La no ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía de Justicia de la ciudad de México, estaba decidida desde aquella filtración al New York Times sobre presuntas tareas de espionaje contra distintos personajes políticos, de la oposición, pero también de Morena, producida en noviembre pasado. Morena y sus aliados hicieron todo para tratar de lograr que Godoy se quedara en la fiscalía, pero eso era ya, desde entonces, inviable.
Es indudable que la fiscalía capitalina ha sido parte de los éxitos que ha tenido la seguridad en la capital del país, y que Godoy encabezó algunos cambios importantes en la estructura interna de la FJCDMX, en el crecimiento de la policía de investigación y de distintos servicios de la fiscalía (por ejemplo en el ámbito pericial) y en la atención de varios delitos.
Pero eso, políticamente, fue opacado por una serie de conflictos que detonaron la posibilidad de la ratificación: por una parte las investigaciones contra destacados panistas en la ciudad de México (vistas como una forma de bloquear al grupo político al que pertenece Santiago Taboada) que implicó que se le abrieran carpetas de investigación y se libraran órdenes de aprehensión contra varios varios de los principales dirigentes opositores en la ciudad, algunas probablemente justificadas, otras francamente difíciles de comprender, como la que se abrió por presunto secuestro en Colima contra Taboada.
Lo mismo ha ocurrido con colaboradores de Miguel Mancera de la anterior administración local y como vimos esta semana contra priistas relacionados con el ex dirigente local Cuauthémoc Gutiérrez, un personaje imposible de defender. Entre las controversias están los casos contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona o el de la jueza que fue detenida en la ciudad de México para llevarla a Veracruz, en una suerte de favor político al gobernador Cuitláhuac García (la jueza quedó en libertad porque el caso no tenía sustento alguno).
Pero fue la publicación del NYT en noviembre lo que terminó de romper cualquier posibilidad de negociación para alcanzar las dos terceras partes de los votos en el congreso capitalino. Según el NYT, la fiscalía exigió a Telcel la información de llamadas y mensajes durante un periodo de dos años, de 2021 hasta hace unos meses, de numerosos políticos, incluso de Morena. Telcel reconoció que recibió las órdenes y entregó los registros. Lo más grave, según el expediente revisado por el NYT, es que las órdenes que recibió la empresa para entregar esa información se basaba en la presunta relación de esos personajes políticos, y de otros más, con investigaciones sobre secuestros y desapariciones forzadas, algunos de ellos en Colima, delitos en los que evidentemente no estaban involucrados. Nunca quedó claro de donde provino la filtración que recibió el NYT. La Fiscalía siempre lo negó, pero no pudo desmentirlo.
Tampoco ayudó en el proceso que la fiscal Godoy estuviera tan relacionada políticamente con la candidata Clara Brugada (sobre todo después del controvertido proceso interno que dejó fuera a Omar García Harfuch) y con Martí Batres, o que, en relación con el mismo grupo político, haya sido tan desafortunada la designación presidencial de Lenia Batres para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La fiscal Godoy presentará su último informe de labores y si se pudieran desprender las decisiones políticas de las eminentemente institucionales, se tendría que reconocer que su desempeño tuvo claroscuros, aspectos positivos y negativos. El problema es que no podemos pretender tener fiscalías autónomas e independientes cuando evidentemente tienen un perfil partidario tan marcado y cuando se involucra tanto la política con las decisiones judiciales.
Ernestina Godoy es una mujer que todavía tendrá mucha proyección: su relación con el presidente López Obrador es muy buena y también con Claudia Sheinbaum, pertenece al equipo de Brugada, tiene ella misma un buen equipo en torno suyo y no dudo que tendrá alguna posición importante en el futuro inmediato. Vienen designaciones en el poder judicial, local y federal, cargos de elección popular (se habla de una senaduría para Godoy) y reacomodos en la lucha interna de Morena (que estarán determinados sobre todo por lo que suceda en junio en la ciudad de México).
Pero la ratificación sencillamente no era viable como consecuencia del clima de polarización que ha impuesto el gobierno federal y en el que ha caído, quizás también en forma inevitable, la propia oposición. Si no hay disposición a negociar nada, no habrá jamás acuerdo alguno.
Lo cierto es que habrá que elegir un nuevo o nueva titular de la fiscalía, lo que ocurrirá seguramente hasta el próximo sexenio, una fiscalía que tendrá un periodo de cuatro años (lo que quiere decir que, gane quien gane las elecciones de junio próximo, en 2028 nos volveremos a enfrentar a un conflicto de esta naturaleza) y esa decisión dependerá de cómo queden los equilibrios internos en Morena y entre el oficialismo y la oposición en la ciudad después de junio.
Mientras tanto, tendremos una fiscalía interina con la que se incrementará el clima de polarización actual, con denuncias contra dirigentes y candidatos opositores, porque esa es parte de la estrategia decidida en el gobierno local y federal. Y cuanto más se politiza la procuración de justicia más espacios se abren a la impunidad.