No recuerdo, no la hay, una legislatura tan poco digna como la que acaba de concluir. Un Congreso, más en la cámara de diputados que de senadores, pero en los últimos meses igual en ambos, que se significó por el voto automático, la violación de los procedimientos legislativos básicos en aras de cumplir las órdenes, iniciativas o caprichos presidenciales, marcada por los agravios e insultos constantes como alternativa a cualquier debate serio.
Me ha tocado conocer el trabajo legislativo desde fines de los años 80. Lo que vimos en la segunda mitad de este sexenio no tiene parangón, ni siquiera en los largos años de control priísta o en los que se boicoteaban informes presidenciales o comparecencias. Hubo episodios bochornosos como aquella de perredistas con una cabeza de cerdo en un informe de Salinas, o la forma en que se impidieron los informes de Fox o el intento de impedir la toma de posesión de Felipe Calderón, pero incluso en esos momentos, siempre hubo un margen de debate y negociación, siempre (o casi siempre) se cubrieron las forma y los procedimientos legislativos, no hubo. incluso en etapas tan críticas como la segunda mitad del gobierno de Carlos Salinas cuando se votaron las reformas cruciales de aquellos años, la orden de no negociar ni una coma, de sacar las iniciativas en horas.
Hubo jornadas escandalosas, ninguna como la del 28 de abril del año pasado, “el viernes negro” en el congreso. Ese día en una sesión que duró unas horas, Morena y sus aliados aprobaron veinte reformas en ausencia de la oposición, sin debate, sin consultas, incluso tomando protesta a algunos suplentes para alcanzar el quórum necesario para su aprobación. Les tomó 12 minutos presentar y aprobar cada una de las veinte reformas cuyas iniciativas, no fueron ni siquiera leídas en el pleno. Y eran reformas que incluían desde la desaparición del INSABI, reforma a ley de minas, el incremento de las atribuciones de las fuerzas armadas. Casi todo terminó impugnado en la Suprema Corte porque se violaron los procedimientos legislativos básicos.
En la primera mitad del sexenio, más allá de que la oposición estuvo inhibida por el golpe que significó la elección del 2018 y por la mayoría que alcanzó el oficialismo (abusando del criterio de la claúsula de gobernabilidad), se aprobaron muchas reformas, incluso constitucionales, y las más controvertidas de ellas se negociaron y discutieron, sobre todo en el senado. Había interlocutores en el gobierno y en el congreso para transitar con civilidad, se estuviera de acuerdo o no, esos procesos legislativos.
Pero cuando el presidente López Obrador vio que los resultados del 2021 le dejaban una mayoría más exigua, decidió radicalizar sus posiciones y luego de la renuncia de Julio Scherer, del fracaso de los intentos de diálogo de Olga Sánchez Cordero en el senado, de los intentos que no fructificaron de Adán Augusto López en Gobernación y de la descalificación que sufría entonces Ricardo Monreal por los duros de Palacio Nacional, comenzando por el propio presidente, la línea fue no negociar ni una coma, nada, aplicar la aplanadora vulnerando incluso las formas más elementales. Y sus legisladores lo cumplieron, incluso los que no estaban de acuerdo con muchas de esas reformas.
El poder legislativo se convirtió, lamentablemente, en una suerte de oficialía de partes donde el ejecutivo enviaba las iniciativas y éstas se pasaban a comisiones y al pleno sin discusión, incluso cuando se sabía que eran iniciativas sin sustento legal o presupuestario, que se estaban violando procedimientos o incluso la Constitución.
El oficialismo legislativo se unió al ejecutivo para presionar y castigar al poder judicial y dos episodios exhiben los peores momentos de esa dinámica: la decisión de extingir los fideicomisos del poder judicial y el nombramiento de Lenia Batres, propiciado por la negativa del oficialismo negociar, con ternas enviadas por la presidencia, integradas por notorias militantes de Morena. Fue una operación diseñada para que la oposión se doblara y apoyara a alguna de las candidatas del presidente o dejarle a éste la designación. Así fue y desde Palacio Nacional se eligió como ministra a la menos capacitada jurídicamente y más incondicional.
En plena sucesión ya no hubo contrapeso interno alguno y ni siquiera los legisladores de Morena con mayor experiencia decidieron jugar ese papel. Todo fue disciplina y aprobar lo posible sin discutir, debatir, negociar, buscar consensos. Se llegó a intentar la trampa en la iniciativa de pensiones presentando al pleno un texto diferente al aprobado en comisiones.
El martes el Presidente reunió a sus legisladores en Palacio Nacional y les agradeció su disciplina, y les pidió seguir adelante “sin titubeos ni retrocesos”. Son los que integraron una legislatura vergonzosa que decidió dejar de ser uno de los tres poderes de la Unión para convertirse en la comparsa del poder ejecutivo. Ojalá la próxima sepa cumplir, sea quien sea quien tenga la mayoría, con sus responsabilidades constitucionales.
El Obispo
Llama profundamente la atención de que no tengamos hasta ahora una versión siquiera creíble de lo que sucedió con el obispo emérito Salvador Rangel durante las horas en que estuvo desaparecido. Los exámenes toxicológicos del prelado mostraron que tenía restos de cocaína y benzodiazepinas en sangre. Según sus voceros sigue sin poder dar declaración. El gobierno de Morelos puso en duda el que fuera secuestrsado y la fiscalía local dice que fue un secuestro express: lo primero es irresponsable, lo segundo inverosímil.