Para mi muy querida amiga Ivonne Melgar, por el fallecimiento de su padre el poeta, escritor, académico, José Luis Melgar Brizuela.
¿Qué hacemos con el caso Ayotzinapa?. Cada vez que prolonga más en el tiempo su resolución, y por ende más se contamina con nuevos elementos, con mayores confusiones, también con más violencia e impunidad. La muerte de un joven estudiante en la noche del jueves pasado es un capítulo más de una historia que no tiene visos de concluir, muchos menos de cerrarse.
En realidad, no sabemos qué sucedió con la muerte del joven de 23 años Yanqui Rothan Gómez Peralta, en la noche del jueves. Ese día se estaba celebrando con una fiesta en el Lienzo Charro de Tixtla un aniversario más de la normal Isidro Burgos, como comentamos en este espacio.
Cuando este joven y unos amigos se dirigían a la terminal de autobuses a buscar a unas amigas se cruzaron con una patrulla de la policía local que les indicó el alto. A partir de allí las versiones son confusas. Primero, se dijo que el automóvil en el que iban los jóvenes tenía reporte de robo, que ellos le dispararon a los policías y que estos repelieron la agresión, que había drogas y armas en el carro. La versión de los jóvenes y sus familiares es diametralmente distinta y dicen que Yanqui fue ejecutado de un disparo en la cabeza. El presidente López Obrador dijo que el caso había sido atraído por la FGR y que se estaba investigando, pero, como suele ocurrir, antes de que la Fiscalía diera informe alguno se adelantó a decir que el joven no había disparado y que los policías de Guerrero abusaron de su autoridad. La gobernadora Evelyn Salgado dijo que los elementos que participaron en los hechos estaban desde el primer momento a disposición de las autoridades. De todo lo demás no se ha dicho nada: alguno de los jóvenes tenía restos de pólvora, si habían consumo de drogas o si el coche tenía o no reporte de robo, no lo sabemos. Tiene que haber un reporte de la FGR que aún no se conoce.
Horas después de que se conocieron los hechos, hubo quema de vehículos, se secuestró a dos patrullas de la Guardia Nacional, se golpeó y retuvo durante doce horas a diez elementos de esa corporación, se ofrecieron reuniones, acuerdos: el presidente reiteró que se quiere reunir con los padres de Ayotzinapa, pero sin sus asesores, y Evelyn se reunió con la madre del joven asesinado.
No creo que esta historia se cierre rápido. Si las versiones originales se confirman con análisis periciales, los mismos no serán aceptados. Si se confirma el asesinato por policías locales el tema inevitablemente tenderá a crecer y se lo relacionará con el caso Ayotzinapa.
Y eso seguirá ocurriendo porque estamos en una espiral de violencia con todo lo que gira en torno a Ayotzinapa que es imposible de resolver en las actuales circunstancias. El presidente López Obrador no se puede desprender de su versión del crimen de Estado (y por eso se apresuró tanto a decir qué había ocurrido el jueves antes de que la FGR tuviera conclusiones sobre la muerte de Yanqui) y no puede, porque no quiere, aceptar que la investigación que llevaron a cabo Alejandro Encinas y Omar Gómez Trejo fue fallida y que la realidad se aproxima y mucho a lo que investigaron las autoridades en 2014 y años posteriores.
Mientras tanto, el grado de impunidad del que gozan los hechos de violencia que han protagonizado los jóvenes de Ayotzinapa, o por lo menos quienes así se presentan, lo único que han logrado es que éstos escalen cada día más, convirtiéndose más que en un reclamo en una suerte de extorsión a las autoridades.
Yo no sé, y aparentemente las autoridades tampoco, qué sucedió con el joven Yanqui. Si su muerte fue por un enfrentamiento debe quedar absolutamente claro con pruebas periciales, si fue asesinado por los policías debe haber responsables. Pero lo que también debe quedar en claro es que la tragedia que se vivió en 2014 en Iguala no puede ser una suerte de patente de corso para robar, quemar, provocar. No tienen derecho los jóvenes de Ayotzinapa o quienes así se presentan, de robar trailers, quemar autobuses, secuestrar a elementos de la Guardia Nacional o penetrar por la fuerza a Palacio Nacional.
Al final lo que se debe imponer es el imperio de la ley. No hay pruebas de que en 2014 haya habido un crimen de Estado. Sí las hay de que la fiscalía especial y sus responsables propugnaron la liberación de los secuestradores y asesinos confesos para convertirlos en testigos protegidos e inventar así a los responsables del supuesto crimen de Estado. Sí hay pruebas y responsables de los innumerables actos de vandalismo que se han cometido utilizando la bandera de Ayotzinapa. Y lo que sí sabemos es que la manipulación política ha negado, en todos estos casos, la aplicación de la ley. Y cuando eso ocurre las que pierden son la justicia, la estabilidad y la credibilidad de la gente en sus instituciones. Y se alimenta, a su vez, la violencia, una consecuencia inevitable de la propia impunidad.
Todo es una tragedia. Pero nadie quiere ponerle punto final al capítulo Ayotzinapa, aunque sea doloroso, políticamente incorrecto y controvertido, incluyendo discutir el futuro de una escuela que en las actuales circunstancias y convertida en un botín político, no parece tener razón de ser. Por lo pronto esperemos que se haga justicia, sea quien sea el responsable, de la muerte del joven Yanqui Rothan Gómez Peralta.