¿Qué papel jugará Andrés Manuel López Beltrán en el proceso político que se abrirá el próximo primero de octubre?. Ayer el hijo del presidente López Obrador fue designado secretario de organización de Morena, al tiempo que su cercanísima amiga María Luisa Alcalde ocupará la presidencia del partido en lugar de Mario Delgado.
Leía como siempre la semana pasada a Jorge Zepeda Peterson que decía que Andy podría ser más un apoyo que un adversario para Claudia Sheinbaum. Puede ser, es posible pero no lo sé, porque el hijo del presidente López Obrador no ha hecho política pública, lo ha hecho tras bastidores, y mucha, durante este sexenio. Y no ha tenido que batirse políticamente con nadie, fue una suerte de poder tras su padre en donde se le facilitó la operación de los temas que abordó, desde la política hasta los negocios. Será ahora, con mayor exhibición pública (tampoco tanta, porque la secretaría de organización del partido permite operar sin mostrarse demasiado) cuando tendrá que comenzar a demostrar de qué está hecho, quién es, sin el cobijo directo de su padre, aunque lo tenga desde el rancho de Palenque.
Es un hecho que la ciudad de México, el partido y otros espacios de poder se han convertido en refugio de los duros de Morena, los que intentarán de que no haya, como les gusta decir, desviaciones en el camino de la 4T. En realidad, hasta que se demuestre lo contrario, lo que son es una suma de intransigentes sin representatividad personal, que suelen estar peleados con la realidad. Sheinbaum, que asumirá el poder en apenas diez días, no romperá con los principios de su movimiento pero todo apunta a que tendrá una visión más realista, más sensata del ejercicio del poder.
No puedo imaginar a Sheinbaum, luego de dos semanas de enfrentamientos cada vez mas violentos en Sinaloa, diciendo que Estados Unidos es el responsable de esa batalla entre los chapitos y los mayos, una lucha que está reconfigurando el mapa del crimen organizado en el país (y que por eso se está extendiendo a otro estados, como ayer a Sonora). No me imagino ni a Omar García Harfuch, al general Ricardo Trevilla ni al almirante Raymundo Morales, suscribiendo esa declaración, ni mucho menos al canciller Juan Ramón de la Fuente.
Lo que menos quiere la próxima presidenta es comenzar su administración confrontada con Estados Unidos, además que sostener que la seguridad interna depende de actores externos es una confesión de debilidad incompresible en una mandatario que presume que sabe todo lo que sucede en el país, pero que no tiene idea, aún, de qué ocurrió con el 25 de julio pasado con la caída del mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, lo que ha sacado de foco todo su discurso sobre la seguridad.
No sólo la administración Sheinbaum no puede comenzar su gobierno enfrentada con Estados Unidos, debe hacerlo buscando espacios claros de colaboración, de un nuevo modelo integrador que solucione el cúmulo de divergencias que se han acumulado en múltiples temas en los últimos tres años. La presidenta Sheinbaum no se puede dar el lujo de llegar al 2025, cuando en realidad comenzará la revisión del TMEC, con la amenaza de la cancelación de ese acuerdo comercial. Y si no hay cambios importantes, gane Kamala Harris o Donald Trump el próximo 5 de noviembre esa es, hoy, una posibilidad real.
Una de las demandas que presentará Estados Unidos en esa renegociación será la de configurar espacios comunes de seguridad e información, una exigencia coherente con el propio proceso de integración. ¿Se podrá avanzar en ello manteniendo la actual política?. Por supuesto que no, y todavía falta por ver la andana que se viene con los juicios del Mayo y los Chapitos.
La iniciativa de reforma al poder judicial fue diseñada por la nueva presidenta de Morena, la todavía secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que en sus meses al frente de esa dependencia no realizó gesto alguno de colaborar en la gobernabilidad del país, de buscar acercamientos con sus adversarios, de tratar de establecer relaciones que impidieran mayores márgenes de confrontación. Al contrario, Luisa María, cuya familia es una suerte, cono otras, del nepotismo del nuevo sistema político, lo que hizo fue confrontar y hacer un uso militante de la secretaría de Gobernación.
Por lo que se ve, su sucesora, Rosa Ícela Rodríguez está comenzando a intentar lo contrario. La presidenta Sheinbaum y su equipo saben, son conscientes, del daño que esa iniciativa les ha provocado desde el mismo momento en que fue aprobada y de la imposibilidad de su aplicación tal y como ha sido aprobada. Dependerá de las numerosas leyes secundarias matizar los términos de una reforma que, como se ha dicho, no reformó la constitución, la transformó en otra, lo que la gente, en términos estrictos, no votó.
En estos días el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard se reunirá con líderes empresariales tratando de convencerlos que esas reformas no quitarán seguridad jurídica a las inversiones. No veo cómo podrá hacerlo: la reforma judicial no sólo resta seguridad jurídica a los inversionistas sino a todos los ciudadanos, desde el momento en que deja en un limbo y en un ámbito partidizado la justicia en el país, una justicia que, además, durante todo el próximo año quedará en un espacio de nadie, en una transición donde lo más notable serán los vacíos y la posibilidad de cuestionar cualquier decisión, por transitoria, que se tome en los tribunales.
No sé qué rol jugará Andrés López Beltrán en el próximo gobierno desde su nueva posición en Morena. Lo que me queda claro es que eso dependerá, al final, de la decisión política que asuma la nueva presidenta.