No hubo ningún rescate de migrantes en Tamaulipas como anunciaron la secretaría de gobernación, Luisa María Alcalde, el vocero presidencial Jesús Ramírez y el gobernador Américo Villareal. Desde el miércoles, según lo había confirmado la fiscalía estatal, sabíamos que los migrantes secuestrados el 30 de diciembre había sido liberados por sus propios captores. Hoy sabemos también que los liberaron después de que muchos de ellos pagaron las extorsiones que les impusieron los delincuentes.
No hubo ni un solo detenido por estos hechos, que están muy lejos de ser “atípicos” como también dijo la secretaria de seguridad, Rosa Icela Rodríguez: todos los días hay secuestros de migrantes sobre todo en la frontera norte, pero en realidad en todo el trayecto que controlan los grupos criminales desde el sur hasta el norte del país. Incluso en este caso ha sido extraño que entre las personas liberadas, siguiendo otra vez lo dicho por las autoridades locales, no hay colombianos cuando el propio presidente de ese país, Gustavo Petro, había pedido la liberación de cuatro de sus compatriotas. Queda la duda de si los liberados son en realidad los que fueron secuestrados el 30 de diciembre u otros de los muchos que sufren una tragedia similar.
Lo que sucede en el tema migratorio es gravísimo. Ya de por sí las oleadas de migrantes configuran una crisis humanitaria real que no estamos ni remotamente atendiendo. Pero el hecho de que el crimen organizado haya tomado el control del tráfico de personas, redobla los costos de esa crisis y el sufrimiento de las personas. Los migrantes no sólo sufren condiciones inhumanas en su trayecto por México y otros países para tratar de llegar a la frontera con Estados Unidos, tampoco tenemos mecanismo alguno de cobijo o contención para ellos.
Deben enfrentarse a las bandas criminales que los extorsionan, en ocasiones cooptan por la fuerza a hombres para convertirlos en sicarios, violan y prostituyen a mujeres y niñas. Esa es la verdad. Y existe una absoluta indiferencia hacia el tema: un ejemplo, ayer el presidente López Obrador volvía decir que han disminuido los secuestros. El problema es que los miles de migrantes secuestrados y extorsionados no entran a esa lista, es como si no existieran.
Entiendo, decíamos hace ya muchos meses, que ningún país puede tener fronteras abiertas, como prometió después de ganada la elección de 2018 el ahora presidente López Obrador; entiendo que la seguridad nacional y pública requieren restricciones, en ocasiones más duras que las normales, para garantizarlas; entiendo que las olas migratorias están resultando políticamente inmanejables para Estados Unidos y que nuestros vecinos requieren de la cooperación de México para frenarlas; y creo firmemente que México debe brindar ese apoyo.
Pero también debemos entender que no se está garantizando la seguridad mínima de los migrantes, que las restricciones impuestas en México son tan volubles que lo que fomentan son la corrupción, la impunidad y dejan a los migrantes en un marco legal absolutamente difuso; entiendo que al no tomar ninguna medida adicional la desprotección marca tanto a migrantes como a las poblaciones, sobre todo en frontera norte y sur, donde ellos se asientan. Y entiendo que no se puede desligar lo que sucede en la migración del crimen organizado y, por ende, la laxitud de la política de abrazos y no balazos se extiende hacia las ramas del crimen organizado que participan en ese proceso de tráfico de personas, como lo volvimos a ver en Tamaulipas.
No tenemos una política migratoria, como no tenemos una estrategia de seguridad eficiente y verosímil para la sociedad. Y la migración y la seguridad están cada vez más íntimamente relacionadas.
Los acuerdos sobre migración con Estados Unidos van y vienen pero se han convertido en una moneda de cambio. Se ha pasado de las fronteras abiertas al endurecimiento y de éste a la laxitud y viceversa, de acuerdo a las circunstancias coyunturales. Quizás no se puede frenar el flujo migratorio antes de que llegue a la frontera, pero de allí a que no se haya roto prácticamente ninguna trama criminal internacional que maneja estos flujos migratorios es desconcertante.
A todo esto hay que sumarle algo en lo que hemos insistido muchas veces: con países con los que México es en extremo indulgente, como Cuba, Nicaragua, Venezuela que son de los que mayor cantidad de migrantes envían a México, habría que tener mayor firmeza. Si México reconociera que esos países son gobiernos autoritarios, dictatoriales, donde se violan los derechos de sus ciudadanos, como lo hizo en el pasado con la España franquista, con Argentina, Chile y Uruguay, con las naciones centroamericanas, durante las dictaduras, podría tener una política de asilo transparente y eficiente, como la tuvo durante décadas. Pero como esos son considerados gobiernos amigos y hasta humanistas, México no tiene una política humanitaria con sus refugiados.
Se suceden desde hace años las masacres y delitos graves. En San Fernando, en Tamaulipas, decenas de migrantes fueron asesinados por narcotraficantes; en diciembre del 2021, medio centenar de migrantes murieron asfixiados en la caja de un tráiler. Muchos otros han tenido el mismo destino a manos de criminales y traficantes, terminan secuestrados, extorsionados, violados, obligados a integrarse a bandas criminales. Y en este nuevo caso aparece otro agravante: los secuestradores todo indica que están coludidos con elementos de la policía local.