.
Comencemos por un punto. Estoy convencido de que la participación militar en temas de seguridad pública no sólo es necesario, es imprescindible por muchas razones. Hoy, y en el futuro cercano, incluso en el mediano plazo, por la sencilla razón de que no contamos con instituciones policiales, salvo alguna excepción local como la ciudad de México, Yucatán o Nuevo León, con capacidades reales para garantizar la seguridad pública.
Cuando comenzó el debate sobre la incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa decíamos que apoyar esa medida era políticamente incorrecto: la exigencia era que la GN fuera una institución civil. Y así está en la Constitución, como lo refrendó la Suprema Corte esta misma semana.
El problema es que no lo es, ni tiene perspectivas de serlo. La GN en los hechos, desde sus mandos hasta sus tropas, está conformada con un altísimo porcentaje de militares y opera con base en esos mandos operativos, coordinada y originados básicamente con el ejército.
Puede gustar o no, pero ese es el modelo desde su origen, y quien llegue al poder en 2024, sea del partido que sea y con la estrategia de seguridad que quiera instrumentar, se va a encontrar con que la Guardia Nacional, el ejército y la marina, serán las únicas instituciones con las que contará para tratar de garantizar la seguridad en el ámbito federal. Y la GN ha sido, desde el inicio, una extensión de la Defensa.
Pero en el debate actual falta política y no existe voluntad de entendimiento. No tenemos un cuerpo policial federal con características civiles que pueda reemplazar a la actual GN. Tampoco se ha intentado construirlo. La Policía Federal fue desaparecida de raíz. No existe tampoco siquiera la idea de un modelo policial y de seguridad para todo el país.
Desde desde sus verdaderos orígenes (que se dieron en el sexenio pasado, con una propuesta de la Sedena para la creación de lo que se llamó entonces la Gendarmería, que terminó siendo un cuerpo más de la Policía Federal), la idea de formar la Guardia Nacional partió de la base de que fuera un cuerpo de la Defensa.
No es sólo un tema de mandos, se trata de que se construyó una institución con carrera, objetivos, principios homogéneos y equivalentes como parte del ejército: quien ingresa a la GN piense en hacer allí una carrera, con un escalafón, grados, ingresos, expectativas equivalentes a los del ejército. Preguntémonos porqué, por ejemplo, un hombre o mujer que ya han hecho una larga carrera en el ejército decidirían abandonar esa trayectoria profesional para inscribirse en una nueva institución que no le garantizara esas mismas perspectivas y prestaciones. La estructura central de la GN está formada por militares en activo que fueron trasladados a esa institución. Si el día de mañana se les informa que deben recomenzar sus carreras simplemente regresarán al ejército o la marina.
El problema no es la Guardia Nacional y donde se encuadra, el verdadero problema es que no tenemos un modelo policial para el país. La GN por sí sola no es una estrategia de seguridad: es un instrumento. Requerimos una estrategia global, de construir fuerzas policiales, civiles, en cada estado, y esas fuerzas deben estar estrechamente vinculadas con la GN permitiéndole a ésta ser más eficiente. Y necesitamos una estrategia operativa diferente.
Todo eso se podría haber logrado con acuerdos incluyentes, con plazos, con procesos progresivos, incluso de transformación de una Guardia con origen militar a civil. Pero los acuerdos se despreciaron desde el oficialismo, tampoco hubo imaginación en la oposición, y hoy hemos quedado en el peor de los mundos posibles, porque se mantendrá el actual esquema ignorando las resoluciones de la Corte (que simplemente hizo respetar lo que dice la Constitución); no tenemos tampoco posibilidad de hacer cumplir la ley y de contar con esa fuerza civil; no existe un trabajo con los estados para conformar un modelo policial homogéneo, operativo, que replique en el ámbito estatal el modelo de una Guardia Nacional sea civil o militar.
Y eso no es lo más grave. En el actual escenario, más allá del discurso presidencial, los hombres y mujeres de las fuerzas armadas, dentro y fuera de la Guardia Nacional, sus mandos y elementos, que se juegan la vida (mucho más cerca de los balazos que de los abrazos) en los temas de seguridad, han quedado legalmente desprotegidos. La decisión política, de gobierno, va por un lado, y la norma legal por el otro. Eso siempre tiene consecuencias. Pero mientras tanto la ley, la seguridad y las instituciones se han convertido en un juego político más.