La administración López Obrador parece estar peleada con todos, dentro y fuera del país. No tenemos problema alguno de seguridad, asegura el presidente, lo que existe es una gran conjura nacional e internacional donde participan desde las Naciones Unidas hasta la iglesia católica, desde Trump y el gobierno de Biden hasta la Internacional Socialista, desde Cayetana Alvarez de Toledo hasta Pedro Sánchez.
El lunes en una comparecencia en el comité de inteligencia del senado de los Estados Unidos, la directora nacional de Inteligencia de ese país, Avril Haines, afirmó que “no hay duda de que es un desafío para el gobierno de México lidiar con los cárteles, y hay partes del país que están efectivamente bajo el control de los cárteles”. La amenaza de las drogas ilícitas, agregó Haines, en un larga respuesta al tema, “permanece en niveles históricos, ya que las organizaciones criminales transnacionales en México suministran y mueven grandes cantidades de opioides sintéticos, como el fentanilo, hacia Estados Unidos”.
El director del FBI, Christopher Wray, en esa misma comparecencia, dijo que “estamos viendo un gran número de muy peligrosas amenazas que emanan de la frontera (con México)”. Aseguró que el FBI “ha detectado una red de tráfico de personas (en México) cuyos facilitadores tienen vínculos con el Estado islámico… es un asunto, dijo, que nos preocupa mucho y al que le hemos dedicado una enorme cantidad de esfuerzo para investigar junto a nuestros aliados… hemos registrado la entrada de varios sujetos peligrosos de todo tipo”.
En México, la Conferencia del Episcopado ha establecido con claridad su preocupación por la seguridad en el país y por la capacidad de los criminales de intervenir en el proceso electoral. El lunes firmaron las candidatas y el candidato presidencial ese documento compromiso con 120 recomendaciones. Pero Claudia Sheimbaun sostuvo que no estaba de acuerdo con el diagnóstico ni con muchas de las propuestas, como lo ratificó ayer en la mañana el presidente López Obrador.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volcker Türk, en la reunión del consejo general en Ginebra, Suiza, refiriéndose a las próximas elecciones en México dijo que “este inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles se debe salvaguardar de la violencia”. Ante ello la respuesta del presidente López Obrador fue que el alto comisionado es “muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar que México es un país muy violento”.
En la Ciudad de las Ideas la influyente dirigente española del Partido Popular, Cayetana Alvarez de Toledo, hizo una fuerte crítica a la estrategia de seguridad del gobierno federal. “México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomado por el crimen organizado, sostuvo, por la complacencia de quienes debieran defenderlo. ¿’Abrazos, no balazos’, o más bien abrazos a los que dan balazos? … Esto no es responsabilidad solo de los criminales, también lo es, y principalmente, de quienes diseñan y aplican las políticas de seguridad”.
El presidente López Obrador argumentó que, en realidad, la habían traído para que hablara mal de él. “Acaban de traer una señora, de una asociación que hay en México, joven, creo, una diputada española. Le dieron una gran difusión los conservadores. Vino a hablar mal de mí. La verdad, es un timbre de orgullo, porque esta joven señora, pertenece a la ultraderecha, a la derecha de Iberdrola”.
Pero resulta que en las antípodas políticas del PP, en la reunión de la Internacional Socialista que este domingo se realizó en la sede del PSOE, en Madrid, se aprobó una declaración sobre las elecciones mexicanas donde se expresa su preocupación “por la influencia generalizada del crimen organizado en México que pone en peligro la integridad del proceso electoral del próximo 2 de junio”. La declaración de la IS denunció “la persecución sistemática y las amenazas que enfrentan la oposición y los órganos electorales, socavando los principios de la democracia”.
Estamos peleados con todos, a la derecha y a la izquierda. Con la iglesia y con la ONU. Y mientras tanto siguen la violencia, las muertes, la desaparición de personas. Pero todo es un complot.
¿Donde está la fiscal?
Lo relacionado con el caso Ayotzinapa y lo que ha sucedido desde el miércoles pasado hasta hoy, sigue siendo intransitable. La penetración en Palacio Nacional, la muerte del joven Yanqui, los secuestros de miembros de la Guardia Nacional y ayer los ataques a la fiscalía estatal.
Pero al mismo tiempo, se informa que dos elementos de la FGR que estaban investigando el tema Ayotzinapa estaban desaparecidos y aparecieron, casi dos días después en Morelos, sin que se diera mayor información; que el policía que supuestamente disparó contra el joven Yanqui se le escapó a la fiscalía estatal que, por otra parte, dice que nunca estuvo bajo custodia, aunque le tomó declaración.
El 14 de febrero pasado la fiscal del estado Sandra Luz Valdovinos, había pedido licencia por seis meses, en el momento de mayor inseguridad en el estado, argumentando razones personales. El congreso no respondió a su solicitud y tácitamente se la negó. La fiscal ha quedado en falta en el caso de Yanqui pero también, en otros, como el de la relación de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con el narco, o en los ataques al transporte público en Acapulco, Chilpancingo y Taxco. Luego de que ayer se quemaron once automóviles y patrullas en la fiscalía del estado, dice que se iniciaron averiguaciones previas. Veremos si se cumplimentan. No puede continuar la impunidad.