No hubo disculpa alguna del gobierno de Estados Unidos, durante la visita de la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, por los reportajes, entre ellos el de Tim Golden, respecto a las investigaciones que se realizaron por el supuesto financiamiento de los Beltrán Leyva a la campaña electoral del 2006 del ahora presidente López Obrador.
No la hubo y no puede haberla: en las democracias los gobiernos no ordenan a los medios o a los periodistas que publiquen tal o cual reportaje. Los periodistas tenemos fuentes que pueden ser más o menos confiables y decidimos qué publicar. El presidente López Obrador está haciendo el ridículo pidiéndole a Golden o cualquier otro periodista que diga con quién habló o que divulgue cuándo viajó y a dónde, qué diga quiénes son sus fuentes. No entiende lo que es el periodismo. O atribuyéndole la autoría de esos reportajes a Carlos Salinas de Gortari (que dejó el poder hace 30 años y que tuvo más de un encontronazo con el entonces corresponsal del New York Times después de que dejó el poder), a Felipe Calderón (paradójicamente, y como dice el reportaje, el que frenó en México esa indagatoria fue el entonces presidente Calderón) o diciendo que Golden es un “mercenario de la DEA”. Es evidente que Golden, como Anabel Hernández, tienen fuentes en la agencia antidrogas estadounidense, pero son ellos, como cualquier otro periodista, los que deciden qué publican y cuándo. Por otra parte ni Golden ni Anabel pueden ser calificados como defensores de Salinas o de Calderón o de García Luna, más bien al contrario.
La información que se publicó en ProPublica tampoco es falsa ni es una novedad absoluta: ya teníamos versiones desde hace años de esas declaraciones del testigo protegido llamado Jennifer, y en el juicio al Chapo y a García Luna ya tuvimos adelantos de la misma, incluso habían circulado desde aquellos días posteriores a la campaña del 2006. Recordemos que el abogado de La Barbie fue testigo protegido también en México, no eran nuevas sus declaraciones. Lo que sí tiene el reportaje de Golden es muchos más datos y está construidos sobre un andamiaje muy verosímil.
Insisto en algo que ya hemos dicho: yo no creo que López Obrador haya recibido dinero del narcotráfico. No dudo que en esa u otras campañas, desde mucho tiempo atrás y hasta el día de hoy, haya habido personajes, generalmente de segundo o tercer nivel, que hayan pedido y recibido dinero sucio para utilizarlo supuestamente en campañas. No recuerdo una campaña en que no se haya especulado con ello. Desde hace años hemos escrito aquí, cómo Luis Donaldo Colosio, había expulsado de un evento con empresarios en Monterrey a Humberto García Abrego, hermano del entonces jefe del cártel del Golfo Juan García Abrego, porque éste decía que había aportado recursos a su campaña. El mensaje para deslindarse fue muy claro, tanto que esa fue una vertiente en la investigación el asesinato de Luis Donaldo.
El problema que tiene el presidente López Obrador es que durante años le dio una validez que no tenían a las versiones y testimonios (y hasta chismes) de testigos protegidos o personajes en busca de sus cinco minutos de fama, como si fueran datos incontrovertibles para usar contra sus adversarios. Y ahora se encontró con que esos mismos personajes lo involucraron a él: Jennifer, El Grande, la Barbie, El Rey Zambada, han sido usados para todo, incluyendo los juicios contra García Luna y sus declaraciones siempre fueron festinadas desde el gobierno. Ahora, como boomerang, se volvieron en contra del propio presidente López Obrador.
El gobierno de Estados Unidos no se va a disculpar por esos reportajes. Primero porque no le corresponde. Segundo porque esas investigaciones tienen amplia autonomía, y tercero porque aunque estuvieran enterados en los más altos niveles de la administración sencillamente nunca lo hacen. El general Salvador Cienfuegos nunca tuvo una disculpa pública dela injusta acusación que le hicieron utilizando estos mismos personajes y mecanismos.
Con un tema adicional. La investigación la llevó la DEA, pero también la fiscalía del sur de Nueva York, la misma que llevó el caso del Chapo, el del General Cienfuegos, el de García Luna, y que fueron ampliamente difundidos, entre otros por el propio Tim Golden. Las fiscalías tienen muy amplio margen de autonomía, no son controladas desde la Casa Blanca. Siempre hemos dicho que más allá de los casos particulares, los tres absolutamente diferentes, esa fiscalía y sectores de la DEA quieren construir un maxiproceso contra México, que involucre al poder político y el económico con el del crimen organizado. No es nuevo, es un interés que se viene construyendo desde el caso Camarena en 1985. Y si en lugar de basarnos en pruebas materiales para sustentar acusaciones nos quedamos en testimonios de criminales reciclados en testigos protegidos, lo estamos alimentando.
Y eso se aplica con la DEA o la fiscalía de Nueva York, pero también con sus homólogos mexicanos. Aquí las fiscalías han estado utilizando los mismos métodos, las mismas filtraciones, con los mismos pésimos resultados. Por eso cuando llegan los casos a los juzgados se caen, porque así no se pueden integrar las denuncias. La ligereza con que se sueltan juicios y denuncias en la mañanera y hasta en instancias oficiales sobre cualquier persona o personaje político es lo que ahora está pasando la factura.