La certidumbre jurídica es un factor clave para la convivencia entre las sociedades, las naciones y por supuesto que también las inversiones. Una de las más notables consecuencias negativas de la reforma judicial es la incertidumbre que genera respecto a la independencia y autonomía del poder judicial, e incluso respecto a su normal funcionamiento.
Se sigue insistiendo en el tema de la soberanía sin comprender que la misma está delimitada por nuestras leyes pero también por los convenios y tratados que firma el país. Con Estados Unidos y Canadá tenemos un amplísimo tratado comercial, el TMEC, que incluye varios capítulos sobre autonomía del poder judicial, garantías para inversionistas, existencia de organismos autónomos.
Lo mismo sucede con la Unión Europea que tiene, además, todo un amplio capítulo de compromisos democráticos. Cumplir con esos compromisos que tienen fuerza de norma constitucional para nuestro país, no es una simple decisión política: es una obligación si queremos que esos tratados perduren y se fortalezcan.
El beneficio que tienen los mismos para nuestro país es inconmensurable: simplemente no se entendería el México actual sin la entrada en vigor en 1994 del TLC. Hoy somos, gracias al tratado continuado con el TMEC, el principal socio comercial de Estados Unidos y hacia ese mercado van el 80 por ciento de nuestras exportaciones. Y Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, y muchas otras instancias internacionales han expresado su preocupación por la reforma judicial y la pérdida de autonomía del poder judicial.
No es un tema menor o que se queda en expresiones públicas o diplomáticas. Polonia estuvo bajo el Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea desde 2017 hasta unas semanas atrás acusada de violaciones sistemáticas de los valores fundamentales democráticos, de la separación de poderes y la violación a la independencia judicial.
El gobierno de ultraderecha del partido Ley y Justicia, derrotado en las últimas elecciones y reemplazado hace algunas semanas por una coalición liberal y de centro izquierda, estuvo enfrentado con Bruselas por los profundos cambios introducidos durante los ocho años que estuvo en el poder, durante los cuales reordenó discrecionalmente los tribunales, reemplazó jueces y magistrados con decisiones políticas, intervino abiertamente en el poder judicial, frenando, con argumentos de presunta soberanía nacional, las leyes y normas de la Unión Europea. La reforma más controvertida y que detonó las sanciones fue la creación de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo para sancionar a los magistrados en función de sus veredictos.
Impulsar esa reforma del poder judicial implicó una multa de un millón de euros diarios para el gobierno polaco. El nuevo gobierno liberal está tratando de descongelar dos paquetes unos 75 mil millones de euros y otros de 35 mil millones de sanciones aplicadas por la Unión Europea a Polonia. Las multas fueron canceladas luego de la invasión de Rusia a Ucrania y de la elección del nuevo gobierno que ahora ha comenzado a dar marcha atrás en forma acelerada a la reforma judicial impulsada por sus antecesores de extrema derecha que, por cierto, siguen conservando el control del tribunal superior.
La situación económica del país es delicada y es vulnerable ante reformas como la aprobada ayer. En las bolsas, sobre todo de Nueva York y particularmente de Madrid, hubo nerviosismo con las inversiones mexicanas por la aprobación de la reforma. La idea que han manejado sus especialistas es que hay que estar expectantes y, como sostuvo esta misma semana el Wall Street Journal, no avanzar con nuevas inversiones que pudieran ser controvertidas. El otro consejo es que se opte judicialmente por arbitrajes internacionales para controversias en lugar de recurrir a tribunales mexicanos.
Por lo pronto, el gobierno de Texas ya comenzó a publicitarse como una alternativa a México para los inversionistas interesados en el nearshoring. Ofrecen impuestos mucho más bajos, un clima de seguridad pública mayor y sobre todo certidumbre jurídica para nuevas inversiones. Dicen contar con los beneficios de la frontera sin sus dificultades, inseguridades e incertidumbres. Contra eso debe luchar el próximo gobierno: recuperar la certidumbre no será sólo una acción de palabras y promesas.
Mientras tanto, la reforma sigue su bochornoso recorrido ahora por los estados, con acciones escandalosas (el congreso de Oaxaca fue convocado en la madrugada de ayer a un par de horas de que se hubiera aprobado la reforma en el senado, para que la ratificara, lo hizo en minutos y sin leer siquiera lo que estaban aprobando), con tomas de tribunas en las legislaturas estatales y con un paro de labores ratificado por los trabajadores del poder judicial.
Nombramientos
Ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum hizo nuevos nombramientos en su gabinete. Algunas llamaron la atención, como la de Octavio Romero Oropeza como nuevo director del Infonavit, después de la pésima gestión que tuvo en Pemex, donde logró ser, y vaya que debe haber sido un esfuerzo, el peor director de los muchos malos funcionarios que tuvo esa paraestatal. Sorprendió también que Iván Escalante haya terminado en la Procuraduría Federal del Consumidor, sonaba para mucho más. Me gustaron las designaciones de Mariana Boy en la procuraduría del medio ambiente, de Renata Turrent en canal Once y de Romeo Pacheco en la Conade.