Con un abrazo solidario para Azucena Uresti
El 5 de febrero próximo el presidente López Obrador no presentará sólo una serie de reformas constitucionales de fondo, en realidad lo que hará es avanzar en su viejo objetivo de crear una nueva constitución y construirla a su imagen y semejanza, sin necesidad de tener que pasar por una molesta asamblea constitucional de amplia participación.
El camino marcado por el presidente para ello ya inició después de las elecciones del 2021: ninguna negociación, iniciativas que se aprueban sin mover ni una coma por sus partidarios en el congreso, presentadas en muchas ocasiones en forma de leyes para que puedan salir por mayoría simple, aunque violen la constitución, y cuando esas iniciativas se topan con la Suprema Corte, lo que se hace es cuestionar a la Corte o simplemente de facto ignorar sus decisiones. Y usar esas acciones de inconstitucionalidad para justificar el propio desmantelamiento de la Corte y de un poder judicial autónomo.
Lo cierto es que todo lo que se propondrá el 5 de febrero difícilmente podrá pasar porque no le alcanzan los votos a Morena, por lo menos hasta que el primero de septiembre se instale el nuevo congreso; algunos otros son anuncios imposibles de implementar económicamente como las pensiones de cien por ciento del último salario percibido, o la desaparición de todos los organismos autónomos, argumentando medidas de austeridad sin sentido alguno. Se propondrán también cambios de fondo en el poder legislativo, el sistema judicial, en el electoral, con el objetivo de regresar a un sistema de gobierno sin contrapesos y concentrado en torno al ejecutivo.
Es, en los hechos, otra constitución donde lo que se aspira es a demoler el sistema político de contrapesos construido durante la larga transición democrática que inició con la reforma de Reyes Heroles en el 79 y tuvo su culminación con el triunfo de López Obrador en el 2018. Desde que asumió, la actual administración ha trabajado constantemente para desmantelarla y regresar al viejo sistema político.
Siempre el objetivo presidencial ha sido una nueva constitución, se ha planteado muchas veces, pero nunca ha alcanzado los consensos mínimos para poder sacarla adelante, pero es lo que sigue haciendo ahora y pretende hacerlo de facto. Es lo mismo que han intentado hacer y en ocasiones lograron, los demás regímenes populistas de izquierda en América latina: Chávez y Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, impusieron sus constituciones de facto, cuando se quiso realizar siguiendo mecanismos democráticos terminaron en fracasos como le ocurrió a Gabriel Boric en Chile.
En un hecho inédito, el presidente no va a Querétaro a la ceremonia por la promulgación de la Constitución de 1917, esa carta magna ya no lo representa, y por eso desde Palacio Nacional anunciará su amplísima propuesta de reformas constitucionales, que en realidad es su Constitución, la que ya ha modificado en profundidad pero que, si logra imponer estas nuevas iniciativas, terminará teniendo definitivamente el rostro que el lopezobradorismo quiere.
Y aunque no lo logre ahora, o en el estrecho periodo de septiembre, antes de que deje el poder, habrá logrado dos cosas importantes: imponer la agenda, la ruta política del próximo gobierno, y terminar de bloquear cualquier intento de Claudia Sheinbaum de deslindarse, aunque sea parcialmente, de su antecesor.
Para el sentido histórico que tiene de sí mismo el presidente López Obrador, sintetizada en su propia definición de la cuarta transformación, como el continuador de Hidalgo, Benito Juárez, Madero, Lázaro Cárdenas, su gobierno es la etapa siguiente a la independencia, la reforma, la revolución, cada una ha tenido sus ordenamientos legales, sus constituciones, ¿por qué López Obrador no tendría la suya?.
Militares en libertad
Una de las muchas perversiones que ha tenido la investigación del caso Ayotzinapa, fue la de aceptar como buenos los testimonios de los testigos protegidos, muchos de ellos sencillamente inventados o inducidos por la propia fiscalía especial, para construir un caso de acuerdo a las necesidades políticas del gobierno, no para encontrar la verdad.
Lo terrible es que en esa lógica se fue liberando a todos los sicarios que habían sido detenido el sexenio pasado, incluyendo los autores materiales, con la idea de acabar con la llamada verdad histórica y demostrar que “fue el Estado” el responsable de aquella terrible jornada. En esa lógica se liberó a los asesinos y se detuvo a trece militares, y al ex procurador Jesús Murillo Karam, aunque no tuvieran responsabilidad alguna en esos hechos ni mucho menos pruebas que los involucraran.
Ayer se ordenó la liberación de ocho militares, otro había sido liberado antes, continúan detenidos otros cinco, entre ellos el general Rodríguez Pérez y el procurador Murillo. Los sicarios están libres y algunos de ellos han vuelto a operar con los grupos criminales. La investigación del caso Ayotizinapa en esta administración ha sido desastrosa. El caso ya estaba en su esencia resuelto, con la investigación, incompleta en sus primaras etapas, pero cierta en sus principales líneas de la procuraduría. Luego se hicieron varias investigaciones autónomas, incluyendo la que publicamos en el libro La noche de Iguala (Cal y Arena, 2018) y sobre todo la que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando la dirigía Luis Raúl González Pérez.
Todo fue ignorado y ahora esa investigación política vive sus últimos estertores.