Muy debilitada, Ifigenia Martínez apenas si puedo presidir la sesión en la que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de la república el martes pasado. No pudo, le faltaron fuerzas, poner la banda presidencial a la presidenta, y tampoco pudo pronunciar el corto discurso que tenía preparado.
Lo que definía la forma de hacer y entender la política de Ifigenia Martínez estaba en el cierre del discurso que no pudo leer esa mañana del 1 de octubre. En él pedía que “nuestras diferencias no nos dividan, sino que sean la fuente de propuestas y de soluciones compartidas a los distintos retos que enfrentamos. Hoy, más que nunca, había escrito Ifigenia, necesitamos tender puentes entre todas las fuerzas políticas, dialogar sobre nuestras divergencias y construir, juntas y juntos, un país más justo y solidario”.
Eso es lo que no se hizo durante la administración López Obrador, un mandatario negado al diálogo y embarcado en una suma de rencores y ajustes de cuentas. Es lo que le falta hacer a Claudia Sheinbaum más allá de sus declaraciones de que gobernará para todas y todos. Hay aún demasiados reflejos del pasdo, demasiadas ocsiones en que en lugar de mirar hacia el futuro se voltea constantemente al pasado.
La reforma judicial es un buen ejemplo de ello. En privado ni en el equipo de Sheinbaum existe mucha certidumbre sobre los beneficios de la refoma judicial como está planteada, sobre todo en el tema de la elección de los jueces, magistrados y ministros por voto popular. Mucho menos se han podido disipar las dudas de los inversionistas sobre la certidumbre jurídica que puede haber en el país, mientras que el paro de trabajadores continúa y ya van 70 suspensiones emitidas en 15 estados que piden de una u otra forma frenar la reforma judicial, todas ignoradas por el poder ejecutivo y legislativo. Ahora la Suprema Corte admitió a discusión la constitucionalidad de la reforma y las reacciones han sido histéricas, hablando de golpes de Estado técnicos y exigiendo que la Corte no aborde el tema.
¿Pude la Corte admitir a debate una reforma constitucional?. Claro que puede, tiene posibilidad de analizar si se cumplieron los procedimientos legislativos en todo el proceso (no será la primera vez que se anula una ley o una reforma porque se violentó el proceso legislativo) y también puede analizar el fondo de la reforma: si transforma el sentido último de la constitución y sobre todo la división de poderes. Hay temas incluso muy específicos que se pueden analizar: por ejemplo, ¿se consultó a los pueblos y comunidades indígenas sobre un sistema que modifica sus sistemas de justicia, como lo establecen las leyes?.
Veo muy difícil que desde la Suprema Corte se pueda terminar tirando la reforma judicial aunque con ello la Corte le haría, indirectamente, un gran favor a la presidenta Sheinbaum, que podría implementar la reforma judicial que sí necesita el país desde otras bases. Pero más allá de eso volver a insistir en el tema del golpe de Estado, como lo hacía cada vez que algo no le gustaba, el presidente López Obrador es una tontería.
Para que haya un golpe de Estado, tiene que haber un derrocamiento del gobierno legítimo impulsado por un levantamiento militar, eso es válido desde el de Huerta que derrocó a Madero, hasta los golpes de Pinochet o Videla en los años 70, en Chile y Argentina, respectivamente. En todos esos casos, y en muchos más, es clave que las fuerzas armadas desconozcan el poder constitucional e impongan un gobierno por la fuerza, que puede estar encabezado por militares o civiles. Ese escenario no existe en el México de hoy.
No es la primera vez que en México se habla de supuestos golpes militares. En la época moderna, desde que existen gobiernos eminentemente civiles en el país, invocaron esa posibilidad los gobiernos de Echeverría y López Portillo. Se volvió a hablar del tema en momentos críticos del gobierno de Miguel de la Madrid y en el 94, luego del levantamiento zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y también en plena crisis del 95 con Ernesto Zedillo. Algunos dijeron en 1997, cuando por primera vez el PRI perdió el control de la cámara de diputados, que eso sería impedido de cualquier forma; otros pensaron lo mismo cuando asumió Vicente Fox, y se volvió a especular con ello en la crisis electoral del 2006.
En ninguna de esas ocasiones, hubo una posibilidad o una hipótesis seria de un golpe de Estado, nunca las fuerzas armadas mexicanas operaron para desconocer el gobierno en turno. Las fuerzas armadas son garantes de la constitución y la legalidad y mientras exista un gobierno legítimo, éste o cualquier otro, lo respetarán y le darán su lealtad.
No juguemos con las palabras. Volver con el tema del golpe de Estado técnico es absurdo. Lo que falta es lo que pedía Ifigenia en el disurso que no pudo leer el martes pasado por su crítica condición de salud: “necesitamos tender puentes entre todas las fuerzas políticas, dialogar sobre nuestras divergencias y construir, juntas y juntos, un país más justo y solidario”.
¿Sería tan difícil hablar con los trabajadores, comenzar a construir con ellos, con jueces, magistrados, ministros, con especialsitas y con otras fuerzas pol´tiicas, acuerdos para las leyes secuendarias de la reforma, revisar temas que son sencillamente provocarían un caos en la justicia si se aplican como se votaron?.
La grandeza de un gobierno está en la firmeza de sus convicciones y decisiones pero también en su capacidad de escuchar, acordar y buscar las mejores y más amplias salidas a los desafíos que enfrenta. Descanse en paz la maestra Ifigenia Martínez.