En recuerdo de Jesús Reyes Heroles González Garza, un funcionario honesto, un hombre inteligente y querido. Con un abrazo a su hermano Federico y a todos los suyos.
Es desconcertante, para decir lo menos, que la FGR esté demandando a una jueza y a los miembros de un tribunal por haber ordenado la libertad condicional de ocho de los 13 militares que están procesados por el caso Ayotzinapa. Fueron detenidos sin una sola prueba real en su contra, más que los testimonios de sicarios reconvertidos en testigos protegidos, por el ex fiscal especial del caso Omar Gómez Trejo con el respaldo del ex subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
El propio Encinas escribió en un tuit el 21 de enero pasado que era “lamentable que abogados de la SEDENA litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México”. El presidente López Obrador no está facultado para encabezar ninguna investigación criminal, eso es lo que hacen las fiscalías. La que cometió delitos en esta investigación, según lo aseguró el propio presidente López Obrador, fue la fiscalía especial que encabezó Gómez Trejo, con el aval y la supervisión de Encinas. Esa fiscalía fue la que liberó sicarios para que cambiaran su testimonio tratando de establecer la tesis del crimen de Estado apartándose del derecho.
Lo hicieron sin pruebas y falseando testimonios. Estos y otros militares detenidos (y también el ex procurador Jesús Murillo Karam) están en esa situación sobre todo por las declaraciones de Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil, el narcotraficante que encabezaba la célula de Guerreros Unidos en Iguala, que es el autor confeso de la desaparición de los jóvenes estudiantes y que está exhibido claramente en ese papel en las capturas de pantalla que entregó la DEA hace años a las autoridades mexicanas con las grabaciones entre los sicarios de Guerreros Unidos en Chicago y Guerrero la noche de la desaparición de los estudiantes.
¿Usted daría fe a las palabras de un sicario, asesino confeso, jefe de plaza de un cártel del narcotráfico que en cuatro declaraciones ministeriales a lo largo de cinco años presentó cuatro versiones diferentes de unos mismos hechos y que cuando se convirtió en testigo protegido recordó súbitamente nombres, seudónimos, señas particulares, descripciones físicas, incluso de personajes que nunca conoció?.
Eso es lo que hicieron Gómez Trejo y Encinas. Resultó que la palabra de un sicario confeso, autor del crimen de los jóvenes de Ayotzinapa, fue más valiosa que, por ejemplo, la del general José Rodríguez Pérez, un militar con 44 años de servicios, con una hoja de servicio impecable y que nunca había tenido denuncias por corrupción o violación de derechos humanos. Para la fiscalía especializada y para Encinas fue sencillo: era la palabra de Gildardo o la del General, por supuesto aceptaron la de El Cabo Gil.
Las cuatro declaraciones ministeriales de Gildardo López Astudillo, realizadas tres en diferentes momentos de 2015 y la cuarta, ya en libertad y como testigo protegido de la fiscalía en 2020, son todas radicalmente diferentes. Como testigo protegido, ofrece versiones y descripciones inverosímiles y contradictorias con sus otras tres declaraciones.
En la primera y en la tercera niega terminantemente ser miembro de Guerreros Unidos, pero en la segunda y en la cuarta lo acepta ampliamente, dice que fue jefe de plaza, pero también sólo acompañante, ni siquiera escolta y que no operaba con el grupo que comandaba (¿usted conoce algún jefe de plaza del narcotráfico que no “opere” para el grupo que encabeza y para el cártel que le pagaba, reconoce, dos mil dólares semanales?). Recordó ya en libertad después de cinco años de prisión, nombres y apellidos de decenas de personas, incluso de personajes que no conocía, involucró a un general y a un coronel porque dice que le dijeron que estaban involucrados, los describe físicamente aunque había aceptado que nunca los había visto. Denunció a Iñaki Blanco, el entonces fiscal del estado, pero fue el propio Blanco el que detuvo a toda la policía municipal de Iguala y a varios sicarios de Guerreros Unidos, antes de que la PGR asumiera el caso.
Aseguró el Cabo Gil que hasta el 3 y 4 de octubre, camiones, del ejército y de sicarios, en forma conjunta, llevaron restos de los estudiantes y sicarios muertos al basurero de Cocula, sin una sola prueba que lo verifique y cuando Iguala estaba tomada por medios, ONG’s, funcionarios, policías y tropas. Un movimiento de sicarios y camiones del ejército, además operando en forma conjunta, y de esa magnitud, sería inverosímil.
En toda la declaración de Gildardo López Astudillo, de agosto del 2020, cuando fue dejado en libertad a cambio de ella, no hubo ninguna réplica de la fiscalía, ninguna pregunta ante esas afirmaciones, no le vuelven a repreguntar nada, ni a indagar más, todo estaba preparado.
Según Gil, según declaró en 2020, el delincuente responsable de todo lo que ocurrió en Iguala y que controlaba la relación con el ejército, la PGR, la fiscalía, los ministerios públicos, la policía de investigación y la policía fiscal era un tal Güero Mugres. En su declaración de 2015, el Cabo Gil había dicho que el Güero Mugres sólo era un operador que manejaba contactos en la policía municipal. Cinco años después lo convirtió en un personaje con un enorme poder.
¿Quién lo iba a desmentir?. Al Güero Mugres lo habían ejecutado en el 2017. No hay nada como un culpable que ya está muerto o desaparecido. Con esas declaraciones del Cabo Gil, están procesados 13 militares. Y la FGR quiere demandar a los jueces que les dieron a ocho la posibilidad de seguir su proceso en libertad.