La estrategia de seguridad presentada ayer en la mañanera, como le habíamos adelantado, está basada en cuatro ejes que, presentados linealmente, no parecen tener demasiado de nuevo respecto a la estrategia del pasado. Pero cuando se comienza a ahondar en la misma, si hay cambios importantes cuya profundidad dependerá de la voluntad y decisión política de sacarlos adelante.
Lo presentado ayer incluyó entre sus objetivos la “neutralización” de los generadores de violencia y la eliminación de redes criminales, con el acento puesto en el tráfico de drogas, pero sobre todo de fentanilo, de armas de fuegos y el combate al lavado de dinero de los grupos criminales.
Habrá atención prioritaria para Chiapas, donde se ha perdido el control de parte de la frontera sur del país, para Sinaloa (donde ayer estuvieron el secretario Omar García Harfuch y el general Ricardo Trevilla) y para Michoacán, además de diez municipios considerados como los principales generadores de violencia: Colima (el de mayor incidencia criminal en el país); Tijuana; Acapulco; Celaya; Cajeme; Ciudad Juárez; Tlajomulco de Zúñiga, Chihuahua, León y Benito Juárez (donde se localiza Cancún) en Quintana Roo. En lo inmediato el llamado modelo unificado de atención prioritaria se centrará en seis: Tijuana, León, Celaya, Acapulco, Benito Juárez y Colima.
Se plantea una fuerte coordinación integral con presencia del gabinete de seguridad en los lugares de alta incidencia delictiva, la aprobación por parte del propio gabinete de seguridad pública de los secretarios de seguridad estatales y la creación de una gabinete alterno de seguridad donde participen instituciones como la UIF, la procuraduría fiscal, Pemex logística (donde ayer mismo se designó a un cercano colaborador de García Harfuch, Israel Benítez López, con el objetivo de combatir el huachicol), el SAT, entre otras.
Se crearán diez fuerzas de tareas conjuntas con la Defensa, la Marina y la secretaría de seguridad, que realizarán actividades de inteligencia e investigación con el objetivo de judicializar la información, con acciones coordinadas. En ello se demandará la acción oportuna de las fiscalías y se hará un seguimiento en tribunales hasta que se alcancen sentencias, además de recuperar el control de las actividades delincuenciales en los reclusorios.
Se privilegiarán las labores de inteligencia e investigación buscando que los productos de la inteligencia se puedan incorporar a las carpetas de investigación. Habrá una subsecretaría de inteligencia e investigación policial y un área especializada de inteligencia para los reclusorios.
Con las reformas a la Guardia Nacional uno de sus objetivos será tener 32 unidades de GN en los estados, como fuerzas homologadas a la federal, lo que se acompañará de una estrategia para el desarrollo de 32 policías, 32 fiscalías y 32 sistemas penitenciarios también homologados, con metas estandarizadas para cada uno de los estados.
Para todo esto se requiere voluntad política y operativa. Se podrán declarar muchas cosas, pero esa estrategia, si se aplica, no será de abrazos y no balazos. Habrá que ver cómo se transforma en una realidad.
Sinaloa
La primera escala de esa estrategia se dio ayer en Sinaloa donde estuvieron Harfuch y Trevilla. Es un objetivo prioritario por muchas razones. La principal es que evidentemente lo que allí sucede no es consecuencia, como dijo el ex presidente López Obrador en su última gira en ese estado, en Mazatlán, de que en una operación externa se haya detenido a un criminal, el Mayo Zambada, y que eso fue lo que desató la violencia.
Primero, el gobierno federal, y lo volvió a ratificar la presidenta Sheinbaum, aún no tiene información sobre lo que realmente pasó ese 25 de julio en Culiacán y que terminó con el asesinato del diputado electo y ex rector de la UAS, Melesio Cuén y, simultáneamente, con la llegada y detención de Zambada y Joaquín Guzmán López en un aeropuerto de Nuevo México. El gobierno de Estados Unidos no ha informado, no parece que vaya a hacerlo y la pasada administración no tuvo capacidad para dilucidarlo.
Segundo, la lucha entre los seguidores del Mayo y los Chapitos ya estaba planteada y ya había provocado numerosos hechos de violencia en varios estados del país. Lo del 25 de julio lo agudizó. Tercero, no es una lucha por el control de una plaza: lo que se está definiendo en Sinaloa, pero también en varios otros estados de la república, es la reconfiguración del crimen organizado en el país, en un proceso muy similar al que detonó la guerra entre los cárteles a partir de 2008, cuando los Beltrán Leyva rompen con el cártel de Sinaloa y se alían con los Zetas y Juárez.
Hoy los mayos están aliados con varios grupos importantes para tratar de acabar con los chapitos, entre ellos los Salazar, con fuerte presencia en Sonora y parte de Chihuahua; el Chapo Isidro, heredero de los Beltrán Leyva; el cártel de Caborca (Caro Quintero), los Rusos (Baja California) yse dice que ahora también con Aureliano Guzmán, el hermano de El Chapo. Los Chapitos, con otras varias alianzas locales, están enfrentados a su vez, simultáneamente, con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Lo que viene no será una confrontación corta ni todos esos grupos podrán subsistir al mismo tiempo. Lo que sí es una realidad es que, más allá de eso, en la lógica de la nueva estrategia de seguridad, más de un líder de esas organizaciones debería tener que ser neutralizado en el corto plazo. Debería ocurrir en esos cien días que terminan casualmente casi al mismo tiempo en que asuma el nuevo mandatario en los Estados Unidos, el próximo 20 de enero.