Cuando en 1994 se dio el asesinato de Luis Donaldo Colosio y más tarde el de José Francisco Ruiz Massieu, se habló, y mucho, del clima político que se había generado en el país y se decía que ese clima había propiciado esos dos asesinatos que cambiaron el rumbo de México. En parte era verdad: a los desencuentros y la polarización política, se unieron hechos violentos y desestabilizadores que iban desde el levantamiento zapatista en Chiapas hasta los secuestros de empresarios como Alfredo Harp Helú y Angel Lozada, y una lucha descarnada por el poder como pocas veces habíamos visto en nuestro país desde el fin de la revolución.
Aquel clima político es cosa de niños comparado con el que estamos viviendo en la actualidad: la polarización es mucho mayor, la falta de control sobre territorio nacional también, el crimen organizado tiene una potencia y un poder inimaginable en aquellos días, y la violencia que entonces era excepción hoy es la norma.
Este fin de semana, en Altamirano, Chiapas, fueron secuestrados cinco encuestadores de Morena, dos de ellos asesinados, un tercero está aún desaparecido y dos mujeres fueron liberadas, la dirigencia del partido anunció que revisará la forma de hacer las encuestas por las condiciones que se viven en el estado. Eran encuestadores, imagine usted a candidatos en una campaña electoral.
Apenas ayer fueron liberadas quince personas que estaban en un campamento de reclusión del crimen organizado en Zacatecas, entre ellos un triatleta retenido desde agosto pasado y un dirigente del SNTE. La impunidad es norma: han pasado meses desde el atentado contra Ciro Gómez Leyva y estamos lejos de saber quién lo ordenó y porqué, mientras siguen sumándose los asesinatos de periodistas y las amenazas contra quienes ejercemos esta profesión son cotidianas. Los índices de impunidad ante los delitos denunciados (mucho menor que los cometidos) superan el 98 por ciento. Y casi el 70 por ciento de la población siente que la situación en términos de seguridad ha empeorado.
En ese clima, para utilizar el vocabulario de los años 90, la seguridad del proceso electoral es endeble. Decía el presidente de Morena, Mario Delgado, después del asesinato de los encuestadores en Chiapas que las candidaturas de su partido están protegidas del crimen organizado. No es verdad, ni las de Morena ni las de la oposición.
Tenemos los ejemplos de 2021 y 2022, en procesos electorales mucho más pequeños y de menor trascendencia que el que tendremos en 2024, que han exhibido numerosos casos de violencia e intervención del crimen y de otros factores de poder, sobre todo en el ámbito local.
Me parece básico que se haya ofrecido protección a las virtuales candidatas presidenciales y espero que tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez la hayan aceptado. Tiene que privar ante este clima de polarización y confrontación que vivimos, un poco de sensatez y construir espacios básicos de confianza: no se trata de ingenuidad sino de asumir, y creo que todos los principales actores de este proceso por lo menos en eso están de acuerdo, que una disrupción como la de 1994 sería infinitamente costosa para la estabilidad y el futuro del país.
Me asombra que haya quienes cuestionen la creación de mecanismos de seguridad para los principales candidatos, tanto en el ámbito federal como local. La seguridad de todos los principales participantes del proceso electoral debe ser una responsabilidad del Estado, pero también debe ser asumida como tal por los aspirantes y los actores. No es verdad que la seguridad puede vulnerar su capacidad de maniobra, o sus campañas. Debe ser una exigencia de las mismas y quienes están en ellas deben operar desde esa perspectiva. No se trata sólo de desafiar el potencial daño personal, de valentía o de dar la cara, se trata de comprender que representan mucho más que simples individuos. Su singularidad en la vida política y en la estabilidad del país exige hacer todos los esfuerzos de seguridad necesarios a sus campañas.
Esa es una realidad para el presidente López Obrador (que finalmente se olvidó de esa irresponsabilidad que implica el trasladarse en vuelos comerciales o el hacer recorridos de horas por carreteras), para Xóchitl y Claudia, pero también para muchos otros, como Omar García Harfuch, y para quienes hagan campaña en zonas complejas del país como Chiapas, Guerrero, Zacatecas, Michoacán. Recordemos que cerca de un tercio del territorio nacional está controlado o con fuerte presencia de grupos criminales y que, como lo vemos con las oleadas migrantes, el control sobre las fronteras, y por ende sobre los ingresos y salidas del país, es por lo menos relativo. Las provocaciones son ,en este clima, por lo menos una tentación, interna y puede ser que también externa.
Decía Albert Einstein que la preocupación por el hombre y su seguridad, debe ser el interés principal de todos los esfuerzos. Es verdad, eso no debe implicar un menoscabo de la libertad de expresión o movimiento, pero sí una responsabilidad que las autoridades deben estar obligadas a dar y los actores políticos a asumir. Por cierto, nada vulnera tanto ese seguridad y alimenta este clima de violencia que la impunidad constante y manifiesta que vivimos.