02.05.2023
En recuerdo de Alejandro Hope,un notable analista y, sobre todo, un hombre confiable y recto.
En medio del torbellino, atropello y desaseo legislativo de fines de la semana pasada, pasó casi desapercibida la gira que iniciaron el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, la secretaria de seguridad, Rosa Icela Rodríguez y el comandante de la Guardia Nacional, el general David Córdova Campos, por distintos estados del país para, entre otros objetivos convencer a sus elementos de que no vayan a abandonar la institución de seguridad una vez que en enero, según resolvió la Suprema Corte de Justicia de la nación, la misma tenga que tener mandos civiles.
Si nos atenemos a las declaraciones presidenciales y a los dichos de los generales y la secretaria en el recorrido que comenzó en Guerrero, no sólo no cambiarán las cosas en la Guardia Nacional, sino que se mantendrán y ampliarán prestaciones, habrá más cuarteles, mayor infraestructura y se piensa cumplir con el objetivo de llegar a los 150 mil elementos al finalizar el sexenio. Ya se están graduando en las escuelas especializadas, dependientes también de la Defensa, los primeros mandos medios de la Guardia Nacional y se piensa tener lo más completo posible el organigrama de mandos completo y en lo posible especializado en tareas policiales, también para cuando concluya esta administración.
No es novedad. Ayer decíamos que ante los contratiempos el presidente López Obrador siempre ha redoblado su apuesta, se equivoque o no. En el tema de la Guardia Nacional se enfrenta a un problema estratégico: su propia reforma estableció constitucionalmente que la Guardia debía tener un carácter civil, pese a que desde el día uno era obvio y evidente que la Guardia sería una institución no sólo nacida desde el ejército (y en parte pequeña de la Marina) sino también controlada desde la Defensa, en términos de personal, logística, formación, presupuesto, mandos. El primer año de funcionamiento de la GN fue complejo precisamente porque mientras todo eso provenía de la Defensa, había lineamientos y ordenamientos, de compra de equipos y armamento, incluyendo designaciones, que se tomaban desde la Secretaría de Seguridad y existían incompatibilidades, operativas y logísticas.
Cuando la GN quedó bajo control de la Defensa se pudo avanzar con mayor rapidez en su conformación y crecimiento, aunque se debe asumir que se trata de una institución aún en formación.
Siempre he creído que debemos avanzar hacia una institución policial civil. Pero para ello hoy no tenemos más opción que hacerlo desde el ámbito militar. No se inventan las instituciones y su estructura, desde personal y logística hasta manuales y formas de operación, no pueden surgir de la nada.
No es ni la primera ni será la última instancia policial que ha nacido en el ámbito militar y con el tiempo ha trascendido hacia el civil. Algunas policías están aún en esa situación, como los carabineros chilenos o la policía nacional colombiana (que el presidente Gustavo Petro quiere convertir en civil por decreto y todo indica que sencillamente no puede hacerlo), otras como la policía francesa o la italiana nacieron como militares y se han ido transformando con el tiempo en civiles, pero estamos hablando de policías que nacieron hace más de un siglo como tales.
Para eso se requiere lo que no hubo: negociación política, acuerdos, calendarios de largo plazo, estrategias claras de crecimiento y operación. Se trata de, con base en objetivos y realismo político, poder hacer transformaciones.
Es preocupante el vacío legal porque existe la posibilidad, como hemos explicado muchas veces, que al estar la GN formada por militares muchos de ellos decidan en enero, si está en riesgo su antigüedad, sus prestaciones, sus carreras, simplemente regresar a sus orígenes, al ejército, como tienen derecho a hacerlo. Existen en ese sentido hasta problemas logísticos evidentes que habría que solucionar, porque la estructura de la GN depende todavía en mucho de la Defensa.
No me gusta la actual estrategia de seguridad y creo que tampoco se está aprovechando plenamente las posibilidades de la Guardia Nacional. No tiene sentido tener a miles de elementos de la Guardia desplegados en el territorio nacional haciendo presencia y tareas de reconocimiento y sólo actuando ante hechos en flagrancia o respondiendo agresiones. La GN tiene que tener mayor operación, tiene que tener capacidad de investigación, más aún porque nuestras policías de investigación son raquíticas en casi todo el país. La Guardia está creando áreas de inteligencia y debe avanzar también en un esquema legal que le permita investigar y operar con respaldo y estrategia. Eso es, en términos reales, más importante que saber si hoy depende de la Defensa o no.
La adscripción civil de la GN se puede y debe negociar, se pueden establecer tiempos, plazos, proceso, objetivos que se puedan medir y comprobar y a partir de allí transformar. Pero lo que no se puede obviar es que a la única institución policial que tenemos en el país de verdadero carácter federal, se le deben dar, y deben ser claros los términos en los que se le dan, todos los instrumentos para poder ser más eficiente.
Nos debe preocupar y mucho que desde el gobierno federal lo esencial se pierda de vista, se imponga la cerrazón a cualquier negociación y en la oposición no exista la imaginación y el pragmatismo para asumir ese desafío desde la política real. El problema es que la seguridad se ha convertido en un espacio más de la política partidaria en pleno periodo electoral. Y cuando eso ocurre los que pierden al final siempre son los ciudadanos.