No son casos aislados, el presidente López Obrador está decidido a proporcionarnos el fin de sexenio más convulsionado desde aquel en el que López Portillo estatizó la banca. Pero incluso entonces, en medio de un profundo descontento popular, no se vivió un ambiente de polarización nacional como el que impone, un día sí y el otro también, el presidente López Obrador.
Ayer siguió destilando mentiras en el caso de María Amparo Casar. Sus dichos son insostenibles incluso desde el sentido común, no hablemos desde la ética y la responsabilidad de un gobernante. López Obrador montó en cólera porque en su nuevo libro (Los puntos sobre las Ies, Debate 2024) María Amparo dice que esta administración, en contra de sus dichos, “mintió, robó y traicionó”. La denuncia fue la venganza. Mientras tanto el presidente sigue divulgando información personal sin testar, violando leyes y normas en forma impune (¿no son delitos que se persiguen de oficio?).
La semana pasada la descalificación y la forma en que se canceló el tema de crematorio clandestino encontrado entre Tláhuac e Iztapalapa en la ciudad de México, la acusación presidencial de “mentirosa” contra la lideresa de las madres buscadoras Ceci Flores, la intervención de Martí Batres en la mañanera asegurando que todo era un intento de “manipulación”, son parte de otra escena de venganza política de una administración en las que hay 50 mil desaparecidos y en donde han sido las madres buscadoras las que han afrontado sin ningún apoyo la búsqueda de sus hijos, esposos, hermanos.
No es casualidad, es otra venganza, que ahora se informe que se inició una investigación de la Secretaría de la Función Pública por presunto malos manejos por 107 millones de pesos en la Comisión Nacional de Búsqueda cuando la encabezaba Karla Quintana, quien presentó su renuncia el 23 de agosto del año pasado “por diferencias sustantivas tanto en la forma como por objetivo en el proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas”, o sea el nuevo censo qde desaparecidos que le encargó el gobierno federal a los llamados servidores de la nación, el ejército de jovenes pagado por el gobierno federal para apoyo y proselitismo.
Todo ocurrió al mismo tiempo en que se liberaba a Don Rodo, Abraham Oseguera, el hermano mayor de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en medio de una serie de errores inexplicables de la FGR en las carpetas de investigación, una liberación en la que una vez más el presidente arremetió contra el poder judicial de la federación.
Simultáneamente, por órdenes presidenciales, el congreso cerró su tristemente célebre legislatura con tres iniciativas enviadas desde Palacio Nacional: la de la expropiación de la pensiones de los mayores de 70 años; una ley de amnistía que pone al presidente por encima del poder judicial (y que se dice que utilizará para que ciertos delincuentes se conviertan en testigos protegidos en las causas que le intresan pero que puede servir también para indultar colaboradores o personas cercanas al propio presidente) y la reforma a la ley de amparo que impide ejercer esa figura legal contra proyectos, obras u otras iniciativas del ejecutivo federal.
El lunes pasado, luego del fin de semana más violento del año, el presidente dijo que el país estaba en “santa paz”. Ayer aseguró que “habían aumentado los asesinatos pero no la violencia” como si una cosa se pudiera deslindar de la otra. Y una vez más no asumió responsabilidad alguna, como si acabara de asumir el gobierno, cuando lleva cinco años y medio en Palacio Nacional y tiene las peores cifras de la historia. Cuando el presidente aseguraba que el país estaba en “santa paz” eran secuestrados tres turistas, dos australianos y uno estadounidense, que habían ido a Ensenada a practicar surf. Cuando aseguraba que no había aumentado la violencia se confirmaba que los restos de los tres hombres habían aparecido en un pozo, con tiros de gracia, aparentemente se resistieron a un asalto cuando les querían despojar las llantas de su automóvil.
Un obispo emérito, Salvador Rangel, controvertido, difícil, protagónico, crítico del gobierno, desapareció en Morelos y apareció 48 horas después en una situación terrible en un hotel de paso. La fiscalía del estado asegura que fue víctima de un secuestro express, el gobierno del estado se apresuró a informar que el prelado había ingresado al hotel con un joven, negando que hubiera un secuestro. El obispo dice que entró a un supermercado a comprar agua y luego de beberla no recuerda nada. El gobierno de morenista de Morelos se apresuró a descalificar y denigrar al obispo. Tanto la fiscalía del estado como la Conferencia Episcopal niegan los dichos del gobierno estatal.
Y estamos hablando sólo de los últimos diez días. Lo dicho: viene el cierre de sexenio más difícil que hemos tenido en décadas. Si el presidente, a un mes de las elecciones y a cinco de dejar el poder, está avasallando todos los límites, legales y éticos, preguntémonos por un momento qué está dispuesto a hacer si no gana las elecciones o incluso si gana pero los resultados son mucho más cerrados de los que él espera. Es impredecible.