Una de las mayores paradojas de este sexenio que ya acaba es que la justicia, de la que tanto se habla y tanto se exige que sea reformada, se aplica de la forma más discrecional posible. “Para los amigos justicia y gracias, para los enemigos la justicia a secas”, decía Benito Juárez, en una de sus peores afirmaciones (los hombres en la política reflejan una gama de grises, jamás sus vidas son en blanco y negro), pero en estos días ni siquiera se cumple con la justicia a secas.
Lo sucedido con la detención del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, podría servir como el guion de una comedia situada en una república bananera, sino fuera una demostración de la discrecionalidad con la que actúa, en este caso, la fiscalía de justicia capitalina y la presidencia de la república. Corral, que fue un gobernador terrible, rencoroso, vengativo, ineficaz, desleal con los suyos, fue también un gobernador corrupto que navegó muchos años con fama comprada de incorruptible. Fue implacable con sus antecesores e indulgente con él mismo. Trató incluso de utilizar la justicia contra Maru Campos para impedirle ser candidata a gobernadora por el partido en el que supuestamente militaba Corral, que llegó al gobierno estatal como panista y fue evidente que todo el tiempo actuó como un gobernador de Morena.
Corral tiene desde hace meses acusaciones presentadas por la fiscalía anticorrupción estatal, que finalmente hace días logró que se libraran las órdenes de presentación y como Corral hace tiempo que tiene su residencia en la ciudad de México, pidió y obtuvo la colaboración de la fiscalía capitalina para proceder a su detención. La noche del miércoles Corral estaba en un restaurante de moda en la colonia Roma cuando se apersonaron funcionarios de la fiscalía para detenerlo. Había policías de apoyo a esa labor. Corral llamó entonces al fiscal capitalino, Ulises Lara, que movilizó a policías judiciales y luego se apersonó él mismo a rescatar de los elementos de la fiscalía de Chihuahua a Corral, llevárselo al bunker de la fiscalía local y horas después dejarlo en libertad.
Lara faltó a la verdad cuando en la mañana del jueves dijo que no había convenio de colaboración con sus homólogos de Chihuahua. Todos los medios teníamos copia de ese oficio desde la noche anterior. También falseó la verdad el presidente López Obrador cuando dijo que no se había permitido la detención de Corral porque la acusación era por una disputa política del ex gobernador contra su sucesora, que se había aliado con otro ex gobernador, que fue perseguido por Corral y esta administración, Horacio Duarte.
Contra Corral hay acusaciones concretas y no puede ser Ulises Lara ni tampoco el presidente de la república los que decidan si se lo procesará o no, si es o no detenido o si es culpable. Para eso están los jueces: Corral tendría que ser presentado, y debería ser el juez de control con base en las denuncias el que debe definir si existen pruebas suficientes o no para procesarlo.
Al recibir la constancia de mayoría que la acredita como la próxima presidenta de todos los mexicanos, ayer Claudia Sheinbaum dijo que la gente había votado no sólo por ella sino por un nuevo sistema de justicia. Habría que preguntarse si el sistema de justicia que tanto se insiste en crear es el que vimos en el caso de Javier Corral: uno donde un fiscal sin atribuciones y rompiendo la ley rescata a un acusado de la justicia con un presidente que cree que en Palacio Nacional es donde se decide la culpabilidad o no de un acusado.
La otra justicia
La justicia estadounidense mientras tanto ya autorizó el traslado de Ismael El mayo Zambada a Nueva York donde será juzgado en el mismo tribunal que ha procesado a Genaro García Luna y el Chapo Guzmán. Es la misma fiscalía donde su hijo Vicente y su hermano Jesús se convirtieron en testigos protegidos y donde, insisto, es muy probable que el Mayo siga el mismo camino (cada día que pasa la tesis del secuestro por el Chapito me parece más inverosímil, pero esa es otra historia que ya volveremos a tratar la próxima semana).
Con ese movimiento inicia un proceso de dos meses en los que quien estará en el banquillo de los acusados, junto con un puñado de delincuentes, serán las autoridades mexicanas. Dos meses que serán especialmente complicados en la relación de seguridad con los Estados Unidos porque se acumulan procesos judiciales que involucran a los principales personajes del narcotráfico de los últimos años.
El 5 de septiembre será la comparecencia de Néstor Isidro Pérez, el Nini, jefe de sicarios de los Chapitos, en Chicago. Cuatro días después será la primera audiencia pública del Mayo Zambada (estaba contemplada en Texas, pero podría diferirse para realizarse en Nueva York). El 30 de septiembre comparecen Ovidio y Joaquín Guzmán López en Chicago. El 7 de octubre es el turno del Menchito, Rubén Oseguera y el 9 de octubre se dictará sentencia contra Genaro García Luna. Antes, el 30 de agosto liberarán al ex líder del cártel del Golfo y los Zetas, Osiel Cárdenas.
Menos en el caso de García Luna, que insiste en su inocencia y que irá a un juicio de apelación, los demás se supone que son o están en camino de ser testigos protegidos. Y todo en pleno proceso de transición, con la mira puesta en la toma de poder de Claudia Sheinbaum el primero de octubre.