Ya el propio presidente López Obrador dejó de tener dudas sobre el posible involucramiento de militares en la desaparición de los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014. Como escribió el presidente a los padres de las víctimas, no existe indicio alguno de intervención militar en esos hechos, tampoco de relación de los militares con el cártel de Guerreros Unidos.
No es novedad, es algo que hemos investigado a lo largo de diez años (quien esto escribe y muchos más) y cada día es más evidente que ante la consigna de campaña de que ese había sido un crimen de Estado, se construyó con falsedades, sin pruebas y con testigos protegidos una narrativa que se ha caído una y otra vez hasta dejar la verdad cruda de los hechos: los jóvenes, en un contexto de violencia y de enfrentamientos políticos y criminales, fueron detenidos por policías municipales, entregados a sicarios de Guerreros Unidos en distintos grupos y finalmente asesinados. En ningún momento hubo actuación ni individual ni institucional de elementos militares en ese proceso.
El informe de la Defensa Nacional que se le entregó al presidente López Obrador y que éste hizo llegar a los padres, ratifica todos y cada uno de los pasos dados por personal militar y otras dependencias esa noche (buen parte de esos datos están en el libro La Noche de Iguala, 2018, Cal y Arena, y más ampliamente aún en la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la encabezaba Luis Raúl González Pérez).
Hay capítulos en ese informe que son casi de sentido común. Cuando se reclama porqué no actuó el ejército esa noche en Iguala se está obviando un dato fundamental: lo que había esa noche hasta que los policías municipales entregaron los grupos de jóvenes a los sicarios de Guerreros Unidos (entre esos sicarios los testigos protegidos que ahora cobija la fiscalía) no había razón legal alguna para que intervinieran los militares. Lo que había ocurrido eran desmanes, secuestros de autobuses, enfrentamientos y la respuesta de la policía municipal fue que ellos se encargaban del tema.
No era tampoco algo inédito, como explica el informe desde el primero de diciembre del 2012 hasta el día de los hechos el 26 de septiembre de 2014, los jóvenes de Ayotzinapa habían realizado, sólo en Guerrero, 108 actos similares (de robo de autobuses y otras acciones violentas, incluyendo el incendio del palacio municipal de Iguala), 20 marchas, cinco mítines, siete bloqueos carreteros, 42 acciones de recolección de dinero (boteo), cuatro caravanas, cinco retenciones de vehículos, tres tomas de instalaciones, 15 extracciones ilegales de combustible y siete reuniones plenarias para coordinar exigencias (uno se pregunta cuándo les quedaba tiempo para estudiar, pero ese es otro tema).
En ninguna ocasión intervino personal militar porque atender esas acciones es responsabilidad de instituciones de seguridad pública municipales y estatal. No tenían porque intervenir la noche del 26 de septiembre. Tampoco se tenía información diferente en el llamado C-4 el centro de control de seguridad donde había dos militares, pero el C4 no dependía, ni en Guerrero ni en ningún lugar del país, de las fuerzas armadas sino del personal civil del estado. Es una instancia de coordinación. Y la información que se tenía esa noche, a través del C4, es que los jóvenes habían sido detenidos por la policía municipal y llevados al ministerio público.
La última llamada con autoridades locales se dio primero a las 21.55 hs cuando el jefe del 27 batallón, el entonces coronel José Rodríguez Pérez llamó al coordinador operativo de la policía estatal, José Adame Bautista, quien le dijo que ellos no saldrían hasta tener órdenes. Una hora después Rodríguez Pérez habló con el jefe de la policía municipal, Felipe Flores, quien le dijo que la situación estaba controlada y que no necesitaba apoyo. Todavía salió una patrulla militar para ver qué sucedía en el hospital Cristina, donde se habían refugiado unos jóvenes. Estuvieron con ellos unos minutos, pidieron una ambulancia y se fueron. Cuando la ambulancia llegó los jóvenes ya se habían retirado, uno de ellos, se lo identifica en las fotos, minutos después participa en una conferencia de prensa improvisada con un par de medios nacionales y locales.
Fueron los policías municipales los que entregaron a los estudiantes a los sicarios, como ellos lo aceptaron y como lo demuestran entre otras cosas las llamadas intervenidas por la DEA entre distintos capos del grupo criminal que en esas mismas llamadas piden que se oculten hechos a los militares.
También es importante esclarecer el caso del soldado Julio Cesar López Patolzin, que estudiaba en la normal de Ayotzinapa y que fue secuestrado junto con los otros jóvenes. Julio César era soldado y nunca tuvo entrenamiento ni formación en áreas de inteligencia. Solicitó ingresar a la Normal para terminar su licenciatura y se le dio autorización para ello. El soldado López Patolzin no trabajaba en inteligencia y en las pocas semanas que estuvo en la normal no envió reporte alguno a sus mandos militares.
Sus mandos se enteraron que estaba desaparecidos hasta el lunes 29 de septiembre cuando sus familiares acudieron al batallón de infantería. Antes, desde el día 27 de septiembre estuvieron en ese batallón los padres de los desaparecidos, pidiendo ayuda, recorrieron el cuartel, con funcionarios de la comisión de derechos humanos estatal y comprobaron que allí no sólo no había detenidos sino que ni siquiera existía un espacio físico para hacerlo.
Mañana desentrañaremos la trama de mentiras de los sicarios convertidos en testigos protegidos que se ha terminado deshaciendo al confrontarse con los hechos.