El caso Ayotzinapa no fracasó, como dijo el presidente López Obrador, porque les falló el testimonio de Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil, el jefe de sicarios de los Guerreros Unidos que el anterior fiscal especial Omar Gómez Trejo y el entonces subsecretario Alejandro Encinas transformaron en un testigo protegido a modo para tratar de comprobar la tesis del crimen de Estado, involucrando falsamente y sin pruebas a militares en el crimen.
Hoy el Cabo Gil ha vuelto a prisión lo mismo que otros de los 70 sicarios liberados por la fiscalía especial durante este sexenio, como Felipe Salgado el Cepillo. Toda la acusación que construyeron Encinas, Gómez Trejo y Vidulfo Rosales, asesor de los padres de Ayotzinapa, está basada en los testimonios de sicarios de Guerreros Unidos (GU) que participaron en el secuestro y asesinato de los jóvenes y que se convirtieron en testigos protegidos a partir de 2020, muchos años después de haber sido detenidos y de haber confesado sus crímenes, a cambio de obtener su libertad.
Todas esas declaraciones eran inverosímiles, no estaban sustentadas en pruebas y, eran contradictorias con sus propias declaraciones, ya que algunos de estos sicarios reconvertidos en testigos tuvieron que brindar hasta once declaraciones distintas para poder ajustar sus dichos a lo que quería la fiscalía especial. Todo en vano, porque no tenían una sola prueba.
En los diferentes trabajaos que hemos publicado sobre el tema destacan los testimonios de testigos como Neto, Ernesto Ramírez Gómez. Su primera declaración es del 22 de febrero de 2021. Ahí dice que otro sicario le dijo que había policías y soldados que trabajaban para GU y que este sicario le dijo que “el negro”, le había dicho que se llevaron las bolsas con restos de los jóvenes con “los verdes” porque estaban tardando mucho en quemarse. No recordaba ni cuándo ni cómo se lo habían dicho.
Dos años después, en abril del 2023, dijo que no sabía de dónde eran los soldados que supuestamente trabajaban para GU, pero que suponía que eran del batallón de Iguala. Pasa otro año, en enero del 2024, súbitamente Neto recuerda, nueve años después de los hechos, no sólo los rostros sino también nombres completos de los soldados que trabajaban para el cártel. Los reconoce de un álbum fotográfico que le proporcionó la fiscalía, después de que se habían cambiado las medidas cautelares de esos mismos militares que identificó.
Carla fue otro testigo estrella, se llama Carlos Leyva González. Dijo en su declaración de noviembre del 2020 que comenzó a trabajar con GU en 2010. Identifica a Sidronio Casarrubias como jefe de su grupo y dice que para GU trabajaba un policía ministerial apodado el Guacho y que recibía la droga y las armas en Huitzuco, que los protegían policías ministeriales y estatales y un capitán del ejército. Identifica a dos militares, a uno, dice, le decían el Boxer, vivía en la colonia El Capire: era chaparro, musculoso, tenía un balazo en el muslo. Ningún elemento militar de la zona coincidió con la descripción de El Boxer, quizás porque en otro momento Neto dice que no era militar sino policía municipal.
En enero del 2021, Carla da otra declaración, en ella asegura que el Boxer era del 27 batallón de infantería. Ningún elemento del batallón coincide con la descripción. El 6 de mayo declara una vez más: le muestran fotos, reconoce a unos policías municipales y de tránsito, pero no identifica a ningún militar. Dos años después, en abril de 2023, ofrece otra declaración, ahora ya recuerda que colaboraban con el cártel no sólo el Boxer, sino también el capitán Crespo y otras dos personas, sólo los conoce por seudónimos. Pasa otro año, en enero del 2024, al igual que el testigo Neto, repentinamente recuerda, de un álbum que le muestra la fiscalía, a siete elementos militares, no sólo los recuerda perfectamente, recuerda sus nombres, apellidos y sus datos personales.
Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil, jefe de sicarios de GU en su primera declaración en septiembre del 2015 niega su participación en los hechos. Ese mismo día, más tarde dice que, como le ofrecieron beneficios en el MP, recuerda que ingresó en GU en 2013. Que el enfrentamiento con los estudiantes comenzó porque los identificaron como de los Rojos. Que se los llevaron policías de Cocula e Iguala. Una semana después, brinda otra declaración, ahora dice que nunca fue miembro de GU, que fue torturado. Hace otra declaración y vuelve a negar estar involucrado en los hechos. En octubre de 2016 vuelve a negar cualquier participación, dice que estuvo ese día trabajando en un taller, que se dedica a vender ganado, oro y granos.
Pasan cuatro años, el cabo Gil, seis años después del secuestro, señala como integrantes de GU al general Saavedra, jefe de la región militar, al capitán Crespo y a otros militares. Dice que los jóvenes fueron detenidos por militares y que se los llevaron en camionetas del ejército al batallón de Iguala y que los cuerpos destazados de los estudiantes fueron incinerados hasta el 28 de septiembre. Que también participaron militares del 41 batallón de infantería. Ese batallón estaba desplegado en otro rincón del país.
El Cabo Gil cada vez que se estancaban las acusaciones hacía nuevas declaraciones: una en 2020, otra en mayo del 2021, donde ahora recuerdaba con nombre y apellido a militares. En diciembre del 2021 reconoce en fotos de la fiscalía a más militares. Para “recordar” los hechos Gil necesitó once declaraciones distintas y contradictorias a lo largo de diez años. Hoy vuelve a estar detenido. El caso Ayotzinapa dio un giro de 360 grados para regresar a donde estaba en 2018.