03.07.2023
El cielo estaba encapotado, nublado, terminó lloviendo, el Zócalo estuvo lleno, pero menos que otras veces y se fue vaciando cuando aún no concluía el evento, a pesar de que había, se dijo, gente de 25 estados que habían sido traídos para conmemorar el quinto año del triunfo electoral de López Obrador. El evento, que sería una celebración, se tornó una suma de consignas y, sobre todo, un mitin contra la oposición.
No deja de asombrar la absoluta ausencia de algo parecido a la autocrítica, o el reconocimiento de que hay cosas que no funcionan. El presidente López Obrador dijo que en el país “hay justicia y tranquilidad social, se avanza hacia la erradicación de la violencia” y subrayó que México “no es un narcoestado”.
Los hechos lo desmienten. Hay más de 160 mil asesinatos en lo que va del sexenio y más de 30 mil desaparecidos. Pero el tema va más allá de las estadísticas. El miércoles fueron secuestrados 16 trabajadores de la secretaría de seguridad de Chiapas, en medio de una creciente violencia en ese estado, con zonas fuera del control gubernamental. San Cristóbal de las Casas es, según datos oficiales, la segunda ciudad del país con mayor porcentaje de narcomenudeo del país, se consigue de todo en cualquier lugar. El presidente López Obrador, ante el secuestro de los trabajadores pidió que los soltaran o sino acusaría a los secuestradores, del cártel del Noreste, “con sus papás y abuelos”. Los secuestradores pedían la liberación de una cantante secuestrada el 22 de junio pasado (que sería pareja de uno de sus líderes y que aún no aparece) y quitar a tres funcionarios que acusa de estar ligados al cártel de Sinaloa, al grupo de los Chapitos.
Vimos a los secuestrados en videos hincados y rogando por su vida, a sus familiares tomando calles y reclamando por su liberación. 72 horas después, los secuestrados aparecieron solos, caminando casi frente a las oficinas de la secretaría de seguridad en Tuxtla. El gobernador Rutilio Escandón, que había tardado dos días en aparecer, se apresuró a agradecer a las fuerzas de seguridad por la liberación de los secuestrados. Pero éstos habían sido liberados, en pleno Tuxtla, por los secuestradores, las fuerzas de seguridad no los encontraron, mucho menos los liberaron. Los familiares terminaron agradeciendo por la liberación a los criminales, no a las autoridades.
El miércoles a la medianoche estalló, en un acto de terrorismo casi inédito, un carro bomba en Celaya. La Guardia Nacional había recibido una denuncia de que había una camioneta con cuerpos en su interior, cuando fueron a investigar hicieron estallar el carro bomba. Quedaron diez GN heridos, tres de ellos graves. También ese jueves, fue asesinado el jefe de policía de Linares, Nuevo León, y en la Costa Chica de Guerrero fue asesinado el líder del PVEM, que había sido secuestrado un par de días antes.
El viernes en La Ruana, Michoacán, fue asesinado Hipólito Mora, líder de uno de los grupos de autodefensa de la Tierra Caliente. Era el cuarto atentado que sufría en el año. Un par de custodias también fueron muertos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se apresuró a explicar que le había dicho a Mora que se mudara a Morelia porque de otra forma el gobierno no lo podía proteger. En otras palabras, en el único lugar del estado donde las autoridades pueden proteger a alguien es en la capital. Unos días antes en Apatzingán, las extorsiones, secuestros y balaceras ocasionaron el desplazamiento de cientos de familias. Lo denunció Mora un día antes de su asesinato.
En la semana, la alcaldesa de Tijuana nos mostró la “modesta” vivienda que tiene en el cuartel militar de la ciudad, porque no se siente segura ante la ola de violencia que azota a la ciudad fronteriza. Lo dos millones de habitantes de Tijuana no tienen donde refugiarse. Otra alcaldesa, la de Chilpancingo, explicó que los siete cuerpos destazados que le dejaron casi frente a la alcaldía con mensajes por no haber cumplido sus compromisos con los criminales, eran simples amenazas a las que no había que tomar en cuenta. Mientras tanto ese cártel, el de los Tlacos, que surgió también de una de esas policías comunitarias que son parte del crimen organizado, controla hasta el precio de la tortilla en la capital del estado. En la Tierra Caliente, también en Guerrero, doce alcaldes piden protección porque en la zona los que mandan son los de la Nueva Familia Michoacana, como ocurre en buena parte del estado de México, desde Valle de Bravo hasta Tenancingo, Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal.
En Guachochi, en plena sierra tarahumara, donde hace unos días una iglesia jesuita había sido acribillada con 700 balazos, murieron ocho personas en un enfrentamiento, no hay casi información por el aislamiento de la zona, abandonada también por las autoridades. Regresando a Chiapas, en torno a Frontera Comalapa, en la sierra, se siguen dando los enfrentamientos entre grupos criminales, siguen los desplazamientos y el reclamo de la gente pidiendo intervención de las fuerzas de seguridad. Tarahumaras y tzotziles, los más pobres entre los pobres, siguen siendo víctimas de la delincuencia sin protección alguna.
Todo eso ocurría horas antes de que se asegurara que estamos avanzando en “erradicar la violencia”, que “no somos un narcoestado” y que vivimos “con justicia y tranquilidad social”. Por cierto, estamos cerca, se volvió a asegurar, de tener un sistema de salud como el de Dinamarca.