Los trabajadores del poder judicial están indignados, con todo derecho, por la reforma que quiere desaparecer, en realidad absorber para el ejecutivo federal, los fideicomisos que ha construido ese poder a lo largo de los años con sus propios recursos presupuestales, para garantizar distintos derechos de sus trabajadores.
Pero, además, están indignados porque en plena mañanera el presidente acusó sus trabajadores de ser vagos, privilegiados, de ser los responsables del rezago judicial, los acusó de corruptos y de ser los responsables de que la justicia no funcione. Como ejemplo, puso las vacaciones del poder judicial (equivalentes a las de ese poder en todas las democracias del mundo) y por supuesto, exhibió la historia de su desafuero en 2005 porque, dijo, le “inventaron” que no acató un amparo (no fue invento alguno, el entonces jefe de gobierno no acató el amparo para frenar una obra en la zona de Santa Fe y eso ocasionó la denuncia de desafuero ¿fue un exceso político que no dependía de los jueces? Sí; ¿fue un invento de los jueces? No; ¿el entonces jefe de gobierno utilizó el intento de desafuero para potenciar su candidatura de cara al 2006? Por supuesto).
No es verdad que los 15 mil millones de pesos que se quieren quitar al poder judicial vía la desaparición de los fideicomisos son para privilegios de los miembros de la Corte o de la Judicatura Federal. Ignacio Mier, el líder de los diputados, desesperado por la gubernatura de Puebla, llegó al despropósito de decir que se usaba para automóviles blindados y lujos de los ministros. Pero ni un peso de esos fideicomisos se usa para ello. Y creo que la seguridad de algunos jueces, magistrados y ministros de la Corte tendría que estar fuera de cualquier discusión. Pero, insisto, el dinero de los fideicomisos no se usa para ello.
La enorme mayoría se usa para pensiones y para mejorar la infraestructura. Para pensiones complementarias, hay 8 mil 500 millones de pesos en fideicomisos, son para mandos medios, y superiores, para personal operativo, magistrados y jueces jubilados. Los fideicomisos (como los tiene desde la secretaría de la Defensa hasta la de Bienestar) se construyen con los recursos de las dependencias para poder controlar el desarrollo de programas o derechos en el futuro y evitar, lo que ahora se está haciendo, recortes o decisiones presupuestales que los afecten. En el poder judicial es doblemente importante, porque es una forma de garantizar la autonomía de ese poder respecto al ejecutivo y a un legislativo, como ahora, casi plenamente subordinado al primero.
Tres fideicomisos que se intentan desaparecer son para pensiones complementarias a las del ISSSTE y van de director general a secretario de estudio, no incluye a mandos altos ni tampoco a ministros en retiro y suma 830 millones de pesos.
El de pensiones complementarias a mandos medios y personal operativo, tiene dos mil 900 millones de pesos y otro es de 4 mil 700 millones con pensiones complementarias para jueces y magistrados jubilados.
Uno muy importante y que depende del Consejo de la Judicatura, es el fideicomiso de Infraestructura. Son 4 mil 700 millones que sirven para implementar todos los cambios derivados de las reformas judiciales e incluso los compromisos adquiridos en el ámbito de la justicia por el T-MEC. No hacerlo implicaría claras violaciones a compromisos legales e incluso internacionales del país.
Otro fideicomiso está destinado a apoyar a jueces y magistrados cuando se deben cambiar de adscripción, cuando son cambiados de ciudades y estados, lo que ocurre con normalidad, para apoyarlos con vivienda y traslados.
Todos estos son constitucionalmente derechos adquiridos por los trabajadores del poder judicial y no pueden ser despojados de ellos, la ley tampoco puede ser aplicada en forma retroactiva.
Son muchos los fideicomisos, en todos los ámbitos, que han sido desaparecidos durante esta administración porque sus objetivos no eran del gusto del ejecutivo federal, entre otras razones porque, como dijimos, su existencia permite la continuidad de programas aunque sean castigados presupuestalmente: pero ninguna de esas decisiones ocasionará tanto daño como lo que se intenta hacer con el poder judicial.
Nuestro sistema de justicia es sumamente imperfecto, lo sabemos y lo comprobamos todos los días. Existen en ciertos espacios corrupción, tráfico de influencias, rezagos en la impartición de justicia. Nada de eso es nuevo. Pero para avanzar en ese ámbito (y desde la reforma del sexenio de Calderón en adelante se ha avanzado aunque mucho más lentamente de lo deseable) se requieren voluntad política, programas claros y recursos. El gobierno federal y el legislativo no han abonado en nada más allá de las quejas y denuncias (es incomprensible que una vez en la semana en la mañanera se denuncie “a los jueces que liberan criminales” sin hacer por lo menos un análisis básico de porqué fueron liberados, porque en muchos de sos de los casos fue por error de quienes los detuvieron o de quienes integraron las carpetas de investigación).
Un dato explica el rezago judicial: en Europa hay 65 jueces por cada 100 mil habitantes, en México sólo cinco por cada cien mil habitantes. ¿Alguien puede creer que reducir los recursos y recortar el poder judicial servirá para mejorar la justicia?. Servirá para aumentar el rezago y con ello la posibilidad de corrupción.