El presidente Joe Biden declaró que en cuanto “el congreso se lo ordene” cerrará la frontera con México; Donald Trump quiere ser más duro que él y le exige a Biden que la cierre sin esperar la decisión del congreso; en el Capitolio lo que están negociando en realidad, es qué tanta será la ayuda a Ucrania e Israel a cambio del endurecimiento de la lucha contra la migración en su frontera sur.
Los datos no dejan de ser brutales y terminan justificando esa dureza: en 2023 fueron detenidos por autoridades de Estados Unidos al intentar cruzar su frontera sur poco más de dos millones de migrantes ilegales, la mitad de ellos, cerca de un millón, proveían de México o Venezuela. La migración de mexicanos hacia la Unión Americana alcanza cifras record mientras que la de venezolanos alcanza niveles catastróficos: desde que inicio el chavismo han emigrado casi 8 millones de venezolanos, o sea casi uno de cada cuatro venezolanos ha tenido que abandonar su país. Según datos oficiales de la patrulla fronteriza entre octubre del 2022 y septiembre del 2023 (el último año fiscal de Estados Unidos) fueron detenidos cruzando de México hacia la Unión Americana 717 mil 300 mexicanos y 266 mil venezolanos; 213 mil hondureños; 159 mil colombianos, y cien mil nicaragüenses.
En México festinamos el constante incremento de las remesas (unos 60 mil millones de dólares en 2023) como un logro del gobierno, en realidad es una demostración de su fracaso y de ese flujo constante de paisanos buscando un futuro mejor al otro lado de la frontera porque un gobierno que dice que primero están los pobres no les puede garantizar seguridad, empleo o salud.
Pongamos números a esta tragedia que vivimos: más de 700 mil mexicanos han sido detenidos intentando cruzar la frontera sólo este último año, no sabemos cuántos, me imagino que por lo menos una cifra similar, logró hacerlo sin ser detenida; unos 12 millones de mexicanos viven hoy en Estados Unidos, poco más del 8 por ciento de nuestra población; otros 170 mil mexicanos han sido asesinados en lo que va del sexenio y 40 mil están desaparecidos, hay además unos 50 mil cadáveres sin identificar en los distintos servicios forenses; unos 700 mil compatriotas murieron como consecuencia de la pandemia de Covid (uno de los porcentajes más altos del mundo). La mitad de la población se ha quedado sin acceso a los servicios de salud; la depauperización de la educación es evidente y se refleja en estudios como las pruebas PISA; por lo menos un tercio del territorio, según el comando norte de los Estados Unidos está bajo control de los grupos criminales, y no es una especulación, lo vemos cotidianamente.
Las dos fronteras, la norte y la sur van a estallar, por distintas razones, pero sin un radical cambio de política entrarán en una crisis mayor que la actual. En nuestra frontera sur, buena parte de ese territorio no está bajo control de las autoridades y más de dos millones de migrantes cruzan ilegalmente cada año (algunos especialistas elevan la cifra hasta cuatro millones). Las autoridades en realidad no hacen nada para detenerlo, a veces hay mayor control, a veces no y todo suele depender de cómo vaya la agenda coyuntural con Estados Unidos, pero esa permisividad, sumado a la estrategia de abrazos y no balazos, es lo que explica que el crimen organizado se haya hecho cargo del tráfico de personas.
Hace tiempo que ese flujo migratorio dejó de moverse espontáneamente: hoy es controlado por el crimen organizado en colusión con autoridades, sobre todo locales. La semana pasada cuando elementos del ejército mexicano detuvieron al jefe de plaza de Tapachula de la fracción del Mayo Zambada, un personaje apodado El Memo que se dedicaba a una extensa actividad criminal pero sobre todo al tráfico de migrantes y al secuestro de mujeres para explotarlas sexualmente, la propia información especificaba que este personaje, que ya había sido detenido y liberado en varias ocasiones, la última a fines del 2023, operaba amparado en la complicidad de la secretaría de seguridad local, de la fiscalía del estado y de elementos de la FGR allí destinados. Que sepamos ningún funcionario de esas instancias de gobierno ha sido procesado por ello.
No es un caso aislado, no se puede mover a por lo menos dos millones de personas al año por todo el territorio nacional sin una enorme red operativa y otra tan grande como ella de corrupción y colusión con los criminales. Y esa red nace en la frontera sur y termina en la norte, cruzando todo el país.
En la frontera norte el nearshoring y las inversiones son una realidad, pero pensar que éstas se asentarán en toda esa región del país sin garantizar su seguridad (además de la energía, el gas y el agua) es ingenuo. Y ese enorme movimiento migratorio sin control, nos guste o no, es un desafío a la seguridad nacional de México y de Estados Unidos, sobre todo cuando buena parte del mismo proviene de países que están en franca confrontación con la Unión Americana: Venezuela, Cuba, Nicaragua, entre otros, protegidos por el gobierno de México.
La enorme mayoría son perseguidos por sus gobiernos o por el hambre, pero con ellos pueden migrar personajes de todo tipo. Por eso, desde Biden hasta Trump no habrá dudas de cerrar buena parte de la frontera si es necesario. El problema es que esos gobernantes deben garantizar, al mismo tiempo, que la creciente ola de inversiones y cadenas productivas integradas que existe de este lado de la frontera siga funcionando y ese es otro imperativo estratégico. Y no dude que lo harán respetar. De la forma que sea.