Claudia Sheinbaum ya es la primera presidenta de México y comienza su administración con un enorme caudal de pendientes, políticas por modificar, objetivos que corregir. Mañana estará en Acapulco y esa ya será una señal de un cambio en la forma y el fondo de cómo hacer las cosas. El presidente López Obrador nunca se reunió con damnificados de las distintas tragedias naturales que sufrió el país durante su sexenio, la más trascendente sin duda, el huracán Otis que devastó Acapulco, el puerto que ahora vuelve a estar destruido y bajo las aguas por otro huracán, John. Será mucho más que una señal que en su primer día de gobierno Claudia no sólo visite Acapulco, sino que también esté con los damnificados por la tragedia.
Pero más allá de eso el tema prioritario es la seguridad. La presidenta Sheinbaum encontrará un país en una situación delicadísima de seguridad y el nuevo gobierno ha establecido un plan de cien días con sus objetivos prioritarios, donde se buscará disminuir el número de homicidios dolosos y delitos de alto impacto. En ese sentido se plantea la neutralización de los generadores de violencia y la eliminación de redes criminales, con el acento puesto en el tráfico de drogas, pero sobre todo de fentanilo, de armas de fuegos y el combatir el lavado de dinero de los grupos criminales (una tarea hoy inexplicablemente casi abandonada).
En estos primeros cien días el gabinete de seguridad del nuevo gobierno quiere fortalecer la seguridad y la inteligencia, además del secretariado ejecutivo de seguridad pública. Habrá atención prioritaria para Chiapas, donde se ha perdido el control de parte de la frontera sur del país, para Sinaloa y para Michoacán, además de diez municipios considerados como los principales generadores de violencia: Colima (el de mayor incidencia criminal en el país); Tijuana; Acapulco; Celaya; Cajeme; Ciudad Juárez; Tlajomulco de Zúñiga, Chihuahua, León y Benito Juárez (donde se localiza Cancún) en Quintana Roo. En lo inmediato el llamado modelo unificado de atención prioritaria se centrará en seis: Tijuana, León, Celaya, Acapulco, Benito Juárez y Colima. En Michoacán, la atención estará puesta sobre todo en Nueva Italia, Antunez, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán. En Chiapas, en doce municipios: Tapachula, Suchiate, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Pantelhó, Villa de Corzo, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Ocozocoautla de Espinosa y Palenque.
Se plantea, desde hoy mismo, una fuerte coordinación integral con presencia del gabinete de seguridad en los lugares de alta incidencia delictiva, la aprobación por parte del propio gabinete de seguridad pública de todos los secretarios de seguridad estatales y la creación de una gabinete alterno de seguridad donde participen instituciones como la UIF, la procuraduría fiscal, Pemex logística, el SAT, entre otras.
Habrá una estrategia especial con notoria presencia policial en las carreteras y vías de comunicación y se crearán diez fuerzas de tareas conjuntas con la Defensa, la Marina y la secretaría de seguridad, que realizarán actividades de inteligencia e investigación con el objetivo de judicializar la información, con acciones coordinadas, en ello se demandará la acción oportuna de las fiscalías y se hará un seguimiento en tribunales hasta que se alcancen sentencias, además de recuperar el control de las actividades delincuenciales en los reclusorios.
Se privilegiarán las labores de inteligencia e investigación con la consolidación del sistema nacional de inteligencia y el fortalecimiento del CNI, incrementando las capacidades humanas y tecnológicas para los protocolos de intercambio de información entre las diversas instancias de inteligencia y el propio CNI, buscando además que los productos de la inteligencia se puedan incorporar a las carpetas de investigación. Habrá una subsecretaría de inteligencia e investigación policial en la SSPC y un área especializada de inteligencia en los reclusorios.
Con las reformas a la Guardia Nacional uno de sus objetivos será tener 32 unidades de GN en los estados, como fuerzas homologadas a la federal, lo que se acompañará de una estrategia para el desarrollo de 32 policías, 32 fiscalías y 32 sistemas penitenciarios también homologados, con metas estandarizadas para cada uno de los estados.
Se trata de una tarea titánica en la que la coordinación de Omar García Harfuch, el general Ricardo Trevilla y el almirante Raymundo Morales será clave, pero también se requiere voluntad política y operativa de la fiscalía federal y las estatales y de una rápida, desde hoy mismo, reestructuración institucional para poder acometer estas tareas.
Demás está decir que nada de esto se parece a la estrategia de abrazos y no balazos e incluso si bien está inspirado en operaciones actualmente en curso, como lo realizado con la CDMX o en forma casi de laboratorio en Fresnillo, Zacatecas, la dimensión es tan grande y la presencia de las organizaciones criminales tan amplia que demandará una gran amplitud de miras y mucha flexibilidad en la aplicación de este plan de cien días.
Porque el desafío último está en retomar la iniciativa, demostrar las capacidades del Estado mexicano y con ello recuperar la confianza de la ciudadanía a partir de una percepción diferente a la actual. En última instancia de lo que se trata es de romper el empoderamiento criminal y demostrar que el Estado es más fuerte que los criminales.