No están contabilizados entre la cuenta de desaparecidos que mal lleva el gobierno federal, pero fue una de los operaciones criminales más amplias e impune que hemos conocido. A fines de marzo pasado, más de cien personas, familias completas, mujeres, ancianos y niños fueron secuestrados en una noche en Culiacán. Para el gobernador Rubén Rocha esas, dijo “son cosas que pasan”. Días después aseguró que todos los secuestrados, 66 dijo que eran, habían aparecido con vida. En realidad, fueron más de cien, y de muchos de ellos no se ha vuelto a saber nada. Del caso, por supuesto, no existen carpetas abiertas en la fiscalía estatal. Nadie hizo denuncia.
La historia es más compleja. En marzo de este año, en Culiacán, en una casa que estaba en remodelación y que era propiedad de Iván Archivaldo Guzmán, “desaparecieron” 20 millones de dólares en efectivo que eran propiedad del líder de los Chapitos. Iván Archivaldo atribuyó el robo a los trabajadores y a los elementos de la policía ministerial del estado que estuvieron en el lugar y ordenó el secuestro de todos los involucrados y sus familias para tratar de recuperar el dinero.
Dicen que fue el propio gobernador Rocha el que se comunicó con Iván Archivaldo para que regresara lo más pronto posible a las mujeres y los niños porque el tema se había convertido en un escándalo nacional. El que organizó el encuentro, todo según fuentes sinaloenses, fue el tesorero del estado, Enrique Díaz, que según esta versión es el que mantiene el contacto directo del gobierno estatal con los hijos del Chapo. Díaz, además, es muy cercano al subsecretario de egresos federal, Juan Pablo de Botton. La reunión entre el gobernador y los chapitos se dio en la casa de Díaz, en el fraccionamiento Alamos, propiedad de la familia Coppel. En la reunión se decidió liberar a los familiares y liquidar a los directamente involucrados en el robo del dinero de Iván Archivaldo. Esos son los desaparecidos que no regresaron.
Como parte del acuerdo para la liberación de los secuestrados, se le entregó a los chapitos el control de las juntas de agua potable (un instrumento poderosísimo en el estado) particularmente las de Mazatlán, Culiacán, Salvador Alvarado y los módulos de riego del centro y el norte del estado. Los propios chapitos fueron quienes hicieron las designaciones que fueron confirmadas por el gobierno estatal. En contraparte, como ya había ocurrido en 2021, la organización criminal se comprometió a involucrarse de lleno en la elección del 2 de junio.
Toda esta historia se relaciona con otra. A partir del asesinato de Sergio Carmona, en noviembre de 2021, comenzó a develarse una red de cuentas secretas para lavado de dinero en distintos paraísos fiscales con cantidades millonarias que se supone que era para apoyar procesos electorales y proyectos políticos de candidatos de Morena. Una de esas campañas fue la de Sinaloa.
El delegado de Morena en Sinaloa para los comicios en los que fue elegido Rocha, era el ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal. En Sinaloa, no sólo hubo financiamiento altamente sospechoso e ilegal, parte del cual circuló a través de cuentas del hijo del ahora gobernador tamaulipeco, sino también toda una operación, ya divulgada en detalle, del cártel de Sinaloa en contra de la alianza PRI-PAN-PRD, que secuestró a los operadores electorales de la alianza opositora incluyendo el secretario de organización del PRI, durante todo el fin de semana electoral, para paralizar toda la organización, incluyendo a muchos representantes de casilla claves.
La participación de Carmona en esa trama se denunció desde antes de su asesinato, pero después de su ajusticiamiento y cuando días después su hermano Julio Carmona se entregó a la justicia estadounidense y se acogió al sistema de testigos protegidos, se fueron develando muchos detalles. Desde entonces se comenzaron a divulgar las cuentas secretas de su hermano Sergio y muchas otras operaciones y complicidades.
Porque con la información proporcionada por Julio Carmona, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos organizó una investigación internacional que terminó descubriendo una amplia red de cuentas bancarias con más de 60 de millones de dólares. La fortuna de los hermanos Carmona, producto del huachicol, según medios estadounidenses que citan fuentes de la Unión Americana,superaría los dos mil millones de dólares.
Sergio Carmona tenía varias cuentas en las Islas Caimán, los Países Bajos y las Islas Bermudas. La misma investigación descubrió operaciones con uno de los hijos de Américo Villarreal, Humberto Francisco Villareal Santiago, con una transferencia de más de 20 millones de dólares a mediados del 2021, antes de las elecciones de ese año en Sinaloa, donde su padre, Américo, era delegado de Morena. Ese dinero, suponen los investigadores estadounidenses, se utilizó en los comicios sinaloenses.
Lo cierto es una cosa: la influencia del cártel de Sinaloa y particularmente de los Chapitos en el estado alcanza niveles notables con intervención directa en temas y cargos de gobierno. Siempre había habido penetración de grupos criminales en la vida social y política, pero nunca a este nivel y con esta dimensión. Y con un compromiso tan específico para participar en las elecciones tanto de Sinaloa como en toda la zona de influencia de esta organización criminal en distintos estados del país. Ya veremos que curso toman las elecciones del domingo próximo.