No deja de asombrar la ligereza con que el presidente López Obrador reconoció que intervenían en el pasado con el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, para tratar casos que le interesaban al ejecutivo, para que Zaldívar hablara con los jueces para abordarlos. Ahora, dice el presidente López Obrador, desde que llegó Norma Piña a la presidencia de la Corte, “hay autonomía de los jueces” y eso les ha dado “licencia para robar”.
Es francamente una suma de barbaridades y falsedades. Primero, si se hacia eso con Zaldívar (en una práctica que no haya sido como dice el presidente) se estaría ante un delito. Segundo, como dijo también el presidente en la reveladora mañanera de ayer, la FGR ha perdido todos los casos emblemáticos del sexenio. Pero eso ocurrió durante el periodo de Zaldívar y también ahora en el de Piña. Es más evidente ahora por la sencilla razón es que son los casos que comenzaron a principios del sexenio y ahora están concluyendo. Y como son casos eminentemente políticos, en la medida en que mengua el poder sexenal, también se pierde su capacidad de mantenerlos vivos si no están sostenidos por pruebas.
En realidad lo que sucede con esos casos paradigmáticos, es que todos son esencialmente políticos y estaban construidos para buscar objetivos políticos y todos fracasaron porque no tenían un verdadero sustento legal detrás: los casos legales se sustentan con pruebas, no con dichos en las mañaneras. Ocurrió en todos y quizás el más evidente es el de Emilio Lozoya y antes, más claro aún, el de Rosario Robles.
Con Rosario se inventó una historia que, como ella escribe en el libro que acaba de publicar Rosario de México, partía de una venganza personal y política. Robles terminó detenida porque el ministerio público falsificó una licencia de conducir (lo que está comprobado) y un juez a modo, sobrino de otra de sus enemigas históricas, Dolores Padierna, lo aceptó como prueba de que podría fugarse. Los delitos por los que era acusada hubieran permitido que siguiera su caso en libertad, pero estuvo tres años en la cárcel. Fue liberada cuando todavía Zaldívar era presidente de la Corte porque la acusación no tenía sustento.
La prisión preventiva oficiosa quizás es necesaria en algunos casos, pero se está aplicando de una forma desproporsionada y va de la mano de la acusación de delincuencia organizada. Yo sí creo que a los verdaderos integrantes de la delincuencia organizada se les debe mantener en prisión preventiva, pero cuando se acusa sin pruebas sustanciales a todo el mundo de ese delito, el mismo pierde esencia y sentido y a los que termina beneficiando es a los verdaderos delincuentes.
En el caso de Lozoya la que contaminó el caso fue la propia Fiscalía, cuando en lugar de procesar a Lozoya por lo que debía ser juzgado: el haber recibido millones de dólares de sobornos de la empresa Odebrecht, desde antes de ser director de Pemex, para su usufructo personal (como lo reconocieron los propios directivos de esa empresa brasileña), se lo quiso transformar en un caso político global, primero de financiamiento de la campaña de Peña Nieto y luego, en un segundo giro de la investigación, en un mecanismo para financiar nada más y nada menos que los votos legislativos de la reforma energética que se aprobó por mayoría constitucional en el sexenio pasado.
Lozoya, bajo sugerencia de la fiscalía, declaró que tenía pruebas de 70 políticos, funcionarios y legisladores que habían recibido esos recursos para apoyar la citada reforma. Su abogado Javier Coello Trejo, que sabía que no tenía esas pruebas, le recomendó que no aceptara el acuerdo. Lozoya lo aceptó, se entregó y Coello dejó la defensa. Cuando vino a México, Lozoya no tenía prueba alguna, y las investigaciones se cayeron en forma estruendosa. El caso no pudo avanzar, pero Lozoya ya había recibido libertad condicional por su supuesta colaboración.
Cuando la periodista Lourdes Mendoza (a la que Lozoya había incluido sin pruebas en su denuncia, y a quien Lourdes contrademandó ganando el caso por difamación) lo descubrió cenando en u restaurante de lujo y publicó esa foto, fue tal el escándalo que decidieron regresarlo tras las rejas. Pero el caso contra Lozoya, desde que se lo quiso politizar, ya se había caído y durante los últimos meses sólo se lo había podido mantener en prisión negociando una indemnización por el caso de Agronitrogenados. No sé si se llegó o no a ese acuerdo, pero finalmente el ex director de Pemex quedó ayer en libertad domiciliaria… como estaba hasta que se publicó la foto en el restaurante.
Pero incluso el caso Odebrecht en la forma en que estaba planteado se caerá por una simple razón: la empresa brasileña ha sido indultada por el gobierno de Lula da Silva de la enorme indemnización que tenía que pagar y se anularán también los testimonios de sus directivos. Si Lozoya hubiera sido juzgado de inicio por los sobornos que recibió asumiendo que era un caso de corrupción personal y sin tratar de armar una enorme conspiración política para deslegitimar la reforma energética (y de esa forma presionar para que se aprobara la contra reforma de este sexenio), nada de todo esto hubiera pasado, y no habría sucedido ni con Zaldívar ni con Piña.
Por cierto, como decíamos ayer, este gobierno no sólo ha perdido la interlocución con el poder judicial (que no creo que se diera en la forma que dijo el presidente): la ha perdido con todos los principales actores políticos y sociales y esa es su exclusiva responsabilidad.