Una de las reformas que se enviará al congreso en febrero y sobre la que el presidente López Obrador dijo que ya existía consenso para su aprobación entre todas las fuerzas políticas es la que incorpora a la Guardia Nacional al esquema institucional de la Defensa Nacional. Lamentablemente, el dicho presidencial no es verdad y lo será menos si se presenta esa reforma junto con la del poder judicial, la de la desaparición de organismo autónomos y una reforma electoral.
La decisión de enviar este paquete, que no tiene posibilidades de ser aprobado por el congreso, junto con la reforma para la Guardia Nacional es particularmente desafortunado, porque en este último tema sí se podría y se debería tener acuerdos para avanzar.
Todos hablan de que hay que cuidar a las fuerzas armadas, que son las instituciones transexenales más sólidas e importantes de nuestro país. Para la gente y para los especialistas son la última trinchera en términos de seguridad nacional e incluso de seguridad pública, ante la gravísima situación de violencia y crimen organizado que vive nuestro país. Pero no se actúa con base en esa lógica.
Estoy convencido, lo hemos dicho muchas veces, de que la participación militar en temas de seguridad pública no sólo es necesario, es imprescindible por muchas razones. Hoy, y en el futuro cercano, incluso en el mediano plazo, por la sencilla razón de que no contamos con instituciones policiales, salvo alguna excepción local como la ciudad de México, Yucatán o Coahuila, con capacidades reales para garantizar la seguridad pública.
Cuando comenzó el debate sobre la incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa decíamos que apoyar esa medida era políticamente incorrecto, pero era necesaria: la exigencia era, es, que la GN fuera una institución civil, como está en la Constitución, y como lo refrendó la Suprema Corte. Pero resulta que la GN es una institución militar.
La GN desde sus mandos hasta sus tropas, está conformada con un altísimo porcentaje de militares (85 por ciento) y opera con base en esos mandos operativos, coordinada y originados básicamente con el ejército.
Puede gustar o no, pero ese es el modelo desde su origen, y quien llegue al poder en 2024, sea Claudia o Xóchitl, y más allá de la estrategia de seguridad que quiera instrumentar, se va a encontrar con que la Guardia Nacional, el ejército y la marina, serán las únicas instituciones con las que contará para tratar de garantizar la seguridad en el ámbito federal.
La GN debe estar, como en los hechos lo está, incorporada a la Defensa, y si queremos darle una protección legal, laboral y profesional a sus integrantes, así debe reconocerse constitucionalmente. Se puede y se debe llegar a acuerdos que privilegien, además, la construcción de un sistema policial en los estados, con 32 mandos estatales coordinados con la GN, coherente y homologado, con recursos para construirlo. Se debe trabajar en crear, en la federación y en los estados, auténticas policías de investigación, todo eso es posible y deseable.
Desde desde sus orígenes (que paradójicamente se dieron en el sexenio pasado, con una propuesta de la Sedena para la creación de lo que se llamó entonces la Gendarmería, que terminó siendo un cuerpo más de la Policía Federal), la idea de formar la Guardia Nacional partió de la base de que fuera un cuerpo de la Defensa.
No es sólo un tema de mandos, se trata de que se construyó una institución con carrera, objetivos, principios homogéneos y equivalentes como parte del ejército: quien ingresa a la GN piensa en hacer allí una carrera, con un escalafón, grados, ingresos, expectativas equivalentes a los del ejército. Preguntémonos porqué, por ejemplo, un hombre o mujer que ya han hecho una larga carrera en el ejército decidirían abandonar esa trayectoria profesional para inscribirse en una nueva institución que no le garantizara esas mismas perspectivas profesionales y prestaciones. Si el día de mañana se les informa que deben recomenzar sus carreras, simplemente regresarán al ejército o la marina. La reforma aprobada esta semana para garantizarles sus prestaciones es a todas luces insuficientes, porque lo que tienen los integrantes de la GN es una carrera militar y profesional que va mucho más allá de algunas prestaciones.
El problema no es si la Guardia Nacional está o no en la Sedena: el verdadero problema es que no tenemos un modelo policial para el país. La GN por sí sola no es una estrategia de seguridad: es un instrumento. Requerimos una estrategia global, de construir fuerzas policiales, civiles, en cada estado, y esas fuerzas deben estar estrechamente vinculadas con la GN permitiéndole a ésta ser más eficiente. Y necesitamos una estrategia operativa diferente.
Todo eso se podría lograr con acuerdos incluyentes, con plazos, con procesos, incluso de transformación progresiva de una Guardia con origen militar a una civil a lo largo de los años, como ha ocurrido con casi todas las grandes instancias policiales del mundo. Hoy estamos en el peor de los mundos posibles: no tenemos posibilidades de hacer cumplir la ley y de contar con esa fuerza civil; no existe un trabajo con los estados para conformar un modelo policial homogéneo, operativo, que replique en el ámbito estatal el modelo de la Guardia Nacional sea civil o militar. Y los hombres y mujeres de las fuerzas armadas, dentro y fuera de la Guardia Nacional, sus mandos y elementos, están legalmente desprotegidos. Hagamos un poco de política real.
PD: nos tomaremos unos días de descanso, esta columna se volverá a publicar el 2 de enero próximo. Muchas gracias, muchas felicidades y lo mejor en este próximo 2024.