Son relatos de un país en guerra. Un centenar de sicarios llegan a distintos poblado en dos municipio muy cercanos a la capital del estado, lo ocupan, roban todo lo posible y se llevan secuestrados, para que trabajen para ellos, a todas las mujeres y hombres jóvenes: ellas cocinaran o limpiarán, podrán ser prostituidas o entregadas a alguno de los sicarios, ellos en general serán utilizados como carne de cañón. No lejos de allí en otro municipio, la gente que sobrevive de los ataques de los grupos criminales, está refugiada en una escuela. Los combates comenzaron hace semanas, y finalmente llegan algunas fuerzas de seguridad, son atacados desde las montañas cercanas. La gente sigue refugiada.
Eso no está ocurriendo hoy en algún lejano país africano. Sucedió el pasado fin de semana en Chiapas, en los municipios de Ángel Albino Corzo, Montecristo y en Tzanembolon. Ocurre cotidianamente en muchos otros municipios, sobre todo en la frontera. El gobernador Rutilio Escandón, que dejará el gobierno hasta diciembre (larguísimo el periodo de transición) estuvo en la mañanera y habló de la construcción del Tren Maya, en la que el gobierno estatal no interviene en lo más mínimo, pero no dijo ni una palabra sobre la violencia que barre con comunidades enteras en su estado, que está controlado cada vez más por grupos criminales, por organizaciones armadas aparentemente civiles pero ligadas a ellos, con una frontera sur desprotegida o controlada por cárteles que manejan desde el tráfico de drogas y armas hasta el de migrantes. Por cierto, durante el gobierno de Escandón crecieron un 75 por ciento los feminicidios.
Por eso cuando en la convención republicana Donald Trump, su nuevo candidato a vicepresidente J.D.Vance, y todos los oradores importantes destacan que su objetivo es llegar a la presidencia para acabar con el tráfico de migrantes y de fentanilo, que Vance incluso asegura que es un tema “personal”, porque su madre estuvo a punto de morir por el consumo de opiodes, no podemos subestimarlo. Trump y sobre todo Vance insisten en que se debe movilizar a fuerzas militares para encarar ambos fenómenos, que atribuyen a la administración Biden aunque se aceleraron en realidad durante la anterior administración de Trump, entre 2017 y 2021.
El dato cierto es que en Estados Unidos hay unos cien mil muertos al año por sobredosis, sobre todo de fentanilo y de este producto mezclado cada vez más con otras drogas (en un año hay muchos más muertos por sobredosis que el de todos los soldados que murieron en la guerra de Vietnam) mientras existe una fuerte presión migratoria en su frontera sur.
Es una realidad que hay zonas urbanas colapsadas por la combinación de ambos fenómenos: el valor de las propiedades en zonas de San Francisco, de San Diego, de Los Angeles, ha caído por la presencia de adictos en las calles, todo el viejo cinturón industrial, como Ohio de donde es senador Vance, está azotado por el consumo de fentanilo, y hay ciudades como Nueva York que ya difícilmente pueden sostener más migrantes que les son enviados ilegalmente por estados republicanos como Texas.
Esa realidad, magnificada por los republicanos, por Trump y Vance, con fuertes ingredientes racistas (ambos aseguran que los mexicanos son los que disparan, además, el crimen, los asesinatos y las violaciones, lo que no sostiene con cifra oficial alguna), es la que alimenta el discurso de estos personajes pero también el que determinará sus políticas hacia México a partir de enero próximo, salvo que ocurra una sorpresa en las elecciones de noviembre.
La política de abrazos y no balazos, la violencia y el número de muertos, lo mismo que la ambivalente política migratoria, la creciente falta de control territorial por parte del Estado mexicano, es el mejor argumento para alimentar, a su vez, esa narrativa apocalíptica y racista. Y regresemos a Chiapas: si el Estado mexicano no puede controlar su frontera sur, si las comunidades son tomadas por criminales, secuestrados sus hombres y mujeres, si se suceden las masacres y los feminicidios, si los propios pobladores están denunciando que los mandos de seguridad del estado son cómplices de uno de los grupos criminales que se disputan el estado ¿qué respuesta se puede tener?.
Trump, cuando era presidente, hizo una petición formal a su secretario de la defensa para ver si podía atacar con drones los laboratorios de fentanilo en México, sin reconocerlo públicamente. Lo convencieron de que no era conveniente. Pero en esos días el mundo estaba saliendo de la pandemia y Trump estaba en campaña electoral (fue para las fechas en las que permitió la detención del general Salvador Cienfuegos, que tuvo que ser liberado un mes después, cuando ya había pasado la jornada electoral). Hoy el tema se trata abiertamente lo mismo que la utilización de personal militar en su frontera sur para frenar el tráfico y la migración, con repercusiones de todo tipo, incluyendo comerciales, porque Trump y Vance insisten en que en caso de que no se reduzca la oferta de fentanilo y el flujo migrante pondrán aranceles unilaterales.
No son especulaciones ni temas de campaña. Son programas de gobierno. Para Claudia Sheinbaum pocas cosas serán más urgentes que demostrar entre octubre y enero, gane quien gane en Estados Unidos, que existe una nueva estrategia de seguridad, que se romperán esquemas de impunidad criminal, que se está dispuesto a actuar con toda la fuerza del Estado para recuperar el control sobre el territorio nacional, sobre los flujos migratorios y romper las cadenas de producción y tráfico de fentanilo. Esa ventana de oportunidad no se puede perder. En ese sentido es la única que habrá.